Los diferentes poderes del Estado se proponen aceitar procedimientos para dar respuesta a la dramática situación de violencia de género que enfrenta la provincia.

Esta se puso particularmente de manifiesto con los femicidios de los últimos días de tres mujeres -y ya van 11 en el año-, lo que provocó la reacción inmediata de la sociedad. 

En realidad se trata de hacer que herramientas ya existentes funcionen. En este sentido se destaca la Unidad Fiscal de Violencia de Género, cuya creación fue aprobada por la Legislatura el año pasado, luego de lo cual su concreción quedó “en veremos”. 

Ayer la vicegobernadora Laura Montero y el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, mantuvieron una reunión que apuntó a generar acciones que permitan una respuesta más inmediata y mayor protección para las víctimas. 

La intención real de poner en marcha esta fiscalía especial es uno de los anuncios más relevantes que hicieron luego del encuentro, sobre lo cual Gullé aclaró: “No podemos abrir una fiscalía en dos días para que funcione mal”.

Tener un espacio físico adecuado y personal son los grandes desafíos para su conformación, sin embargo el procurador se mostró esperanzado en poder concretarlo en breve, antes de fin de año.

“Para instalarla tenemos que reacomodar otras unidades fiscales por cuestiones de espacio y de personal. Porque al personal lo sacamos de otras unidades fiscales” y allí habrá que cubrir los puestos que queden vacantes. 

Eficientizar recurso humano. Es otro de los objetivos planteados para dar una respuesta acorde. El procurador mencionó que hay personal con preparación específica desempeñándose en áreas donde esto no es necesario.

En este sentido la idea es aprovechar esa preparación a partir de una redistribución, además de capacitar para lograr mayor idoneidad.

Trabajar con el agresor. Este fue uno de los puntos más destacados por ambos funcionarios como una necesidad prioritaria. Al respecto, Montero dijo que “hay una instancia antes de dar una sentencia penal o dictar una preventiva, donde hay un gris donde no se tienen las herramientas suficientes para hacerlo y no hay un seguimiento adecuado del agresor”. 

“Imaginamos un abordaje integral, que trabaje no sólo con la víctima sino también con el victimario. Hoy se le larga una prohibición de acercamiento pero ese hombre sigue enojado por haber sido denunciado y es imposible neutralizarlo.

Pero si lo abordamos psicológicamente (y se apunta a) un replanteo de su situación espiritual, afectiva”, esperan obtener mejores resultados, a lo cual pretenden sumar un abordaje multidisciplinario de la víctima y toda la familia. Para lograrlo, hay que fortalecer los equipos multidisciplinarios para que puedan sumarse como recurso para trabajar a la par con las fiscalías y juzgados a partir de las medidas que estos dispongan. 

Facilitar denuncias y respuestas por parte de la Justicia. El caso de Ayelén Arroyo (19), asesinada por su padre, puso de manifiesto las falencias del sistema judicial, ya que ella había radicado una denuncia contra él por violencia de género 14 días antes, pese a lo cual no se le pudo garantizar protección.

Uno de los obstáculos es la dispar aplicación del Código Procesal Penal, que se aplica en dos jurisdicciones y deja afuera al Valle de Uco y San Rafael. Éste garantizaría una respuesta más rápida; por ello se darán protocolos de acción a Juzgados de Paz y de Familia que actúan en esas áreas con la intención de que puedan aplicar el artículo 26 de la Ley de Violencia de Género y tomar medidas preventivas urgentes. 

Refugio y línea telefónica. Contar con un espacio donde la víctima que realiza la denuncia pueda vivir es una larga deuda, un viejo reclamo y una eterna promesa. Según señalaron, se está trabajando para lograr concretarlo desde la Dirección de Género y Diversidad.

Por otra parte, Montero reconoció que la línea gratuita 144 que brinda asistencia y depende de Presidencia no funciona adecuadamente y es otra de las herramientas a intervenir. 

 

Actividades en escuelas

La DGE, en todos los niveles y modalidades, ha decidido reforzar el trabajo en las escuelas de toma de conciencia sobre la violencia de género, sus distintas manifestaciones y consecuencias, y las formas en la que puede advertirse y eliminarse.

En sintonía con el Ministerio de Educación de la Nación, se llevará a cabo el miércoles 26 de octubre una jornada nacional de reflexión denominada “Educar en Igualdad: prevención y erradicación de la Violencia de Género”, que llegará a todos los establecimientos educativos de Mendoza.

Además, se desarrollarán actividades de “Construcción colectiva de conciencia ciudadana”, en memoria a la desaparición de Johana Chacón.