Con la certeza de que puede convertirse en ley, entidades vitivinícolas iniciaron una cruzada para intentar neutralizar el proyecto por el cual el Gobierno pretende imponer una alícuota del 4% de Ingresos Brutos a la importación de vino. De hecho, a última hora del lunes empezaron a delinear una estrategia común previo a la sesión de hoy en la Cámara de Senadores.

Como la iniciativa contaba con el visto bueno del ministro de Hacienda, Martín Kerchner, y ya logró media sanción de Diputados, a contrarreloj, los dirigentes que representan mayormente a bodegas fraccionadoras se reunieron por la tarde en la Bolsa de Comercio con ese fin. Manejan una hipótesis de máxima, que es convencer a los legisladores sobre la conveniencia de frenar la medida por su potencial impacto en el precio final y el consumo.

En el peor de los casos, la hipótesis de mínima, según advierten desde las entidades, sería reducir la alícuota lo más posible por debajo del 4% y así atenuar su incidencia. Para eso se valen de la preposición “hasta”, que indica claramente cuál sería el tope.

 

En la trinchera

“En esta situación no hay que poner palos en la rueda, porque se piensa en el productor pero no tanto en el mercado y el consumidor; falta oferta y el trasladista es el que está haciendo su negocio. Por eso la intención es hablar con los legisladores y hasta con el Ejecutivo, que tiene discrecionalidad en la fijación de la alícuota”, sintetizó Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina.

Por su parte, Sergio Villanueva, de la UVA, adelantó una agenda apretada de contactos, personales y telefónicos, al filo de la sesión.

Según el dirigente, “la idea es también reunirnos con intendentes, teniendo en cuenta que hubo una cuestión transaccional del Gobierno con ellos para que salga Impositiva. En este contexto no se da la situación de competencia ruinosa o de precios por debajo de los costos como para justificar la alícuota”.

En coincidencia, Pina descarga la responsabilidad de los legisladores de lo que ocurra con el mercado. “Nos preocupa que no se caiga más el consumo”, señaló.

El lobby iniciado toma tres argumentos:

1- Puede faltar vino y hoy no existe oferta: pese a que el INV proyecta entre 3 y 4 meses de stock a julio de 2017, insisten en que la disponibilidad de tintos genéricos no supera los 2,7 meses, y falta calidad.

2- Especulación: también aducen que hubo bodegas que privilegiaron “una estrategia financiera antes que planificar el ciclo productivo-comercial” que les permitiera stockearse.

3- Racionalidad: es el planteo previsto a la Comisión de Economía previo a la sesión: evitar demagogias, con un llamado al equilibrio. “Se importe de donde se importe, se estresa el mercado demasiado y existe un límite para que el consumidor siga tomando vino”, plantean.

 

Visión del sector primario

Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) se despegan de la movida bodeguera, aunque admiten su disconformidad con la decisión oficial de fijar el 4% de Ingresos Brutos. Para Sebastián Lafalla, su vice, pese a que la cámara está en desacuerdo con que se importe vino, “lo de la alícuota es inviable. No hay riesgo, y aunque se busca proteger al mercado, tampoco sobra vino y es bueno para el precio. Pero se debe prever algún coletazo en el mercado”.

Los productores primarios lo tienen claro: junto a la caída de despachos, ven que todo es parte de una especulación atada a la posibilidad de heladas tardías que recorte más el horizonte de existencias a 2017. Incluso dudan que un mar de vino chileno inunde la plaza, atribuyéndolo más a una táctica para atemorizar a los tenedores.

Aún con una brecha de precio de hasta $ 2 entre el nacional y el importado ($ 13 aprox), algunos aseguran que pagarlo en cuotas inclina la balanza hacia el mercado argentino. Para el dirigente de AVM, “todos los impuestos terminan trasladándose al producto final y se le descuentan al productor, que nunca entra en el juego especulativo de los tenedores”.

 

En defensa del gravamen

Hacia el Este miran muchos al hablar de tenedores y trasladistas. Al respecto, Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, relativiza el hecho de que se legisle a favor de ellos.

“Es oportuno generar una señal de que habiendo disponibilidad de vino se limite la importación que sensibiliza al mercado con un plus de alícuota. Desde hace 40 años se dice lo mismo: cuando el precio sube es culpa del trasladista, pero las operaciones registradas hasta octubre no llegan a $ 10”, aseguró Sosa.

Ante los argumentos en contra, el dirigente del Este contraataca. “Lo preocupante es que se juega para el lado de la concentración, que se hace sentir en el maltrato con los precios a productores de 3 empresas dominantes. Los trasladistas quedaron a un costado del camino, los que eran grandes son los más chicos; hay que preguntarle al INV quién tiene el vino”.

Desde el Este entienden que si los precios superan un límite, sólo el mercado deberá reacomodarlos. “Es difícil analizarlo, no será tanta la repercusión en el valor final, y además todo lo que sea proteger al productor local es bienvenido”, concluyó Sosa.

 

Ver la cadena de valor

Sobre la posibilidad de concertar precios para evitar que disparen, Sosa redobla la apuesta. “Sería interesante abrir el estudio de cadena de valor, como se intentó con el Gobierno nacional en 2015 y nunca se hizo. No obstante, esperamos que prospere el proyecto en la Legislatura que busca crear una Comisión que intervenga en la materia", consignó, respecto a la iniciativa del diputado Ricardo Mansur.

Lafalla va más allá. “Como no intervienen todos los actores, con un productor más fuerte es un momento para aprovechar el rol de un Estado mediador que facilite una suerte de ‘paritaria’ de precios”, dice el dirigente de AVM.

Pero advierte: “Hay que hacerlo de adelante para atrás, es decir, no a partir de lo producido, sino con un valor equitativo desde un producto vendible, dentro de una integración rentable del productor. El Estado tiene la potestad”.

 

Senadores a favor del impuesto

Claudia Najul (Presidenta bloque Cambia Mza): “Se respetará el 4% introducido como potestad del Ejecutivo y que ya tiene media sanción. Aunque siempre los interesados pueden manifestar sus inquietudes y ser escuchados”, admitió la senadora. Asimismo, dejó la puerta abierta a alguna posibilidad de ajuste con la mencionada alícuota como tope “si algún bloque lo propone”.

Patricia Fadel (Titular del bloque FPV): “Está dentro de la ley que se votó en Diputados. Votamos en contra de lo que está mal, por ejemplo, Inmobiliario y Sellos, con una suba descomunal. Pero estamos a favor de gravar la importación, y de hecho hubiéramos querido una alícuota mayor. Se trata de mayor presión impositiva, pero sobre las grandes bodegas que importan”.

Si bien se mostró proclive a escuchar planteos, Fadel relativizó el efecto en el mercado, al decir que “hay gran dispersión de precios”.

Noelia Barbeito (Jefa de Bloque-FIT): “Aunque votamos en contra de la ley Impositiva en general, el artículo se incluyó a último momento y, de haberse presentado aparte, tal vez hubiéramos acompañado. Es ilógico para la economía regional importar vino, pero por otra parte hay grupos concentrados que manejan producción y precios y el que termina pagando los platos rotos es el productor. Requiere un precio sostén”.

Ernesto Mancinelli (Libres del Sur): El jefe del bloque unipersonal de Libres del Sur, aunque dejó la puerta a “un análisis con asesores”, anticipó su posición. “Pienso acompañar en general”, dijo.