Victoria entra en emergencia fiscal

Victoria.— Sorpresivamente, el Ejecutivo municipal de esta ciudad anunció que esta semana emitirá un decreto de emergencia fiscal que tendrá vigencia hasta julio, el cual implicará despidos y ya se habría prescindido de 30 jornalizados y algunos contratados. Referentes políticos cuestionaron el manejo de las cuentas y de la inversión y opinan que las restricciones no deberían afectar a los que menos ganan.
La medida, que respondería a una reducción de la coparticipación provincial y a la caída de la recaudación impositiva, preverá además la paralización de sueldos de funcionarios y postergación de discusiones y mejoras salariales, la reducción de horas extras, de gastos de coordinaciones, el cese de contratos y establecerá un régimen de mesura en el uso del teléfono y de combustible, según anticipó el intendente César Garcilazo.

El mandatario aclaró que la emergencia "no afectará a los trabajadores porque su salario mínimo, básico, se está cumpliendo", aunque alcanzará a los jornalizados por la restricción en la obra pública, por lo que se prescindirá de parte de ese personal.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Hacienda, Víctor Sanzberro, adelantó que se congelará el sueldo del intendente y todos los funcionarios por un año, se pedirá a cada secretaría que proponga medidas para achicar el gasto en su área y se contempla la fusión o eliminación de direcciones y coordinaciones.

Opositores. Tras los anuncios, la dirigencia local del Partido Socialista fue una de las primeras en manifestarse en contra de "cualquier intento de ajuste a costa de los sectores más vulnerables. Lamentamos que desde el justicialismo continúen aplicando indignas políticas para usar a la gente con fines electorales, y hasta inventan puestos y automáticamente se los despide cuando no hay presupuesto para sostenerlos", expresó en un comunicado.

"No previeron que las cosas podían cambiar. Hicieron todo lo que no hay que hacer: aumentaron personal jornalizado, celebraron contratos altísimos, crearon reparticiones, sobredimensionaron la obra pública y ahora se debe pensar en la realidad. Esto es producto del mal manejo de la cosa pública", opinó el presidente del partido, Darío Rivero.

El radicalismo también se expidió en el asunto. "Hace 30 días estaba todo fantástico y ahora nos encontramos con esta medida que sorprende porque desconocemos los motivos que originaron esta medida del Ejecutivo", expresó la concejala Ana Schuth.

Al respecto, el titular de la UCR local, Jorge Aguis, también acusó sobre falta de previsión: "Creyeron que la época de vacas gordas era sustentable en el tiempo y crearon una estructura como si esa situación excepcional de ingresos fuera para toda la vida".

Unilateral. "Esta gestión siempre toma posturas unilaterales sin que tenga en cuenta la opinión de otros sectores. No podemos permitir que la variable de ajuste pase por los trabajadores", dijo Carlos Almada, secretario general de Festram en Entre Ríos y diputado provincial por Victoria.

Para el legislador la baja en la coparticipación durante enero fue recuperada en la remesa de febrero, y así desestimó este argumento para declarar la emergencia. Recordó el aumento de tasas este año de casi un 100 por ciento y concluyó que al municipio no ingresan fondos de menos, por lo que "ésta es una avivada", advirtió el dirigente.

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