Vivienda: 80% de los inscriptos en el IPV deberá esperar más de 2 años

Vivienda: 80% de los inscriptos en el IPV deberá esperar más de 2 años
Según el plan que está en la Legislatura, habrá plata para hacer sólo 1.400 casas el próximo año.
El proyecto de Ley de Vivienda -que aún no logra el visto bueno en el Senado- ha creado un sinnúmero de interrogantes entre miles de mendocinos que -con ansias- esperan convertirse en felices adjudicatarios de una casa que contribuya a mejorar su calidad de vida y sus finanzas.

Por este motivo, no comprenden la pelea política que libran los legisladores pero tampoco saben muy bien si, una vez que se sancione la ley, tendrán la oportunidad de cambiar su suerte.

Como están planteadas las cosas en la actualidad -más allá de los cambios que puedan acordarse hoy entre los senadores- las personas o cooperativas de viviendas que ya han sido preadjudicadas por sus municipios y por el IPV pueden tener la suerte de ver cómo el sueño se convierte en realidad.

Pero buena parte de las miles de familias que estaban anotadas en el Plan Plurianual de Viviendas firmado en 2005 tendrán que seguir esperando. Del mismo modo, los nuevos emprendimientos que se hayan formado en el último año deberán seguir esperando por tiempos mejores.

Es que si ahora se aprueba la ley, comenzarían a llegar fondos para unas 5.500 casas (7.700 en la versión oficial) pero no se estipula en cuánto tiempo. Pero más allá del total, las cuentas dan unas 1.400 viviendas que se podrán concretar el año que viene. Esto es de acuerdo a lo que podría ir llegando del dinero prometido por la Nación a través de la Anses y a modo de préstamo. Es decir que 80% de los anotados en el IPV deberán esperar hasta más adelante.

Fuera de este convenio quedarían los 1.400 techos que hace un año se prometieron para paliar la emergencia en distintos puntos de la provincia pero, sobre todo, en el sur mendocino, así como algún dinero más destinado a erradicar villas sin que se diga cuántas ni cuáles. Sin números precisos ni papeles firmados, desde el IPV aseguran que existe un compromiso por parte de la Nación de otorgar el subsidio prometido para los hogares con menores recursos económicos.

"Hemos logrado separar a la gente que no puede pagar de la que sí", se comprometió Carmelo Simó, presidente del Directorio del IPV.

Ése no es un dato menor ya que las hipotecas de las casas garantizarán el fideicomiso (ver aparte) que se cree para hacerle frente a la deuda que se contraiga con la Nación. El Gobierno apuesta a cubrir el préstamo con lo que devuelvan los adjudicatarios ya que mientras más morosos haya más posibilidades de que entren a jugar las garantías coparticipables del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Aunque en la actualidad existe un 48% de mora (personas que adeudan más de tres cuotas) según datos del IPV, lo cierto es que las más demoradas son las cuotas bajas (que van de los $ 20 a los $ 200).

Por otra parte, el ente de la Vivienda ha entregado casas hace más de un año que todavía no comienza a cobrar porque no se ha delineado la cuota. Eso, mientras el discurso actual intenta hacer hincapié en la posibilidad de que se comiencen a ejecutar las hipotecas a los que no pagan ni tienen voluntad de hacerlo.

Si se concreta la ley y se construyen casas con el financiamiento de la Anses, esos adjudicatarios deberán cumplir con un pago mensual de unos $ 600 que se irá incrementando a medida de que pasen los años. De este modo, es probable que la Provincia termine subsidiando la tasa con dinero del presupuesto. Pero el convenio no establece ni cuánto ni de qué manera y ése es uno de los puntos que está en discusión.

"Como las cuotas son altas, se cree que el recupero será bueno", explicó el senador cobista Sergio Moralejo. Para el legislador, no hay que perder de vista que nadie tiene un recupero de créditos del 100% pero para él o sus compañeros de bloque ése no es el problema "sino el alto costo financiero que tendrá el crédito".

La discusión recomenzará hoy, cuando los senadores oficialistas y opositores se reúnan con el objetivo de acercar posiciones y flexibilizar el convenio pactado con la Nación. La idea sería aprobar la ley con un mayor acuerdo del que existe en la actualidad.

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