La violencia peruana se cobró 34 muertos y surgen roces con el gobierno de Bolivia

Nueve policías murieron ayer en el operativo de rescate de los 38 uniformados que permanecían secuestrados por los indígenas desde el viernes. En total, ya son 34 los muertos, nueve policías y 25 civiles, aunque los nativos denuncian que el número de fatalidades entre ellos es mayor a los nueve reconocidos oficialmente. El Ejecutivo ordenó el toque de queda y señaló que el líder de los nativos, Alberto Pizango, se fugó a Bolivia. Pero el gobierno de La Paz niega saberlo.
El clima continúa enrareciéndose en Perú, donde la ola de violencia ya se cobró 34 víctimas fatales entre policías y civiles. Nueve policías secuestrados por los indígenas tras los choques del viernes en el desalojo de la ruta que los nativos mantenían bloqueada, murieron en medio del operativo de rescate de las fuerzas de seguridad. Y la crisis social generó un cruce verbal con el gobierno boliviano por el posible refugio en el Altiplano del principal líder indígenista buscado por la Justicia peruana.

"De los 38 policías tomados como rehenes en la estación petrolera, 22 de ellos han sido recuperados vivos por el Ejército, nueve fallecieron por los nativos y hay siete desaparecidos", informó ayer el general Miguel Hidalgo, jefe del Estado Mayor de la Policía. Ayer, el gobierno aprista militarizó la zona de las protestas, en el norte de Perú, y decretó un toque de queda tras los disturbios que dejaron hasta ahora, oficialmente, 22 policías y nueve nativos muertos, anunció el primer ministro, Yehude Simon.

Durante un homenaje a los uniformados caídos, el presidente del Perú, Alan García, volvió a trasladar responsabilidades a los sectores políticos que apoyan las protestas de los nativos. "Incapaces de convencer en las ciudades, han ido a buscar en el fondo de las selvas la barbarie para oponerla al Estado", criticó el mandatario.

Según la versión oficial, algunos de los uniformados muertos fueron degollados o atravesados con lanzas. Por su parte, los indígenas respondieron que 25 de los suyos murieron en los cruces que se desencadenaron cuando la policía disparó a mansalva contra los manifestantes que bloqueaban un tramo de carretera en las afueras de la ciudad de Bagua. Pero el gobierno sólo reconoce oficialmente a nueve de ellos.

La ciudad de Bagua, epicentro de las protestas, amaneció ayer militarizada luego de la violencia registrada el viernes, cuando la población quemó y asaltó ocho locales públicos. El brote de furia se extendió incluso a las poblaciones aledañas de Bagua Grande y Jaén, que también fueron objeto de incendios, saqueos y tiroteos.

Mientras tanto, el tránsito vehicular entre la selva y el norte de Perú quedó reestablecido en la carretera que fue escenario de los choques más feroces entre civiles y uniformados. La ruta había sido tomada hace diez días por unos 2.500 nativos, como parte de una serie de protestas de las 65 etnias amazónicas que se remontan a comienzos de abril, para que el gobierno derogue decretos petroleros que, según consideran, ponen en peligro sus tierras y su supervivencia y avalan la explotación de hidrocarburos en la región sin su consentimiento.

En Lima, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, informó de una orden de captura contra Alberto Pizango, uno de los líderes de la huelga amazónica e interlocutor del gobierno, quien pasó a la clandestinidad el viernes tras los incidentes. La Justicia lo acusa de los delitos de sedición, conspiración y rebelión.

De acuerdo a una versión lanzada ayer por la radio limeña RPP sobre la base de fuentes de inteligencia peruana, Pizango habría huido a Bolivia, donde pediría asilo en las próximas horas. El medio informó que el dirigente se encontraba en Lima cuando se desencadenaron los sucesos y cruzó la frontera por el estrecho de Tiquina.

De 44 años y profesor de la etnia ashuar, Pizango ha estado al frente de las movilizaciones como presidente de la Asociación de Desarrollo de la Selva Peruana, un colectivo de comunidades amazónicas que funciona como organización no gubernamental. En reiteradas oportunidades, el gobierno lo acusó de ser el máximo responsable de la radicalización de los nativos en la región amazónica.

Sin embargo, el vocero del gobierno en La Paz, Iván Canelas, negó estar al corriente del paradero del líder indigenista. Y la ministra de Justicia boliviana, Celima Torrico, responsabilizó al gobierno peruano por las muertes y la represión. "Este hecho sangriento ha ocurrido por no atender el pedido de los indígenas. Siempre ha ocurrido esto, no nos olvidemos lo que pasó aquí en Bolivia con los gobiernos de la derecha", apuntó la funcionara de Evo Morales.

Comentá la nota