El Senado dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley de la senadora nacional Sigrid Kunath (FPV-PJ Entre Ríos) que propone tipificar como delito en el Código Penal al incumplimiento de resoluciones judiciales dictadas en protección de las víctimas de violencia de género y familiar, tales como prohibiciones de acercamiento o restricciones perimetrales, entre otras. 

“Estamos hablando –explicó Kunath– de aquellas medidas urgentes que se disponen en el marco de un proceso en el cual ha existido una denuncia por violencia de género. El objetivo es tipificar en el Código Penal como desobediencia el incumplimiento de estas medidas que son dictadas para guardar y salvaguardar los derechos de las mujeres que están siendo vulnerados”. 

En este sentido, en el texto aprobado se plantea incorporar un párrafo al artículo 239 del Código Penal en el que se dispone que frente a la desobediencia de una resolución judicial en casos de violencia de género contra una mujer o violencia familiar, el mínimo de la pena se elevará a 60 días y el máximo a tres años. Además, y a partir de una propuesta de la senadora Marina Riofrío, se modifica el artículo 32 de la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, estableciendo que cuando haya una desobediencia el juez/a en lo civil tendrá un plazo máximo de 24 horas para poner en conocimiento del hecho al juez/a con competencia en materia penal. 

“Nosotros entendemos que más allá de lo que se ha avanzado en materia legislativa en función de visibilizar esta problemática que atraviesa a todo nuestro país, a todas nuestras comunidades, es necesario también que desde el Poder Judicial se tome acabada conciencia y se incorpore la perspectiva de género para el tratamiento de estos casos que requieren tanta especialidad y tanta especialización, y a su vez también ser tratados de la mejor manera y con la atención que requieren”, señaló Kunath. 

En esta línea de trabajo, cabe destacar que Kunath solicitó en la sesión una preferencia de tratamiento al proyecto de ley de su autoría que obtuvo dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda –y que ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social–, que tiene como objetivo “otorgar un subsidio económico a mujeres en situación de violencia de género en el ámbito convivencial y que carezcan de recursos económicos para subsistir e independizarse del agresor”, según explicó.