LA VIDEOVIGILANCIA, SEGúN EL MINISTRO CéSAR RODRíGUEZ

“De ninguna manera el objetivo es controlar la protesta social”
El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez, aseveró, frente a la instalación de cámaras de video-vigilancia que colocarán en Santa Rosa y en General Pico, que “de ninguna manera el objetivo del gobierno es controlar la protesta social”. El funcionario, sin embargo, no dio explicaciones contundentes sobre por qué esos elementos serán colocados exclusivamente en el microcentro: dio a entender que es para “cuidar a los bancos”.

En diálogo con El Diario, Rodríguez habló de esa inversión de medio millón de dólares para las cámaras. Todavía no hay precisiones sobre dónde se instalarán y quiénes las manejarán: “Van a funcionar en el microcentro de Santa Rosa y Pico. Se está haciendo la evaluación en este momento, para ver dónde van a estar las video-cámaras, estamos en ese paso. Hay que ver cuál va a ser la responsabilidad, porque evidentemente va a ser una potencial información privada, que afecte potencialmente a una persona y, por lo tanto, debe haber un convenio de confidencialidad de quien mira las imágenes”.

-¿Por qué las cámaras van en el microcentro?

-Uno parte de la base de donde están los bancos...

-¿Entonces son para cuidar a los bancos?

-A los bancos, el movimiento que hace la gente dentro de los bancos... todos sabemos que uno va de un banco a otro, saca dinero, hay movimientos internos en los cuales se mueve capital o dinero... todo eso conlleva una seguridad importante. Si mañana se puede emplear en otros lugares se va a hacer, pero hoy el núcleo financiero y económico está ahí.

-Es curioso que pongan las cámaras en el centro porque, al menos en Santa Rosa, la mayoría de los delitos no son en el centro, ¿verdad?

-Hay de todo.

-A raíz de ese dato, ¿puede interpretarse que uno de los objetivos de las video-cámaras es controlar la protesta social?

-No es para eso. La prueba evidente, del tiempo que yo estoy a cargo del Ministerio, es que las protestas se desarrollaron sin ningún impedimento. La gente que entendió pertinente manifestarse lo hizo de una manera u otra. Este año hubo diferentes tipos de manifestaciones, desde distintos ángulos, con diferentes actitudes, conductas y motivos, y todas se desarrollaron con normalidad y sin impedimentos del Gobierno y de la Policía. No es el objetivo, bajo ningún aspecto, controlar la protesta social. Por ese mismo motivo cualquier persona que manipule la información de esas video-cámaras tiene que firmar un convenio de confidencialidad. No puede transmitir ni decir a nadie lo que está viendo.

-¿El Gobierno en algún momento pensó en dar marcha atrás con este proyecto, tomando en cuenta que cuesta medio millón de dólares y el contexto es muy crítico, según dice el gobernador?

-No, porque los fondos estaban afectados hace dos años. No se manejan de hoy, sino que hace 2 años que ya tienen un destino específico.

Pruebas del “fusilamiento”

Hay pruebas materiales concretas que complicarían a los dos policías detenidos por someter a un nene a una suerte de simulacro de fusilamiento, como parte de los apremios ilegales que le hicieron sufrir el sábado pasado.

Así se desprende de las palabras del ministro César Rodríguez, que confirmó que ambos agentes siguen detenidos. Además, Rodríguez se despegó de los cuestionamientos que durante la semana pasada recibió desde algunos sectores policiales -y desde alguna parte de la prensa- la jueza Laura Armagno.

Rodríguez contó, sobre el caso del nene que fue sometido a vejámenes -tal como publicó El Diario en su edición de ayer- que “hace una semana hubo una mamá que hizo una denuncia en sede policial porque el hijo había sufrido una agresión policial y había dentro de esa situación dos disparos de armas. En función de eso, inmediatamente se puso en conocimiento a la jueza Armagno de esta situación, se hicieron las primeras averiguaciones, se hicieron constataciones donde habría ocurrido el incidente, se levantó lo que se tenía que levantar, elementos de prueba y en función de la disposición de la jueza se ordenó la inmediata detención de uno de los involucrados y, posteriormente, con el desarrollo de los acontecimientos y el conocimiento acabado de los elementos de prueba incorporados, la jueza dispuso también la detención de otro involucrado”.

-Desde sectores policiales y, casualmente, en medio de esta situación se cuestiona a la jueza Armagno porque -según dicen- libera demasiado rápido a los delincuentes que se detienen. ¿El Gobierno comparte esa preocupación policial?

-Mi función no es evaluar ni criticar o no la función de la jueza, que toma las medidas que cree pertinentes en función de las normativas vigentes. Ella define detener o no y liberar o no en función de los elementos de prueba. Yo no voy a valorar eso. Lo que nosotros hacemos como Policía y Ministerio es arbitrar las medidas para que no se cometan delitos y, si se cometen, se pongan a disposición de la Justicia los culpables. Después, los jueces tomarán las medidas pertinentes. Las resoluciones de la Justicia me supongo que se hacen responsablemente y por lo tanto me atengo a eso.

Comentá la nota