La marcha del jueves, apenas unas horas antes de la primera reunión paritaria con los maestros, mostró un nuevo bloque de unidad entre trabajadores del estado, gremios fuertes del sector privado como La Bancaria y Camioneros, y movimientos sociales, en reclamo de un cambio de la política económica y un aumento de emergencia para los jubilados, todos objetivos de alcance nacional pero que al ser expresados en territorio bonaerense y a apenas unos metros de la Casa de Gobierno, funcionaron como un mensaje aparte, que tenía como destinatario a la gobernadora.

La tensión con los docentes formaba parte de la planificación del ejecutivo bonaerense, pero no la resistencia de los trabajadores del Banco Provincia a las modificaciones del sistema previsional y mucho menos que lograran el acompañamiento de por lo menos una parte de los gremios del sector privado, lo que llevó rápidamente a reevaluar las condiciones para avanzar con las reformas que habían sido planteadas a finales del año pasado como la reforma del IPS.

Vidal quiere ser punta de lanza a nivel nacional con un ajuste en el sistema jubilatorio de los bonaerenses que le permita al gobierno echar mano de los fondos, de la misma manera que lo hace la administración central con los del Anses, sin embargo dio orden de barrer la cuestión de la agenda hasta tanto se normalice la relación con los sindicatos después de cerrar los acuerdos salariales.

Justamente la dilación de esas reformas podría convertirse en una herramienta de negociación en el toma y daca con los sectores gremiales más dialoguistas, con los que espera alcanzar un acuerdo del 15 por ciento sin cláusula gatillo, tal como lo dicta la fórmula desarrollada por el gobierno nacional en torno a las metas de inflación fijadas por el Banco Central, que de todas maneras y según las proyecciones de todas las consultoras privadas van a ser perforadas apenas pasada la primera mitad del año.

El otro elemento que el equipo económico debe cumplir a rajatabla si quiere recuperar el título de mejor alumno que supo detentar el año pasado, es lo que se conoce como el “pacto fiscal”, que generaría un ahorro millonario en la provincia y los municipios, aunque quizá a instancias del bolsillo de los empleados y bloqueando nuevas designaciones.

En el entorno del ministro de Economía Hernán Lacunza, pero fundamentalmente del jefe de Gabinete, Federico Salvai, ya tomaron nota de la negativa de firmar el acuerdo de algunos intendentes del peronismo, pero fundamentalmente del reclamo de sus socios radicales, que por el momento están contenidos, pero que si no encuentran respuestas podrían pasar a la acción política, lo que significaría un dolor de cabeza para los planes del macrismo de imponer candidatos PRO de cara al 2019.

En ese sentido la orden de Vidal fue revisar el cálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD) para favorecer a sus socios boinas blancas y evitar tener que adelantar la batalla por los cargos en cada uno de los municipios y las secciones electorales. 

Los radicales no han dado hasta ahora ni una sola muestra de autonomía y han acatado y ejecutado a rajatabla cada medida del gobierno central, pero en los pasillos de calle 6 algunas aseguran que hace poco se instaló cierto temor a que se produzca un “efecto Alfonsín”, no en relación al fallecido ex presidente sino a Ricardo Alfonsín, su hijo y ex diputado nacional que se ha mostrado como la cara visible del descontento radical con algunas medidas del gobierno.

Con el radicalismo afuera del “retiro” que encabezó el presidente en Chapadmalal, se hizo evidente que la encargada de dar contención a las huestes del partido centenario es la mandataria bonaerense, que en el cambio de estrategias demostró una vez más que su principal preocupación es ser la mejor alumna del gobierno federal.