En Salta, cuatro proyectos emblemáticos resumen casi todas las irregularidades que 136 denuncias penales le atribuyen a JULIO DE VIDO como cabeza de una cartera de gobierno que entre 2003 y 2015 hizo de las contrataciones a medida, los sobreprecios y las coimas una moneda corriente.

Se trata de las obras de expansión del GASODUCTO del Norte, la línea eléctrica NOA-NEA, el tendido de fibra óptica de Argentina Conectada y el Gasoducto del NEA, que resumen contrataciones por más de $5.000 millones con sobreprecios de hasta el 118%. 

Con 26 pedidos de indagatoria, tres procesamientos dictados en su contra y embargos por $1.200 millones, el exministro de Planificación Federal y actual diputado del Frente para la Victoria tiene citas pendientes con jueces federales. 

Uno de ellos, Sebastián Casanello, aceptó reabrir el CASO SKANSKA el pasado 1 de julio. A partir de esa decisión, el fiscal Carlos Stornelli pidió que De Vido sea indagado por el pago de sobreprecios y sobornos en un proyecto de ampliación de los gasoductos del Norte (TGN) y del Sur (TGS) que se ejecutó hace diez años, por más de 400 millones de dólares (1.200 millones de pesos al cambio de entonces y 6.000 millones de pesos, con la cotización actual de la moneda estadounidense). Varias de aquellas obras se ejecutaron en Salta y llegaron a costar más del doble de su valor real.

Según constancias a las que accedió El Tribuno, en las líneas de tubería paralelas ("loops") que se instalaron para ampliar la capacidad del Gasoducto del Norte, funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Nación Fideicomisos y la Secretaría de Energía aprobaron ofertas de las contratistas Techint y Skanska, pese a que eran un 12% más elevadas que los presupuestos fijados por la Transportadora de Gas del Norte (TGN) en su carácter de gerenciadora del proyecto.

En otras notas, que funcionarios del gabinete de De Vido tampoco atendieron, responsables técnicos de la transportista advirtieron que había sobreprecios del 152% en las ofertas presentadas para las plantas compresoras de Lumbreras (Salta), Lavalle (Santiago del Estero) y Deán Funes (Córdoba).

Las obras en Lumbreras (la más grande de las compresoras) fueron entregadas finalmente a BTU, empresa de Carlos Mundín, un viejo conocido del exministro de Planificación Federal, con un sobreprecio del 118%.

Las otras plantas fueron adjudicadas en iguales términos a Contreras Hermanos y Skanska, la firma sueca que admitió en la Justicia, en 2007, haber pagado $13,4 millones en "comisiones indebidas" para quedarse con esa y otra obra similar del Gasoducto del Sur (TGS). 

Para las plantas de Lumbreras, Lavalle y Deán Funes, según planillas a las que accedió este diario, TGN había presupuestado 12.550.000 dólares, pero las obras fueron adjudicadas por 27.423.834 dólares (un 118% más que su valor real). 

Otras tres plantas complementarias se entregaron en Torzalito (Salta), Recreo (Tucumán) y Ferreyra (Córdoba), con un sobreprecio del 81,6%. De acuerdo con la documentación que compromete a De Vido, Daniel Cameron (exsecretario de Energía), Fulvio Madaro (exinterventor del Enargas) y Néstor Ulloa (extitular de Nación Fideicomisos), esas obras habían sido presupuestadas por 1.676.000 dólares, pero las ofertas se aprobaron por 3.043.929 dólares (un 81,6% arriba de su precio real). 

Las ofertas que se presentaron en 2005 por las obras de expansión del Gasoducto del Norte, que baja desde Campo Durán (Aguaray) hacia la región central del país, tenían presupuestos fijados por un monto global de $175 millones, pero fueron contratadas por 210 millones de dólares, que significaban entonces $630 millones y al cambio actual, $3.150 millones. 

Los sobreprecios, sin embargo, no se limitaron a los valores iniciales con que se contrataron los 234 kilómetros de nueva tubería y las seis plantas compresoras. Una vez terminados los trabajos, se liquidaron a las empresas contratistas adicionales del 20% por redeterminaciones de precios.

En todos los proyectos contratados, los materiales mayores fueron provistos por el fideicomiso.LÁZARO BÁEZ, "EXPULSADO"La planta de regulación de Torzalito, una de las obras que dieron origen al caso Skanska, se construyó cerca del cruce de la ruta nacional 34 con la autopista de acceso a la ciudad de Salta para desdoblar el abastecimiento de gas a la Central Térmica Güemes (CTG) y las urbanizaciones de la capital.Las obras fueron entregadas a la empresa MEIP, luego de que TGN solicitara la exclusión de Peitel y de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez, por "comportamiento irregular en el proceso de ofertas".Ambas firmas habían presentado cotizaciones calcadas y su comportamiento dejaba traslucir, ya en ese momento, la cartelización que desató el festival de sobreprecios, sobornos y facturaciones ilegales en la obra pública del país.