La magnitud sorprende: se trata de unos 500 countries, barrios cerrados y clubes de campo que no están "dados de alta" (no cuentan con la factibilidad) ante ARBA , la agencia de recaudación bonaerense, que conduce Gastón Fossati. Algunos, porque efectivamente están en obras, pero la mayoría, por demoras burocráticas del Estado o maniobras dilatorias de los desarrolladores.

Es la mitad de los mil countries que existen en la provincia. ARBA estima que, en total, unas 50.000 viviendas de estos emprendimientos privados tributan menos por esa situación irregular. Hay casos extremos: urbanizaciones enteras que están terminadas desde hace una década o más y siguen figurando como terrenos rurales o baldíos. Por lo pronto, ARBA ya fiscalizó satelitalmente 411 complejos. De esa cifra, 60 están ubicados en Pilar; 43, en La Plata; 39, en Tigre; 28, en Escobar; 21, en Ezeiza, y 20, en San Isidro. Los otros 200, en otras zonas de la provincia.

En la administración bonaerense calculan que si en la actualidad se recaudan unos $2000 millones por el impuesto inmobiliario que pagan los complejos que están regularizados, sería similar el monto que ingresaría adicionalmente cuando se incorporara a los infractores.

"Las propiedades de los countries que no tienen el final de obra continúan tributando con la categoría que tenían antes de desarrollarse la urbanización: la mayoría aparece como terrenos rurales y no con el valor de la parcela que ARBA asigna a cada country. Eso no solo significa una desigualdad frente a los contribuyentes de otras urbanizaciones privadas que sí tienen la factibilidad, sino, sobre todo, un perjuicio para el Estado y los bonaerenses", afirmaron a LA NACION fuentes del gobierno de María Eugenia Vidal .

El valor de cada parcela de los countries y clubes de campo es más alto que el de otros inmuebles urbanos y rurales porque incluye, en distintas proporciones, las cuotas correspondientes a los predios comunes dentro de esas urbanizaciones, como parques, piscinas o canchas de golf. A modo de ejemplo, en ARBA señalaron un country del sudoeste del conurbano que no tiene el "alta" oficial y tributa $2,9 millones por año por el impuesto inmobiliario. Si estuviera categorizado como edificación urbana, debería pagar $6,5 millones. "Pero si estuviera dado de alta como country, debería tributar diez veces más: $28 millones al año", indicaron.

Para remediar esta situación, la gobernación bonaerense apura un proyecto de ley que modifica la metodología evaluatoria de ARBA frente a los countries. "La modificación normativa que impulsamos busca sincerar la situación de los nuevos emprendimientos urbanísticos para otorgarle mayor equidad y progresividad al sistema tributario", señaló Fossati a LA NACION.

"Independientemente del avance del trámite burocrático para obtener la factibilidad del country, que muchas veces demora el propio Estado, este proyecto va a permitir que ARBA pueda determinar el avance real de obra en cada urbanización con solo una inspección ocular", agregó Marcelo Daletto (Cambiemos), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y firmante del proyecto.

A partir de esa inspección, ARBA podrá determinar el avance de las obras comunes e individuales de cada barrio privado y asignar un valor de referencia para la parcela prototípica de cada emprendimiento: del 25%, 50% o 75% sobre el valor final, según el caso.

Ayer, los funcionarios de ARBA explicaron los alcances del proyecto a los diputados de la Comisión de Presupuesto, y la recepción fue buena en la oposición: desde el massismo hasta el kirchnerismo lo vieron con buenos ojos. Sobre esa base, el oficialismo espera que el proyecto avance y logre la aprobación de Diputados en la última semana de este mes. En el Senado, Cambiemos tiene amplia mayoría para convertirlo en ley apenas se cumpla el trámite anterior.