Vidaurreta juzgará a represores, pero ejecutó órdenes en la dictadura

El juez federal Jesús Daniel Los Arcos Vidaurreta, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que deberá juzgar a los once represores pampeanos acusados de delitos de lesa humanidad, fue funcionario de la universidad durante la última dictadura. El magistrado fue el secretario académico de la Universidad Nacional de La Pampa que apenas comenzado el gobierno de facto entregó las resoluciones y notificó a varios docentes que iban a ser cesanteados al considerarlos las Fuerzas Armadas no aptos para dar clases en esa casa de estudios por "subversivos".
Los Arcos Vidaurreta no sólo fue juez de instrucción y funcionario judicial durante la dictadura militar, sino también ocupó cargos en la UNLPam. en su período más oscuro, desde fines de 1975 hasta entrada la dictadura militar. En 1984, con la vuelta de la democracia, fue nombrado como ministro del Superior Tribunal de Justicia por el gobierno de Rubén Hugo Marín, cargo que dejó en 1994 para pasar a ser uno de los tres miembros del TOF de Santa Rosa.

Pasado oscuro.

Los Arcos Vidaurreta asumió como secretario académico durante la intervención de Armando Seco Villalba, que se hizo cargo de la Universidad pampeana como rector interventor en octubre de 1975. El funcionario llegó acompañado por una patota de la derecha peronista y durante su gestión fueron encarcelados por la policía acusados de "subversivos" y prescindidos decenas de docentes y alumnos. Varios profesores estuvieron en cárceles de máxima seguridad en otras provincias durante años.

La gestión de Seco Villalba, y su equipo, no finalizó el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado, sino que se prolongó hasta el 5 de mayo de ese año. Para entonces, estaba como interventor el coronel Julio César Ruiz. Los Arcos Vidaurreta continuó como funcionario de la casa de estudios en esos meses en que continuaron las cesantías de varios docentes.

Hoy, el magistrado es uno de los dos integrantes del TOF santarroseño que deberá juzgar por secuestros y torturas a los once ex oficiales de la Policía provincial y del Ejército que integraron el grupo de tareas de la Subzona 14 durante la dictadura militar. Los caminos de su historia personal y la de los acusados se vuelven a cruzar: varios de los cesanteados por el hoy magistrado fueron arrestados ilegalmente por los integrantes de la Subzona 14, aún antes de producido el golpe de Estado, en noviembre de 1975, cuando se iniciaron las razzias sobre los universitarios por parte del grupo de tareas que funcionó previo al cuartelazo bajo un gobierno constitucional.

Habla un cesanteado.

En abril de 1986, cuando se estaba normalizando la UNLPam. tras el denominado Proceso, el profesor Julio Colombato -fallecido en el año 2000- impugnó a Los Arcos Vidaurreta, docente de esa casa de estudios, en su candidatura a consejero suplente de la Facultad de Ciencias Económicas y a elector titular para rector -propuesto en la asamblea de docentes-, por su participación en la dictadura. En la nota, dirigida al decano normalizador de Económicas, Carlos Sáez -y cuya copia se encuentra en el archivo Colombato-Lassalle-, Colombato recordó que "el día 9 de agosto de 1976 el doctor Jesús Los Arcos, en su carácter de secretario académico de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, en entrevista personal, me hizo conocer y notificar la Resolución 339 del 6 de agosto de 1976, firmada por el Delegado Militar ante la Universidad, coronel Julio César Ruiz, por la que se me dio de baja por aplicación de la Ley 21.274, junto a otros docentes de la Universidad, sin sumario previo que asegurase el derecho de defensa. En la citada entrevista, el secretario académico me expresó ante testigos que sentía tener que notificarme de la resolución, a lo que le contesté que si el acto contrariaba sus principios, lo que correspondía era negarse a hacerlo y presentar su renuncia al cargo, propuesta que indudablemente no aceptó pues continuó con su labor", indicó.

Factor de perturbación.

Colombato relató que "de inmediato presenté recurso de consideración y jerárquico en subsidio contra la Resolución 339/76, basado en falta de causa, ausencia de motivaciones y distorsión de la finalidad de la Ley. Dicho recurso, recepcionado con fecha 16 de agosto de 1976, jamás fue contestado".

"Mi prescindibilidad -dijo el docente- en la UNLPam, en la que ejercía desde el año de su fundación, provocó además mi cesantía en el cargo de director titular de la Escuela Normal Nacional Superior 'Tte. Gral. Julio A. Roca' de Santa Rosa. Dicho cargo lo había obtenido en cumplimiento de la Ley 14.473 mediante concurso abierto de antecedentes y oposición ante 27 oponentes, con el puntaje más alto, convirtiéndome en el primer director titular por concurso en ese establecimiento desde su fundación en 1908. En los momentos en que fui cesanteado hacía más de trece años que ejercía el cargo de director y contaba con más de 28 años de servicios continuados en la docencia nacional y provincial. En este caso se me aplicó el artículo 6º inciso 6 de la Ley de Prescindibilidad, lo que implicaba que se me considerara un factor real o potencial de perturbación. Ello significaba que no solo perdía la fuente de trabajo para la que me había preparado específicamente, sino que hacía peligrar mi libertad personal, como también mi vida, como se comprobó posteriormente en casos semejantes".

El profesor indicó que después inició una demanda judicial contra el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. "Por expediente 42.066/81 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 a cargo de Oscar H. Garzón Funes, con fecha 19 de febrero de 1982, falló haciendo lugar a mi demanda de nulidad de la resolución de cesantía, haciendo lugar al pedido de reincorporación y a la indemnización por daños y perjuicios. En la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala IV- con fecha 27 de octubre de 1982, se estableció que la prescindibilidad aplicada estaba viciada por falta de causa, con razón de que la imputación no quedó acreditada mediante sumario, lo que tornó el acto de nulidad absoluta".

En la nota, se precisó que en el juicio la Cámara estableció la nulidad de la resolución que establecía su cesantía, indemnización de los daños y perjuicios materiales ocasionados y por el daño moral inferido.

Denuncias falsas.

Luego de exponer su caso, Colombato concluyó que "Los Arcos, en su carácter de secretario académico de la UNLPam, avaló mi cesantía fundamentada en acusaciones absolutamente falsas, como lo demuestran los fallos de la Justicia a que he hecho referencia. Esta actitud me parece tanto más grave teniendo en cuenta que por su profesión de abogado, no ignora que en la Argentina todo habitante debe ser considerado inocente, hasta tanto se pruebe su culpabilidad".

El docente explicó que el hoy magistrado "prestó su acuerdo al accionar de la intervención de las Fuerzas Armadas en la Universidad de La Pampa, que violaron la Constitución Nacional" y "demostró un absoluto desprecio por los principios de la Reforma Universitaria Argentina".

Colombato finalizó su reclamo en que "por tales razones entiendo que el profesor Jesús Daniel Los Arcos de ninguna manera puede aspirar a formar parte del consejo académico de la Facultad de Ciencias Económicas, como tampoco el cargo de elector, pues ambas son funciones que corresponden a una Universidad Nacional fundada en los principios de la democracia representativa y reformista, que en los hechos él ha desconocido".

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