Según trascendió, las iniciativas buscan “potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal, cumpliendo con estándares y exigencias constitucionales e internacionales”.

Entre otras cosas, se le da a la víctima la posibilidad de expresar su opinión respecto a las resoluciones de sobreseimiento, a la aplicación del instituto de juicio abreviado y al cómputo de la pena. También se la incluye en la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición.

Trato digno

Una de las claves de los proyectos es garantizarles a quienes sufren el accionar delictivo un trato “digno y respetuoso”, a la vez que se avala que los damnificados puedan lograr información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación.

Además se busca que las molestias que sufran quienes padezcan actos delincuenciales sean “mínimos” y que se resguarde la intimidad de las personas y sus datos no se hagan públicos en el proceso, salvaguardando la seguridad de las víctimas y testigos, quienes pueden servir para alcanzar la verdad sobre diversos hechos delictivos.

Otra de las cuestiones será la posibilidad que se le dará a los damnificados de reclamar por demoras en las causas o ineficiencia por parte de los jueces y funcionarios judiciales en el transcurso de la investigación.

También se modificará la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad con el propósito de brindarles a las víctimas “diversas herramientas procedimentales que permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado específicamente en la etapa de ejecución de la pena”.

Lo que busca la gobernadora y el ministro de Justicia bonaerense es que el rol del damnificado por un hecho de inseguridad no quede limitado a la facultad de denunciar y presentarse como testigo.

Con la reforma de la Ley de Ejecución, no habrá libertad condicional, libertad asistida, semi- detención, o cualquier otro tipo de morigeración de la pena, sin que la víctima haya sido plenamente informada y escuchada sobre el mérito de la decisión que se tome.

Todos estos derechos se garantizan, independientemente de que la víctima tenga o no representación legal, ya que formarán parte del propio proceso penal y la ejecución de una eventual condena.

Además, se extenderá la oportunidad para constituirse como particular damnificado hasta 30 días antes de la fecha fijada para juicio oral. Hasta la fecha, esta situación sólo era permitida hasta el vencimiento para oponerse a la requisitoria de elevación a juicio.

El proyecto también detalla cuándo es considerada una persona como víctima y el procedimiento que se toma si el damnificado falleció producto del hecho de inseguridad. De esta manera, se tomará en cuenta como “víctima” al ofendido por el delito o a su cónyuge, herederos o tutores cuando el delito le haya ocasionado la muerte. (InfoGEI) Mg