La gobernadora María Eugenia Vidal decidió "apretar" un poco a los municipios en la previa a las elecciones con el fin de controlar y contener las cuentas. Por lo menos en lo que se refiere a las intendencias que ya tomaron deuda con entidades y que necesitan recurrir nuevamente a las arcas provinciales.

 

 

A través de la Resolución 185-MEGP-19 publicada este lunes en el Boletín Oficial y que lleva la firma del Ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, la administración de Vidal Así decidió profundizar los requisitos, pautas y parámetros para el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, una copia a menor escala que la que firmaron las provincias con la Nación.

 

 

Así dispuso que ahora es una "condición necesaria para la obtención de nuevos endeudamientos y/u otorgamiento de avales y/o garantías y/o suscribir contratos de fideicomisos y/u obtener asistencias financieras y/o suscribir contratos de leasing y/o compras a plazo" estar al día o por lo menos con un plan de saneamiento con las deudasexigibles con Organismos del Sector Público No Financiero y Financiero de la Provincia.

 

 

Esto es para cuando los municipios soliciten un préstamo a través del Programa Provincial de Desarrollo (PPD) que son los que se utilizan para IOMA, para el Instituto de Previsión Social (IPS), la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima (Provincia ART).

 

 

Al cierre de 2018 los 135 municipios acumulaban una deuda de 6000 millones de pesos

Para poder controlar las deudas los organismos le presentarán a Lacunza un informe durante los primeros quince días de cada mes sobre la totalidad de los acreencias que tengan con los municipios, deberán explicitar la totalidad de las deudas, incluyendo las exigibles, las que están en procesos judiciales y las que ya fueron acordadas las formas de pago y, como si fuera un auto, deberán presentar un "libre deuda" del municipio que haya pedido fondos a través del PPD.

 

 

Según datos a los que pudo acceder El Cronista al cierre de 2018 los 135 municipios acumulaban una deuda de alrededor de 6000 millones de pesos con el Sector Público Financiero y no Financiero Provincial.

 

 

 

En el caso que no llegue el informe, Lacunza tomará el último informe que haya enviado esa entidad para poder monitorear y darle luz verde o no a un nuevo préstamo a los intendentes de 96 de los 135 municipios que son aquellos que suscribieron el Pacto Fiscal versión provincial