La Legislatura bonaerense podría aprobar entre hoy y mañana un proyecto de ley que obliga a los diputados y senadores provinciales a publicar sus declaraciones juradas, tal como hasta ahora lo hacen los funcionarios del Poder Ejecutivo, policías y guardiacárceles de la provincia, en virtud de tres decretos de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En uno de esos decretos, a principios de 2016, Vidal ya había "invitado" a intendentes y concejales a adherir a la obligación de dar cuenta de su patrimonio, algo que no todos los municipios hicieron. Pero el proyecto de ley que se intentará votar hoy en la Cámara de Diputados y mañana en el Senado extiende la invitación a otros dos sectores: gremialistas y empresarios.

En su artículo 2°, el proyecto aclara que la ley alcanza "con carácter imperativo" a los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo; "por adhesión" a los funcionarios municipales; y por "sometimiento voluntario" a los miembros de "los cuerpos colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos".

"Estamos invitando a los gremialistas a que se sumen: no deberían tener nada que ocultar", señaló a LA NACION el senador Walter Lanaro (Cambiemos), autor de la iniciativa junto al diputado Maximiliano Abad (Cambiemos). "Todos los que defendemos o representamos intereses colectivos deberíamos dar cuenta de nuestras acciones: eso incluye a políticos, pero también a gremialistas, empresarios y jueces", completó.

Jueces en la mira

La mención a los jueces no es casual. Cambiemos y la oposición confeccionaron varios proyectos de ley que extienden la obligación de publicar las declaraciones juradas a los jueces y fiscales. Pero las dudas sobre la constitucionalidad de "avanzar" sobre otro poder, más el lobby de los magistrados, frenaron los intentos hasta ahora. Existe una puja subterránea entre la gobernación y la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que jueces y fiscales publiquen sus declaraciones juradas. Vidal quiere que lo anuncien este año.

Desde los tribunales advierten que sólo la Corte puede decidir un nuevo régimen de declaraciones juradas y que el tribunal trabaja en esa reforma desde diciembre de 2016. Pero no parecen compartir el apuro de Vidal ni del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

Hoy, los jueces bonaerenses están regidos por una acordada de 1981, que los obliga a presentar sus declaraciones juradas al ingresar al cargo y a renovarlas cada cinco años o cuando modifican su patrimonio. Pero no se prevé un mecanismo de acceso público, salvo que el interesado denuncie penalmente al magistrado y presente pruebas.

Con la nueva composición de las cámaras, Cambiemos tiene los números para aprobar la ley. La oposición podría exigir que se traten otros proyectos más abarcativos, que regulan también los regalos que reciben los funcionarios y, sobre todo, la creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política, previsto por la Constitución provincial.

Ese tribunal, autónomo y autárquico, fue frenado el año pasado por el oficialismo, que prefirió crear una oficina anticorrupción, pero bajo la órbita de la gobernación.