En paralelo a la negociación -infructuosa por ahora- que María Eugenia Vidal mantiene con la Casa Rosada para recuperar parte de los 25.000 millones que le costará hacerse cargo del transporte y la distribución de energía, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, tiene avanzado el presupuesto de la provincia para el año próximo.

 

Desde La Plata aseguran que se esperará hasta el final de esas negociaciones con Nación para pulir el cálculo de gastos y recursos del gobierno bonaerense que se estima rondará en los 900.000 millones de pesos.

 

Es que sólo cuando se apruebe el presupuesto en el Congreso se tendrá una certeza plena del impacto del ajuste que deberá afrontar la provincia, una situación que está llevando al extremo la tensión entre Vidal y Mauricio Macri, como reveló LPO.

 

Por eso, la estrategia del presidente de Diputados, Manuel Mosca, será la de unir a la oposición detrás del reclamo de la Gobernadora. Lo que buscarán plantear es que la víctima es la provincia de Buenos Aires, que es la más afectada en la discusión por el presupuesto nacional y la que tiene que pagar el ajuste.

Interna precoz

 

Ese es el camino que tomará Cambiemos para aprobar el presupuesto. "El objetivo será que los intendentes no pierdan, pero tenemos que ser conscientes que es la provincia la que está garpando el ajuste", dicen en el gobierno.

 

Por el lado de los intendentes aseguran que siempre existió voluntad histórica de ese sector de acompañar el presupuesto del Ejecutivo. La aseveración es correcta, toda vez que en esa negociación parlamentaria, los alcaldes consiguen pescar obras para sus distritos.

Diego Bossio, Rosana Bertone, Manuel Mosca y Sergio Massa en Bahía Blanca.

 

Pero esta vez, más allá de las obras hay dos puntos que son centrales en las preocupaciones de los intendentes. Uno es la tarifa social: quieren asegurarse que la provincia absorba la totalidad de ese costo y que no haya mayor impacto en los usuarios.

 

El otro es el transporte y la inquietud va en el mismo sentido: lograr un compromiso que el boleto de colectivo no se disparará durante el año.

 

Pero, quizás como antesala, hay dos temas que asoman como los más conflictivos en el presupuesto de Vidal: uno es el monto de los permisos de endeudamiento que pedirá Lacunza a los legisladores. El otro es el porcentaje del Fondo Educativo que quedará afectado a obras de infraestructura en las escuelas.

 

Sobre este último punto, se sabe que será uno de los tópicos más calientes en las negociaciones. La pelea que, se viene reeditando en los últimos años, es qué porcentaje de ese fondo que reciben los intendentes tiene que ser afectado a obras de infraestructura en las escuelas. Sucede que en la práctica muchos intendentes lo usan para otros fines.

 

En el texto inicial del proyecto de presupuesto para 2018 se obligaba a los alcaldes a destinar el 85% de ese fondo a infraestructura escolar. Pero luego de duras discusiones, la Gobernadora aceptó finalmente bajar al 50% esa obligación para los intendentes del Conurbano y al 40% para los del interior.

 

El fondo educativo fue creado en 2005 y establece una asignación específica de recursos a las provincias que a su vez coparticipan a los municipios. Los gobiernos provinciales tienen facultades de administrar ese fondo que para el año pasado giró unos 4.700 millones de pesos.

 

La discusión de fondo es el uso que los intendentes dan a esas remesas. Fuentes del oficialismo explican que muchos intendentes lo utilizan para pagar salarios.

 

Este año, la situación de las escuelas es un tema central en la agenda, en especial después de la explosión en Moreno que dejó dos víctimas fatales. En el gobierno creen que los intendentes no tendrán margen para discutir los destinos de esos fondos. Una versión que trascendió es que si no aceptan bajar ese porcentaje se puede avanzar en congelar el monto.

 

Por el lado de los intendentes se preparan para la batalla. "Vidal usa el 98% de ese fondo en pagar salarios, pero nos exige a nosotros que lo usemos todo en infraestructura", dijo a LPO un diputado de la bancada que responde a los alcaldes del PJ.

Por lo pronto, el jefe de los senadores de Cambiemos en el Senado, Roberto Costa, avanzó con un proyecto para solicitar informes a los 135 distritos y establecer cuánto dinero se recibió en lo que va del año del Fondo Educativo y en qué se invirtió en cada caso.

 

En cuanto a los permisos de endeudamiento, estos fueron el epicentro de la rosca legislativa desde que Cambiemos llegó al poder en la provincia. En los tres primeros presupuestos de Vidal estas autorizaciones fueron clave para salir a buscar fondos frescos para la obra pública. Para 2016, los legisladores aprobaron una autorización por 60.000 millones; para 2017 fue de 52.000 millones y para este año de 58.890 millones.

 

Claro que los vaivenes financieros de este año, hicieron que Lacunza tome apenas la mitad de la deuda autorizada. Por eso -y aunque todavía tienen plazo para tomar deuda en el exterior o en el mercado interno, la oposición hará hincapié en los problemas de este año para salir a buscar fondos.

Por lo pronto, en La Plata esperan que se defina el presupuesto nacional. Lacunza fue determinante con algunos legisladores que tomaron contacto con Lacunza para empezar a definir los números de la provincia: "cuando se apruebe en el Congreso lo cierro y arrancamos las conversaciones", les dijo.