Tres días después de anunciarlo ante la Asamblea Legislativa, María Eugenia Vidal firmó el decreto que obliga a todos los funcionarios del Gobierno, policías con rango jerárquico y penitenciarios, a presentar declaración jurada de bienes. “No vine aquí para hacerme rica”, había prometido la gobernadora. Pretende que quienes la acompañan no utilicen el paso por el Estado para terminar afortunados.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto 116 que fija las características y el formato de la exigencia para la gobernadora, ministros, secretarios, responsables de empresas estatales, entes descentralizados y autárquicos. Directores, gerentes y personal que tiene a su cargo habilitaciones, compras y las concesiones de las empresas de servicios públicos integran el plantel que deberá exhibir sus acervos. También para personal policial con cargo de subcomisario en adelante y el equivalente del Servicio Penitenciario.

La decisión de Vidal intenta marcar una diferencia con las gestiones anteriores. Daniel Scioli hizo público su patrimonio sólo después de las PASO de 2015, porque lo requiere la Ley Electoral. Antes, se había negado a presentarla por pedido de Poder Ciudadano, una ONG. Y tampoco había prosperado un proyecto de ley de Etica Pública en la Legislatura: la votaron los senadores y en diputados La Cámpora dejaron pasar 15 meses sin tratamiento en comisión y perdió estado parlamentario.

En 30 días, todos los responsables políticos de áreas de gobierno tendrán que detallar su patrimonio en un formulario que se presentará ante la Escribanía General.

La disposición establece que en el formulario debe constar la misma información que exige la AFIP para la declaración de Ganancias y Bienes Personales. La planilla que deberán completar los funcionarios incluye inmuebles; bienes muebles registrables; joyas, objetos de arte, inversiones, dinero en efectivo y depósitos bancarios, créditos, ingresos por su tarea pública o por rentas y también las deudas.

Además será obligación detallar los mismos bienes que estén a nombre de los cónyuges o convivientes y de los hijos menores no emancipados. Una tarea extra para contadores y auditores en los próximos días.

Es que en caso de incumplimiento de los plazos, los funcionarios podrían ser sancionados.

En La Plata evalúan que son más de 3.000 los agentes públicos con cargos de responsabilidad en el Estado provincial. Y un número cercano a 20.000 son los oficiales superiores de las fuerzas de seguridad que también tendrán que empezar a detallar y hacer públicos sus patrimonios. Es un dato que ya provoca inquietud en sectores policiales y pentienciarios. Más cuando la medida coincide con un caso escandaloso: la detención de un policía de La Plata acusado de participar del robo a la vivienda del intendente, Julio Garro. Era su vecino en el exclusivo country Grand Bell, de la capital provincial. Pagaba 40 mil pesos de alquiler, 7 mil de expensas y cobraba poco más de 18 mil como policía.

Otros sectores de la política también se preparan para quedar expuestos a esta obligación. En su discurso de apertura de sesiones, Vidal pidió al parlamento “que acompañen la medida”.

Esta semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini (Frente Renovador) anticipó que si Vidal presenta un proyecto para que el decreto 116 tenga formato de ley, los legisladores también “deberían quedar abarcados por esa obligatoriedad”. Según la explicación del diputado “no podemos votar esa exigencia para funcionarios y no hacerla extensiva a los integrantes de este cuerpo”.