María Eugenia Vidal decidió profundizar su resistencia al traspaso de AySA, las distribuidoras eléctricas y los subsidios al transporte y carga contra los gobernadores del peronismo federal que impulsan esa iniciativa como un modo de minimizar el costo del ajuste fiscal en sus propios distritos.

Para eso, ordenó a su operador parlamentario, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, a presentar un proyecto de repudio a la propuesta del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El cordobés había propuesto traspasar la compañía de agua y saneamiento AySA; las distribuidoras eléctricas, Edenor y Edesur; y los subsidios al transporte al ámbito bonaerense y porteño para que esas dos jurisdicciones asuman el financiamiento correspondiente, lo que aliviaría las arcas nacionales.

En las próximas horas ingresará a la Cámara Baja un proyecto de declaración que tendrá un objetivo simbólico y político: sumar a la oposición al rechazo a la propuesta de Schiaretti.

Desde el gobierno aseguran que la propuesta de Schiaretti ‘dejaría a la provincia peor que cuando la agarramos'. Además destacan que tendrá un impacto directo en los municipios, por que sería el final de la obra pública.

Desde el gobierno aseguran que el bloque que responde a los intendentes liderados por Martín Insaurralde y el Frente Renovador de Sergio Massa aseguraron el respaldo a Vidal para resistir el traspaso.

"La propuesta de Schiaretti dejaría a la provincia peor que cuando la agarramos", dijo a LPO una fuente de La Plata.

El diagnóstico coincide con los números que había adelantado este medio y que aseguraban que el traspaso de esos servicios a la provincia y la ciudad significan unos 100.000 millones de pesos, un 25% del ajuste que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es que sólo los subsidios destinados al financiamiento de la tarifa tanto en la provincia como en CABA representan unos 60.000 millones de pesos anuales.

Desde el gobierno de Vidal afirman que eso tendrá un impacto directo en los municipios y aducen que "sería el final de la obra pública".

El massista Ricardo Lissalde (izq.) y Manuel Mosca en Roque Pérez.

En busca de sumar apoyos, Mosca toma el tema en términos de defensa de la provincia más allá de los colores políticos. Ayer, en Roque Pérez, en el marco de una gira por la provincia para contener a los intendentes, el diputado aseguró que "todo el arco político de la Provincia fue muy generoso y demostró una enorme unión a la hora de acompañar el reclamo de la Gobernadora, para recuperar el Fondo del Conurbano, porque sabemos que esos son los recursos que durante años nos quitaron a los bonaerenses".

Y agregó que "algunos gobernadores pretenden que los bonaerenses volvamos a perder lo que durante años nos robaron por el Fondo del Conurbano". En la recorrida también estuvo el diputado massista, Ricardo Lissalde.

Vidal ya obtuvo el respaldo de dos intendentes opositores. Así, Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Juan Zavaleta (Hurlingham) salieron a rechazar la propuesta de Schiaretti.

Se sabe que Vidal viene reuniéndose desde hace semanas con intendentes peronistas. La Gobernadora busca que los alcaldes rechacen en público la transferencia de AySA, las distribuidoras eléctricas y los subsidios al transporte.

El tema generó luces de rojas en el gobierno de Vidal, donde lo que más le preocupa no es el traspaso de Aysa ni el de las empresas distribuidoras de energía. El punto nodal de las preocupaciones pasa por el transporte donde los subsidios para la provincia y CABA alcanzan los 60.000 millones de pesos anuales.

Por caso, es inusual desde la llegada de Vidal al gobierno que la Legislatura se expida contra un gobernador peronista. Según trascendió, la imagen de un eventual segundo mandato en condiciones incluso más duras que las que viene transitando, agitaron en la provincia los rumores de cierto desencanto profundo de Vidal, que incluso estaría revisando la idea de buscar su reelección. Esto a su vez dio pie a las versiones de su candidatura a vicepresidenta en el 2019.