El Estado de Mendoza empieza a dar señales concretas para contener a las víctimas de violencia de género: a la incorporación de pulseras de rastreo, tanto para las víctimas como para los agresores para que no violen las órdenes de acercamiento, acreditó fondos por $1 millón para la concreción del refugio destinado a las mujeres que no pueden volver a su hogar hasta tanto el golpeador salga de la vivienda. 

A la par, la Cámara de Senadores aprobó la creación de las fiscalías especiales, las comisarías de la mujer, el observatorio de la violencia de género y el régimen de licencias para las mujeres violentadas por sus parejas empleadas en el sector público. 

De esta forma, es posible que sea reducida la cantidad de casos, que frecuentemente terminan en femicidios. Trece de ellos sucedieron en Mendoza durante el 2014, duplicando los hechos del año anterior, según datos aportados por la senadora del FIT Noelia Barbeito.

La colocación de las pulseras magnéticas será pedida por la Justicia si el agresor de la mujer viola la restricción. Esto es así porque las medidas de prohibición de acercamiento son medidas de amparo, y los jueces sólo pueden imponer las pulseras una vez incumplida esa orden. Como la desobediencia a la autoridad es una infracción a la ley, en esa instancia será impuesta al individuo.

En la primera etapa, 100 pulseras servirán para la prueba piloto, con la posibilidad de ampliar esa cantidad a pedido de la misma Justicia. 

Soledad Benegas, titular de la Dirección de Género de Mendoza, explicó el modo de aplicar con mayor rigor preventivo la orden de restricción. “Se les pone la pulsera al agresor y a la mujer, se les entrega un celular donde se determina el perímetro donde no puede acercarse el individuo, y desde el lugar de monitoreo suena una alarma y se da aviso a la mujer mientras se toman las medidas de seguridad. En Uruguay, al agresor se le coloca la pulsera desde el momento mismo de la orden de restricción, pero es de forma voluntaria. Acá hacen falta algunas acordadas de la Justicia para hacerlo”, aclaró.

Benegas, que desde hace varios años comanda la organización civil Sobran Motivos, informó que el refugio provincial para que las víctimas sean contenidas hasta volver a reconducir su vida hogareña tiene asignados los recursos para poder comenzar con el proyecto, tras reconocer que estaba demorado. A la vez, recalcó que las mujeres tienen otros refugios adonde recurrir hasta tanto se haga el provincial, ya que muchas organizaciones civiles y municipios están en sintonía con esta necesidad. 

En su opinión, las leyes tratadas en la Legislatura orientarán la coordinación entre las distintas áreas para dar atención apropiada a las mujeres. En la dirección que conduce reciben 15 pedidos de ayuda o asesoramiento por día, pero asegura que los datos son inciertos porque cada fiscalía lleva su propia estadística, incluso la Suprema Corte, a través de la oficina Carmén Argibay, cuenta con otra distinta. 

“Sin duda que la herramienta más efectiva es la coordinación entre las distintas regiones, es necesario el cruce de datos entre las fiscalías para trabajar mejor. Nos pasó una vez que una mujer muy golpeada llegó al hospital y desde allí nos llaman. La acompañamos a una fiscalía de Capital para hacer la denuncia y luego la llevamos a un refugio hasta conseguir sacar a la pareja de la casa. El marido, en otra fiscalía de Capital, coloca una denuncia por averiguación de paradero, y la cara de esta mujer apareció en todos los noticieros. Es decir, pusimos en mano del agresor la posibilidad de encontrarla, todo porque no se cruzan los datos”, contó la funcionaria.

Junto con las pulseras se propuso la creación de un registro de agresores con orden de restricción para cruzar esa base de datos, con el registro de tenencia de armas, por ejemplo. Si otras mujeres han sido sus víctimas, como así también verificar cuántas veces violó la medida y si cumple con el tratamiento psicológico que la ley exige, pero que hasta ahora no es controlado por ningún organismo público.

De todos modos, tanto legisladores como organizaciones civiles presentes en el debate coincidieron en que la clave es la tarea de la Justicia, desde las acciones en las fiscalías hasta las sentencias. 

Obtuvieron media sanción en el Senado los cuatro proyectos de ley contra la violencia de género, pero sin dudas el de mayor impacto es la creación de la fiscalía especial para tratar estos casos, de forma tal de no revictimizar a la mujer en el proceso necesario para constituir las pruebas en vista a un futuro juicio.

María José Ubaldini, autora de este proyecto, explicó que hasta tanto se logren los fondos necesarios para dotar de un lugar específico y sumar más personal, hubo conversaciones con el Ministerio Público sobre el modo de ponerlo en práctica cuanto antes, con los recursos existentes. “No queremos que estas leyes sean solamente un gesto de la política frente a la problemática, sino acciones concretas. Estuvimos reunidos con Teresa Day, del Ministerio Público, para que hasta tanto se consigan recursos con el nuevo presupuesto se amplíen las competencias de la Fiscalía de Delitos Complejos, hasta que se cree efectivamente la Fiscalía de la Mujer”

Así mismo, explicó que como en el Código Procesal Penal no rige en toda la provincia, las fiscalías especiales sólo pueden funcionar en la circunscripción número uno y la tres. Como consecuencia de ello, se crearon las comisarías de la mujer, para contenerlas con personal especializados y un equipo interdisciplinario.

Pero, a la vez, existe una propuesta para que el Ministerio Público, es decir, los fiscales que investigan estos casos, se repartan la tarea: los de la primera circunscripción tomen a la segunda y los de la tercera, a la cuarta, para cubrir la provincia.

Fueron votadas positivamente, para ser enviadas a Diputados, las leyes de creación del observatorio de género, que deberá consensuar las estadísticas y las tipologías de las agresiones; las licencias laborales para trabajadoras públicas para darle el tiempo de recuperación necesaria tras un ataque de este tipo, y la creación de las comisarías, que van de la mano de las fiscalías especiales.

►"La herramienta más efectiva es la coordinación entre las distintas regiones, es necesario el cruce de datos entre las fiscalías” (Soledad Benegas, de la Dirección de Género de Mendoza)