A pesar de que fue justificado por cuestiones “administrativas”, en el mundo político dan por descontado que la decisión de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de quitarle el suculento negocio de las tragamonedas al Hotel Provincial y pasarlo a manos del Sasso tuvo otras intenciones. Los protagonistas del enredo dan lugar a las interpretaciones: el perjudicado fue Aldrey Iglesias, empresario amigo de Daniel Scioli, y el beneficiado, el gremialista Luis Barrionuevo.

Considerado un negocio rentable y sin riesgo de pérdida, las máquinas fueron quitadas del complejo que administra el empresario y dueño del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias. Con ello se dispuso la clausura de la sala y el traslado de los juegos al hotel que desde hace diez años administra el gremio gastronómico, liderado por el sindicalista Luis Barrionuevo. PERFIL se comunicó con voceros de la Lotería, quienes desde hace varios días guardan hermetismo y apenas aducen que la transferencia se debió “a un factor reglamentario”.

Walter Martello, ex diputado por la provincia de Buenos Aires y especialista en el funcionamiento del sistema del juego, no dudó en considerar “legítimo” el traspaso de las tragamonedas al Hotel Sasso, aunque consideró el acto como una “cuestión absolutamente política”. Autor del libro No va más, donde investiga el negocio del juego en la provincia, Martello apuntó contra el manejo del Aldrey Iglesias durante el gobierno sciolista. “Es el hombre de relaciones de negocios más importante de Scioli en la provincia de Buenos Aires. El Hotel Provincial definitivamente no se encontraba en condiciones. A Barrionuevo lo tenían castigado por ser miembro de la oposición, es por eso que por dos años no pudo tener tragamonedas en el Sasso”.

Legisladores del oficialismo, si bien consideraron de manera unánime este hecho como “un acto de justicia”, ofrecieron una visión más prudente. El jefe del bloque de Diputados de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Juan Amondarain, se abstuvo de ofrecer un juicio. Sin embargo, deslizó: “Si Lotería y Casinos de la Provincia tomó una decisión al respecto, por algo debe ser”.

Similar reserva se percibió en los legisladores de la oposición; se mostraron reticentes a expedirse sobre este tema. PERFIL se contactó con varios diputados, quienes mostraron prudencia ante el trasfondo político de la cuestión. El concejal marplatense por el Frente para la Victoria Daniel Rodríguez evitó interpretaciones fuera del ámbito legal: “Me parece correcto que el Ejecutivo revise los acuerdos que hayan firmado con la Provincia. En ese aspecto, la decisión tomada tiene su racionalidad. Y esto tiene que ir mucho más allá de la simpatía, existe una fundamentación. El Ejecutivo tiene facultad para tomar esas decisiones”.

Más allá de los aspectos técnicos que argumentaron el traslado de las máquinas tragamonedas, es evidente la confrontación que mantienen el empresario y el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo. Poco más de diez días atrás, el jefe comunal le había quitado la exención impositiva gracias a la cual era beneficiado el Hotel Provincial, algo que había adquirido en 2008 mediante la sanción de la Ley Provincial 13.813, durante el mandato de Scioli.

Los beneficios que surgen de este negocio están a la vista. Según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cada máquina tragamonedas ofrece una ganancia diaria de entre $ 1.800 y $ 2 mil. El negocio, que ahora pasará a manos de Barrionuevo, le asegurará al sindicato una ganancia diaria en torno a los $ 285 mil. Una suma nada despreciable.