La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley una reforma integral en la Justicia Laboral para lograr celeridad para los juicios de trabajo.

La ley pretende triplicar la capacidad operativa del fuero al convertir en juzgados unipersonales los actuales tribunales y crea una instancia de apelaciones que antes no existía.

En una sesión donde asomaron algunos coletazos de la aprobación en el Congreso del presupuesto 2019, los legisladores kirchneristas ubicaron en sus bancas imágenes con las caras del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal con la bandera de Estados Unidos.

El proyecto -parte de una reforma judicial enviado a la Legislatura por el ministro Gustavo Ferrari- llegó al Senado en abril y luego de varios cambios en las comisiones de trabajo, se aprobó en septiembre con el acompañamiento de los senadores del Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el PJ dialoguista.

En Diputados la votación fue distinta. Cambiemos bajó el texto al recinto para aprobarlo sobre tablas, salteando las comisiones de trabajo. Por eso, el debate en el recinto pasó por ese lado por la falta de discusión del proyecto.

El bloque de Unidad Ciudadana fue el primero en lanzarse con fuertes críticas. "Para sacar una declaración de interés legislativo o declarar a un ciudadano ilustre nos piden que tenga despacho de una comisión, pero esta reforma sale sin discusión. Esta cámara es un circo mediático", dijo Susana González, una diputada que responde a Mario Secco (Ensenada).

El Frente Renovador votó partido. Pablo Garate adelantó que votaría en contra aunque el resto de la bancada votó a favor. Garate también criticó el tratamiento "exprés" del proyecto y consideró que "la ley no va a tener muchas cosas buenas para los trabajadores".

En tanto, Jorge D'Onofrio planteó el voto positivo del resto del bloque y recordó que en los Tribunales familiares se hicieron las mismas modificaciones con resultados positivos. Sin embargo, planteó dudas en la implementación en cuanto a los costos económicos. "Me parece fantástico que se filmen todas las audiencias como dice el proyecto, pero van a tener que contratar o capacitar personal.

Por su parte, Alejandra Martínez, del flamante Frente Amplio Justicialista, rechazó el proyecto por que su bancada -que no tiene legisladores en el Senado- no pudo ver el expediente y dijo que "las leyes tienen que pasar por las dos cámaras". Martínez además, chicaneó a Unidad Ciudadana por votar distinto que en el Senado.

El proyecto se aprobó con 63 votos positivos, 22 abstenciones y cinco negativos, en una votación nominal.

El punto central de la propuesta pasa por transformar los actuales tribunales de Trabajo en juzgados unipersonales. Es decir, que se triplicará la capacidad operativa del fuero al pasar de salas compuestas por tres jueces a otras donde el proceso será atendido por un solo magistrado.

Además, se crea una instancia de apelación propia, una novedad absoluta para el fuero laboral, donde actualmente una sentencia desfavorable solo puede ser recurrida ante la Suprema Corte, que no siempre recoge los pedidos de las partes. De este modo, cualquier decisión de los nuevos juzgados laborales podrá ser apelada ante una instancia superior, antes de llegar al máximo tribunal.

Cambios en la selección de jueces

Durante la sesión se aprobó una ley que establece que quienes aspiren a ser jueces deberán cursar antes en una "escuela judicial". El objetivo es alcanzar mayores estándares de calidad y transparencia.

La nueva legislación abarca a postulantes a puestos de magistrados e integrantes del Ministerio Público de la provincia. El fin de la misma es que los candidatos lleguen con conocimientos jurídicos y se asegure un seguimiento y perfeccionamiento, garantizando así que accederán los mejores promedios. El nuevo requerimiento comenzará a regir a partir del año 2021.

El proyecto contó con el apoyo del Frente Renovador, pero encontró resistencia en Unidad Ciudadana. La diputada de La Cámpora, Lucía Portos, consideró que la idea de la "escuela judicial es buena", pero se mostró muy crítica con la iniciativa porque permite hacer convenios con instituciones públicas o privadas. "La verdadera motivación es privatizar la selección de jueces y juezas", consideró.