“Buenas tardes. Acá estoy para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten saber”. La voz diplomática de Juan Tomás Rodríguez Ponte sirvió para introducir a los legisladores ávidos por conocer la dinámica de lo que supo ser en el pasado la Oficina de Observaciones Judiciales (“ojota”) y en la actualidad, la Dirección de Captación de Comunicaciones, que integra la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Sin rodeos, los legisladores que integran la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Leopoldo Moreau, avanzaron en un plan de trabajo mancomunado, el sábado por la tarde.

El cambio de época en la mesa de escuchas fue posible a la exhumación de un convenio que autoridades del Congreso Nacional y ministros de la Corte Suprema de Justicia firmaron en 2016, pero que nunca nadie lo había llevado a la práctica. Aquel documento sostiene que la Comisión Bicameral de Inteligencia conformada por oficialistas y opositores debe controlar el trabajo de la “ojota” como las actividades de la AFI, en general.

Ahora, en la hoja de ruta de los políticos, aparece una idea innovadora que se realizará bajo reserva y en modo encriptado: el entrecruzamiento de tres bases de datos para conocer qué pasó durante 2016-2019. Pedidos de intervención telefónica que haya ejecutado la AFI, los escritos de los jueces que solicitaron captación y la titularidad de las líneas.

De acuerdo con los aspectos generales de funcionamiento, la DCC funcionaba y funciona con este precepto: “La Constitución nacional habilita al juez en forma excepcional a poder tomar conocimiento del contenido de las comunicaciones, en miras de un interés superior. Para la disposición de este tipo de medidas el juez debe explicitar en una resolución los motivos que lo llevaron a disponer la captación de las comunicaciones de una persona, donde consten las circunstancias de hecho y derecho que a su entender justifican la disposición de la medida”.

Y si bien había un compromiso de confidencialidad en el trabajo, hubo un festival de grabaciones vinculadas a causas judiciales que tomaron estado público impulsado por alguien. ¿Qué impunidad será la que se cuestiona hoy? Se supone, las precausas para pinchar teléfonos y armados de expedientes bajo el ideario de la mesa judicial M.

El escribano Gustavo Arribas y Silvia Majdalani están comprometidos en una investigación que lleva adelante la Justicia federal con sede en Lomas de Zamora. Por primera vez, una causa de alto impacto político se instruye fuera de Comodoro Py. Martín Coste, de contrainteligencia, argumentó su defensa explicando de qué manera la división de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista armaba las coberturas. Si Mauricio Macri no tiene nada que ver, ¿no debería haber presentado una denuncia? Al menos, para resguardar a su hermana menor que era espiada junto a su pareja de origen italiano. Difícil de creer. A los que dicen que ponen las manos en el fuego por el expresidente, no les llamó la atención que en la charla de té con Álvaro Vargas Llosa no haya mencionado una palabra al respecto. Sólo interrogantes.

Para comprender qué pasó con la inteligencia en la Argentina en los últimos años debemos hacer referencia a la casa de los espías. Con la vuelta de la democracia se llamó la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), luego SI (Secretaría de Inteligencia) y en los últimos años fue creada la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).

En la última presidencia de Cristina de Kirchner surgió la reforma del sistema de inteligencia y la AFI. Y también la decisión de desconectar a la oficina de escuchas y ponerla bajo la égida de la Procuración General de la Nación. Alejandra Gils Carbó ocupaba ese rol estratégico de protección.

Cuando Macri arribó a la Casa Rosada en diciembre de 2015, una de sus primeras medidas fue firmar el Decreto 256, el cual decía: “Transferir el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Si hasta la fecha el sistema de control de las escuchas que se ordenaban tenía falencias, desde ese momento la oficina quedó en una nube. Las acordadas número 2 y 30 de la Corte Suprema de Justicia en 2016 asignaron el poder en una nueva burocracia dentro del Poder Judicial y con independencia.

Así surgió la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, al mando del camarista Martín Irurzun. El dueño de la doctrina “Irurzun” y a la postre víctima de espionaje ilegal por parte del macrismo.

La Dirección de Captación de Comunicaciones procesa 5.000 trámites vinculados a la intervención de líneas telefónicas. “Yo quiero conocer el locutorio”, dijo un legislador el sábado durante la visita. El “locu”, como denominan los numerarios al locutorio, es literalmente un locutorio. En cada cabina, un personal asignado puede seguir en vivo una intervención y tomar nota de lo que le interesa. Y está el modo compact disc, que son los que deberían destruirse pasados los 30 días. En alguna ocasión habría fallado el sistema cadena de custodia.

En todo este tiempo surge una pregunta: ¿qué hizo el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio cuando tenía el rol de opositor en la Cámara?