El gobierno de María Eugenia Vidal pedirá a la Legislatura un nuevo ajuste del gasto político para el año próximo: propondrá que los recursos para el Parlamento no superen el uno por ciento del presupuesto de la administración.

Los presidentes del Senado , Daniel Salvador, y de Diputados, Manuel Mosca, ya fueron notificados de que se les enviará un proyecto de ley para restringir esos recursos.

Pese al ajuste que pide el Poder Ejecutivo, la Legislatura aún tendrá margen para votarse gastos por encima de los $8300 millones para dividir entre las dos cámaras. El número final dependerá del presupuesto que se vote: según el borrador oficial, será una erogación superior a $830.000 millones.

En este caso la Legislatura podrá disponer de esos fondos para sustentar un cuerpo que crece en empleados, pero que sesiona cada vez menos: solo una vez por mes se sientan los legisladores en sus bancas, según el promedio del diario de sesiones de ambas cámaras.

Aun con el recorte, la Legislatura podrá aumentar su gasto interanual por encima del 25%, ya que el presupuesto todavía está atado por ley al de la administración general, que se actualizará por inflación por encima de ese parámetro.

El año pasado, en la Legislatura ya se votó una reducción de gastos del 1,6 al 1,2 por ciento del total del presupuesto de gastos y recursos de la administración mediante una modificación de la ley 12.450.

El cuerpo aprobó para sí gastos por $6464 millones. Diputados se otorgó 3686 millones y el Senado, 2778 millones. Es decir que cada uno de los 92 diputados pudo administrar 3,7 millones mensuales, en promedio. Y cada uno de los 46 senadores dispuso de 5 millones en promedio, dado que la mayor parte del gasto es para pagar personal -estable o contratado-, becas, subsidios y módulos de asesores políticos.

En rigor, no todos los diputados y senadores disponen del mismo monto, ya que los presidentes, vicepresidentes y vicepresidentes segundos administran mayor porción de recursos que el resto de sus pares a la hora de designar personal.

Además el presidente del cuerpo, el vicepresidente, el vicepresidente segundo, el vicepresidente tercero y los presidentes de los bloques políticos cobran gastos de función, que no percibe el resto.

La Cámara de Diputados provincial tiene alrededor de 1200 empleados: 1026 en planta permanente, 115 sin estabilidad y 224 en la planta temporaria.

De todos modos, la información sigue siendo confidencial. En el Senado ni siquiera se informa de manera oficial sobre el número de empleados.

No hay datos disponibles en el sitio oficial sobre los sueldos de los legisladores, gastos de función o módulos que reparte cada uno. Solo es posible acceder a las nóminas de becas y subsidios. Estos tampoco se identifican según los montos otorgados.

Tampoco están actualizados en la web los diarios de sesión para poder comprobar los días que se reunió este año el plenario legislativo de cada cuerpo.

Sostén político

Es decir que la enorme caja política de la provincia de Buenos Aires sigue siendo una máquina de sostén de los partidos políticos, que igual piden prerrogativas para bajar sus gastos.

En la Cámara de Diputados, el bloque de Cambiemos no tiene número suficiente para votar el presupuesto provincial ni mucho menos el endeudamiento que pedirá esta año la gobernadora María Eugenia Vidal.

Tampoco para votar a libro cerrado la reducción del gasto legislativo que pedirá el Gobierno. De modo que todos los proyectos, que serán enviados a la Legislatura antes de noviembre, serán motivo de negociación con la oposición, que dispone del número suficiente para aprobar o rechazar cualquier iniciativa en la Cámara baja.