Viedma: Dan a conocer el Documento político del 16º Parlamento de Comunidades Indígenas

Viedma (APP).- Tras la culminación del décimo sexto Parlamento de Comunidades de Pueblos Indígenas de Río Negro, se redactó un documento político que contiene las conclusiones del cónclave que se extendió durante tres jornadas en la capital provincial. El mismo fue remitido tras una movilización, a la Casa de Gobierno, para expresar y transmitirle al Gobierno Provincial la realidad que atravieza el pueblo Indígena.
Los representantes de comunidades indígenas en la provincia de Río Negro, reunidos en el décimo sexto parlamento mapuche en la ciudad de Viedma, manifestamos al sr. gobernador Miguel Saiz, sus ministros y funcionarios de todos los poderes del estado provincial, nuestra profunda preocupación sobre la realidad de hostigamiento, discriminación y exclusión que una vez más padecemos como pueblo, por ello:

Reafirmamos nuestros derechos territoriales, como pueblo nación preexistente en ambos lados de la cordillera consagrados por los estados en las constituciones, nacional y provincial, declaraciones y convenio internacional, leyes nacionales, provinciales y municipales.

Resistimos todo accionar de atropello a nuestros derechos adquiridos ancestralmente en el marco del estado de derecho vigente. En tal sentido, repudiamos toda pretensión de imposición de la clase dominante, aquellos que se quedaran con nuestros territorios ancestrales en el marco del negociado histórico que realizara el genocida julio a. roca.

Aquellos grandes terratenientes usureros, hoy la sociedad rural son quienes se victimizan por el ejercicio de nuestros derechos ancestrales que ejercen nuestros peñis y lamien en nuestra well mapu, aduciendo ser respetuosos de la ley y pregonando una vez mas, la desaparición de nuestro modo de vida en armonía de acuerdo a nuestra cosmovisión.

Se mantiene en nuestra memoria histórica las muertes, los atropellos, despojos, corrimiento de alambrados a la fuerza y cuando no por la noche con la complicidad de la fuerza policial, la desaparición de nuestro patrimonio cultural sufridos a lo largo de la historia.

Es necesario e imprescindible que el estado provincial produzca la reparación histórica en relación a la problemática territorial, única forma de poder mirar un futuro sin exclusiones.

Han pasado muchos años, y a diario seguimos exigiendo el fondo de desarrollo para las comunidades indígenas.

Reafirmamos nuestra convicción de vivir según los valores democráticos y ancestrales, así lo evidenciamos en mantener el funcionamiento del espacio de cogestión gobierno – comunidades indígenas (Co.De.C.I) a pesar de la falta de atención y postergación que padecemos en relación a nuestras propuestas de trabajo para nuestras comunidades.

Resulta una práctica antidemocrática que el ministerio de gobierno difunda desde su estructura información de una supuesta comunidad indígena que cuestiona a la institución CoDeCI como también que el ministro de gobierno se reúna con la jueza que tiene a cargo la causa en que se encuentra involucrada la comunidad Kospy, por ello denunciaremos estas circunstancia ante el órgano correspondiente como se ha hecho con el Juez Calcagno que viene negando la aplicación de la legislación destinada a nuestro pueblo.

Es reprochable también, que el ente de la región sur que debiera promover políticas de desarrollo para el conjunto de los productores, se involucre generando espacios de reunión a favor de la sociedad rural y en contra de nuestros pueblos.

Nuestro pueblo esta de pie y a partir de la hermandad y reciprocidad con los demás pueblos indígenas en argentina mantenemos el mandato histórico de nuestros kiufikeche (ancestros), nuestros territorios no se negocian, no se venden, ni se usurpan.

Señor gobernador, Miguel Saiz, exigimos una vez mas, respeto, reconocimiento y a no faltar a la palabra y a lo acordado (decreto 310/98), cumpla con las leyes vigentes que la honorable legislatura provincial viene dictando desde el año 1988, que hoy es un catalogo de ilusiones desde su gobierno. Por ello rechazamos la pretensión de ingerencia en el programa de la ley 26160 que se promueve desde la sociedad rural.

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