El caso que envuelve al juez Norberto Oyarbide y al subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, por un allanamiento a una financiera sigue creciendo. Ahora, jóvenes que trabajaban en la mutual allanada aparecen como ex empleados de empresas mencionadas en los principales escándalos judiciales del kirchnerismo: el caso Ciccone, el de la Fundación Sueños Compartidos y la causa de la "mafia de los medicamentos".

La defensa de los policías acusados de pedir coimas durante ese allanamiento denunció -en un escrito al que accedió LA NACION- que el dueño de la mutual de crédito allanada, Guillermo Greppi -amigo de Liuzzi-, montó un entramado societario valiéndose de sus empleados como directivos de empresas para abrir cuentas bancarias y cambiar cheques con beneficios impositivos. Y aseguró que varios de esos empleados trabajaron antes en firmas investigadas en causas en las que está acusado el vicepresidente Amado Boudou, en las que fueron indagados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y el caso donde está acusado el sindicalista José Zanola, por percepción indebida de fondos públicos.

Pero la defensa de Greppi rechazó estas acusaciones: dijo que no debe hacerse una lectura suspicaz de estos vínculos y denunció que todo es una operación de la abogada de los policías para "embarrar la cancha" y desviar el objeto de investigación: que un grupo de policías pidió coimas.

"Se busca desviar el objeto procesal. Acá lo que se investiga es asociación ilícita y exacciones ilegales, y mi cliente es el denunciante", dijo ayer a LA NACION el abogado de Greppi, Carlos Broitman, que pidió que Propyme sea querellante en la causa. Greppi, más enojado, advirtió que las empresas mencionadas no son suyas, excepto Propyme, que las demás son de clientes suyos, que no están eximidas de pagar el impuesto al cheque y que no tiene nada que ver con las firmas donde trabajaron antes sus empleados.

La abogada Valeria Corbacho, que defiende a los policías Fabio Ascona y Ángel Castro, pidió no obstante verificar en la causa de Sueños Compartidos -que investigó Oyarbide hasta que se la sacaron por su irregular tramitación- los vínculos de empleados de Greppi con empresas que cambiaron cheques. Corbacho sospecha que el juez ya conocía que Propyme estaba ligada a Greppi, pero que dispuso el allanamiento por error y por eso lo interrumpió. La defensa resaltó que los empleados no mencionaron el vínculo societario que tenían con Greppi y otras empresas cuando declararon como testigos.

"Se crearon empresas, se puso a cargo a simples personas que son empleados, y únicamente son utilizadas para abrir cuentas bancarias y depositar y mover millones de pesos en cheques, libres de impuestos o con una alícuota reducida, generando con ello un fraude millonario al Estado nacional", sostuvo la abogada Corbacho ante el juez federal de Luis Rodríguez.

Este magistrado investiga a los policías porque supuestamente pidieron a Greppi 300.000 dólares para no allanarlo. Pero ese procedimiento cesó cuando Oyarbide recibió una llamada de Liuzzi en la que le informó que estaban extorsionando a su amigo Greppi. El juez Rodríguez también investiga a Oyarbide y a Liuzzi.

Los policías -para defenderse- investigaron a Propyme y a sus empleados y comprobaron que son directores o socios de firmas junto con Greppi o su abogado. Un cadete, por ejemplo, es socio en dos empresas supuestamente beneficiadas con descuentos en el impuesto al cheque.

Los policías investigaron que empleados de Greppi -Gisela Dertinopulos, Gabriela Fernández y Gustavo Constantino Tsiaculas- se desempeñaron en Cabaña Agropecuaria del Zonda, "una empresa a la que se habrían desviado ilícitamente aproximadamente 50 millones de pesos en transferencias de fondos públicos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales".

Y Vanesa Noelia Dertinopulos y Facundo Bogado, empleados de Greppi, estuvieron en Agropecuaria Monte León, receptora de unos 25 millones de pesos. Lorena Claudia Agosta trabajó en London Supplay, firma que puso el dinero para levantar la quiebra de Ciccone.

Por otra parte, Silvina Galin -empleada de Propyme- trabajó en la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal y en Amirante Galitis Sociedad de Bolsa, "investigadas en la causa conocida como la mafia de los medicamentos".

Para los policías, los dueños de estas firmas son, "por lo general, personas reclutadas de bajos recursos y con limitaciones intelectuales, permaneciendo los verdaderos dueños en el anonimato".

"Es evidente que se trata de un mismo grupo de personas que presta su nombre y sus servicios para Greppi", concluyeron.

DE DENUNCIANTE A INVESTIGADO LA DEFENSA DE LOS POLICÍAS LO ACUSA DE FRAUDE

Guillermo Greppi

Empresario

Es el dueño de Propyme, una mutual de crédito que fue allanada. Denunció que la policía le pidió una coima en nombre de Oyarbide, pero ahora los acusados lo denuncian por fraude.