Una visita del Papa se suma a las denuncias de corrupción en el PP

Las sospechas de contrataciones irregulares que salpican al Partido Popular (PP) desde que se comprobó la utilización de facturas ilegales para ofrecer servicios en distritos controlados por los conservadores, acaba de establecer un impactante vínculo con Benedicto XVI. El diario "El País" denunció ayer que la llegada del Papa a Valencia en 2006 posibilitó pagos millonarios en comisiones para brindar el servicio de audio y televisación de la ceremonia. Desde principio de año, el juez Baltasar Garzón investiga los nexos del empresario Francisco Correa con el PP.
La investigación por corrupción que desde hace meses salpica al Partido Popular (PP) de España destapó el jueves otra olla. Un conglomerado de empresas españolas afines al partido habría cobrado al menos un millón de euros en comisiones ilegales para organizar la acústica y el montaje de pantallas de video de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Parte de ese dinero habría sido usado para el pago de sobornos a políticos del partido tradicionalmente aliado de la Iglesia Católica.

La revelación, hecha ayer por el matutino español El País, es el último episodio del escandaloso "caso Gürtel", la investigación iniciada en febrero por el juez de español Baltasar Garzón para indagar sobre una presunta red de corrupción vinculada al PP y encabezada por el empresario ibérico Francisco Correa, cuyo apellido, traducido al alemán, le da el nombre al caso.

Correa dirige desde hace años empresas cercanas al PP y organizó importantes eventos para el partido de derecha. La influencia económica de Correa en el PP alcanzó su máximo nivel en la época del ex presidente conservador José María Aznar.

Un informe policial detalla cómo Correa, director de la red de empresas, y su número dos en Valencia, Álvaro Pérez, armaron un plan para quedarse con parte de la organización y obtener ganancias millonarias. Se creó una fundación en la que participaban el arzobispo de Valencia, cardenal Agustín García Gasco; la Generalitat, conjunto de organismos de gobierno; el ayuntamiento de Valencia y la Cámara provincial de Diputados.

La Fundación adjudicó en exclusiva la distribución de la señal institucional de televisión al ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV), dependiente de la Generalitat. El director general de RTVV era entonces Pedro García Jimeno, quien hizo viajes privados en compañía de los miembros de la red de corrupción.

Jimeno contrató a una empresa para la sonorización de todo el acto y para el montaje de pantallas de video por un valor total de 6,4 millones de euros. Eligió para el trabajo a la constructora española Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas y dedicada a la construcción de rutas, edificios y viviendas y a la compraventa de inmuebles.

Ante la falta de experiencia para la sonorización del acto, Teconsa tercerizó el servicio hacia tres empresas especializadas en ese tipo de actividades. Fue ahí cuando Correa habría cobrado 957.000 euros en concepto de comisión por mediar a favor de las empresas especializadas en el rubro.

El País reveló que el dinero de la comisión ilegal fue colocado en una caja de seguridad y parte del monto fue transferido a la caja que supuestamente utilizaba la organización de Correa para sobornar a políticos del PP. Del dinero por la comisión de la visita del Papa habrían salido, además, 60.000 euros para una empresa de Jacobo Gordon, ex socio del marido de Ana Aznar, la hija del ex presidente de español José María Aznar. Special Events, una de las empresas investigadas, organizaba eventos para el PP ya durante la administración de Aznar.

Mientras el presidente de Valencia, Francisco Camps, se niega a rendir cuentas por las facturas del acto papal, Mariano Rajoy, líder nacional del PP, recibe por estas horas una oleada de críticas entre las filas conservadoras. Sus compañeros de partido le achacan debilidad para enfrentar el escandalo interno.

Comentá la nota