Cinco años de investigación, más de doce personas procesadas, policías imputados puestos a disposición, la mano de la familia judicial, seis escritos de la Cámara en los que se critica la labor de la jueza de la causa, una instrucción que se cerró por un fallo de una instancia superior, y dos familias que buscan justicia por la muerte de dos jóvenes como consecuencia de la caída de un entrepiso. Esas características podrían aplicarse a la investigación sobre el fallecimiento de cinco jóvenes por ingesta de estupefacientes en la fiesta electrónica Time Warp, pero no, corresponden a la investigación de la tragedia de Beara.

 

Dos semanas antes de que suceda el mencionado episodio, el fiscal de la causa, Andrés Madrea, solicitó la elevación a juicio mediante un escrito de más de 400 fojas, en el que además le envió a la jueza, Alicia Iermini, la misma que actuó en el caso de Walter Bulacio, copias de videos, imágenes de televisión y testimonios de diversos testigos presenciales. No se trató de un dato menor.

El derrotero de la causa, por el cual varias fuentes judiciales critican el accionar de Iermini, tuvo seis fallos de la Cámara del Crimen en los que se apuntó contra la labor de la magistrada. Por ejemplo: el cierre de la instrucción -acción que realiza el juez cuando considera que se re-colectaron todas las pruebas necesarias para comenzar a llevar a juicio la investigación- no fue dictado por Iermini, sino que le fue impuesto por los camaristas el 22 de diciembre de 2015. Entre esa fecha y la actual, Madrea confeccionó la elevación a juicio, que se espera que en las próximas semanas sea concedida por la jueza.

Seis funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en la mira de la Justicia por el supuesto cobro de coimas para facilitar permisos de habilitaciones y frustrar inspecciones. Todos los implicados ocupaban cargos en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control. Se trata del ex director del mencionado organismo, Martín Farrell; el ex jefe del departamento de Esparci-miento, Norberto Cassano; el ex director de Habili-taciones Especiales, Pablo Saikauskas; la ex directora de Fiscalización y

Control, Vanesa Bercowski; el verificador de inspecciones (PHV), Isaac Rasdolsky; y el inspector Carlos Gabriel Mustapich. Se habrían repartido un caché de US$ 30.000 por habilitación. A ellos se suman los sindicados como gestores de la habilitación, Matías Pantarotto y Leandro Camani, socios y dueños de CorpBA, un estudio de arquitectura; como también los integrantes de la sociedad que ex-plotaba el local “El viejo sabio”: Juan Carlos María Yun, Agus-tín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés y Rolando Fliess.

“Siempre, los dueños nos decían que pongamos las mesas en el medio, para que la gente que estuviera en el entrepiso no hiciera tanto peso”, sostuvo uno de los empleados del boliche. La frase se condice con las pruebas que presentó el fiscal, en las que se apunta a una habilitación trucha.

“La actividad de ambos dio nuevos bríos a un trámite demorado, y quedó evidenciada, pues en virtud del pacto ilícito y la contraprestación en dinero, los funcionarios mencionados comprometieron un acto propio de sus funciones en el marco de la sustanciación del trámite de habilitación registrado bajo el número de expediente n° 55784/7, favoreciendo la emisión de la habilitación a sabiendas de que no estaban reunidos los requisitos de la normativa e incumpliendo los deberes que les eran propios”, indicó, en referencia a los gestores, el fiscal en su dictamen de elevación a juicio, al que tuvo acceso Qué.

“En tal sentido, se les reprocha el haber encubierto y/o permitido su uso real bajo un catálogo simulado (tanto en materia edilicia como en lo que concierne a los requisitos legales para poder funcionar); primero como bar/restaurant/etcétera en el año 2007, y luego, específicamente al ampliarse el rubro como casa de fiestas privadas, en el año 2009, despreciando el cumplimiento de las exigencias sobre instalaciones, seguridad y capacidad que se imponían por su destino y uso real -para la seguridad de bienes y personas-, agregándose además avalar la falsedad de la superficie útil en ambos casos para sobredimensionar la capacidad de concurrentes, y para la elusión de los controles bajo un andamiaje contractual ficticio para sortear así las eventuales clausuras por desnaturalización de rubro y exceso de personas que debieran haber sucedido”, sostuvo Madrea en uno de los pasajes de su dictamen. Para Madrea no caben dudas, según el escrito, de la existencia de pagos de coimas para lograr la habilitación del local bailable, como la del contiguo a Beara, Caramel, que no logró ser habilitado debido a la tragedia citada anteriormente.

En varias de las páginas, el fiscal consideró que directamente no cumplieron con su labor como funcionarios públicos. “Que el derrumbe parcial del entrepiso se produjo por la inapropiada elección del sistema cons-tructivo respecto a su destino de uso, su incorrecto diseño, cálculo y ejecución estructural, co-mo así también sus anclajes, uniones y la excesiva superación de las cargas admisibles para esa estructura. Que tampoco el local Beara -poseyendo esa estructura adicionada y el metraje útil real- era apto para funcionar como local de baile, para recitales en vivo, como casa de fiestas privadas ni aun como café bar/restaurant, en todos los casos con exceso de concurrentes, ya que tampoco se respetaron las cargas mínimas admisibles de la estructura ni la cantidad de personas autoriza-das, según la categorización de la actividad para ninguno de los usos declarados de manera ficticia, menos para las actividades efectivamente desarrolla-das”, apuntó en su escrito.

En la causa también hay varios poli-cías, algunos ya retirados de la fuerza. Según pudo saber este medio, todos fueron pasados a disposición, a la espera de lo que suceda con el juicio oral.