Vivienda docente: se conformó una comisión entre gobierno y gremios

El gobierno provincial y los gremios docentes conformaron una comisión mixta de vivienda docente. La concreción de esta mesa de trabajo se ajusta a lo acordado en las paritarias rubricadas el 27 de febrero pasado.
Aunque con más de dos meses de retraso, ya que lo convenido en el inciso 14 del acta de paritaria estipulaba la "constitución de una comisión mixta para la vivienda docente en un plazo no mayor de 30 días", finalmente hoy se alcanzó la primera reunión.

La cita formal fue en la sede del Ministerio de Trabajo de la capital provincial, donde participaron autoridades de la cartera educativa provincial, encabezadas por Jorge Márquez, la directora provincial Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, y los sindicatos docentes que participan de la comisión negociadora de paritarias (Amsafé y Sadop).

Según expresa un comunicado oficial, "el encuentro determinó la conformación de una comisión de vivienda docente con la intención de garantizar la atención de la problemática vinculada con la vivienda familiar única, mediante un programa de construcción y mejoramiento que permita una intervención a favor del acceso a una vivienda digna y a la consolidación del hogar como núcleo familiar".

Para ese fin los representantes del estado provincial y del gremio acordaron estudiar algunas de las posibles alternativas. Por lo pronto dispusieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 28 de mayo, donde seguirán debatiendo el tema.

En Rosario

La semana pasada, delegados de Amsafé Rosario y maestras que integran la comisión de vivienda docente instalaron una radio abierta frente al municipio para sumar en el reclamo por la vivienda al gobierno local.

Los docentes expresaron en ese momento que la Municipalidad de Rosario tiene que involucrarse en esta demanda, con la disponibilidad de tierras.

La comisión que trabaja en la delegación local de Amsafé relevó que unos mil maestros de Rosario y zonas aledañas carecen de vivienda propia. Esto significa que deben invertir una buena parte de sus magros salarios para el pago de un alquiler, y que entre otras consecuencias afecta la calidad de vida de quienes trabajan con la educación y la cultura. (Fuente: La Capital)

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