Villa 31: controlan con la Policía la entrada de materiales para edificar

Quieren detener la construcción en altura, que ya alcanza a los cinco pisos. Y según el Gobierno porteño 600 viviendas son inseguras. Tras una pelea judicial, Nación y Ciudad acordaron poner inspectores locales custodiados por la Federal.
A casi tres meses del fallo judicial que ordenó frenar las construcciones que ya alcanzan los cinco pisos de altura, hoy comenzarán a funcionar cinco puestos de control en las entradas a las villas 31 y 31 bis, de Retiro. Con la ayuda de la Policía Federal, inspectores del Gobierno porteño controlarán que durante el día, entre las 8 y las 20, sólo se ingresen materiales destinados a mejoras y refacciones de edificaciones ya existentes, según lo acordado el miércoles entre la Nación y la Ciudad. A la noche, en cambio, habrá únicamente policías y las entradas estarán totalmente cerradas para los camiones que transportan materiales en grandes volúmenes.

Los puestos estarán en la intersección de las calles 5 y 4; 5 y 8; 12 y Ramón Castillo; 14 y 4; y en la 15 y la ex cementera, según revelaron fuentes del Gobierno de la Ciudad. Los tres primeros serán custodiados por la comisaría 46. En los otros dos, habrá personal de otras unidades policiales, dijeron en el Ministerio de Justicia.

Tal como pretendía el Gobierno nacional, la tarea de decidir qué tipo de materiales se pueden entrar estará en manos de los inspectores de la Agencia de Control Gubernamental. La Ciudad resaltó ayer que fueron "capacitados especialmente" y que habrá dos por entrada. Sin embargo nadie pudo explicar cuál será el criterio para diferenciar los materiales para realizar mejoras en las viviendas de los que se usan para construir en altura (Ver "Qué sí, qué no").

Mauricio Macri aseguró ayer: "es un avance que el Gobierno nacional acepte cumplir con su responsabilidad". Fue otro capítulo de la pelea que lleva en esta semana con el ministro Aníbal Fernández, a cargo de la Policía.

En los últimos meses y ante la posibilidad de que el Gobierno porteño urbanice el asentamiento, comenzó a crecer con fuerza la construcción y a llegar más gente. Habría más de 30 mil habitantes.

La idea de permitir el ingreso de ciertos materiales se acordó en la mesa de diálogo para "no afectar la vida cotidiana de los habitantes". Tras la reacción del lunes de un sector de la villa -que se enteró por este diario que la Ciudad pretendían demoler 50 edificaciones peligrosas-, los funcionarios porteños se encargaron de comunicarles a todos los delegados los detalles del acuerdo con la Nación, alcanzado el miércoles, durante una reunión muy temprano entre le ministro porteño Guillermo Montenegro y Aníbal Fernández.

Mientras tanto, en la villa siguen funcionando tres corralones de materiales. El más grande está en uno de los ingresos (es conocido como el de "El Gitano") y ya fue clausurado en septiembre pasado por el Gobierno porteño junto a la hormigonera, pero a los pocos días volvió a abrir sus puertas. Los otros dos son más pequeños.

La pelea por el control de los accesos a las 31 y 31 bis arrancó en octubre, cuando la jueza Cecilia Gilardi de Negre, le ordenó al Estado Nacional que impidan nuevas construcciones. Fue tras la presentación judicial Gobierno porteño que detectó que 600 edificaciones podrían derrumbarse.

Durante todo ese tiempo, los camiones cargados de materiales siguieron entrando a la villa, especialmente los fines de semana. El lunes, Clarín adelantó que en febrero la Comuna va a denunciar a las empresas que venden los materiales. También adelantó la intención de demoler, con el acuerdo de los vecinos, 50 de las 600 construcciones con mayor riesgo. Mientras, tal como se informó ayer, se avanza en un censo de todos los vecinos.

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