Una semana de plazo. El vicerrector, José García, pretende cerrar el capítulo de las viviendas de Horco Molle antes de fin de mes. A cargo del rectorado hasta el 3 de agosto (Alicia Bardón está de licencia), García le ordenó al equipo de Asuntos Jurídicos que apure el sumario administrativo y que defina cómo se va resolver la situación de las viviendas del predio y del resto de Residencias Universitarias.

El sumario es la fase final de un proceso que comenzó con una auditoría a la dirección de Residencias Universitarias (DGRU) en 2014, cuando asumió la nueva gestión. En noviembre de 2014 el informe de la auditoría confirmó varias irregularidades en la adjudicación de las viviendas del predio universitario y advirtió otras falencias en cuanto a la administración y generación de recursos. Señaló que de las 36 casas, al menos 16 estaban siendo ocupadas y no se pagaba por su uso. También expuso que había habitaciones de la residencia universitaria que estaban ocupadas como depósito o como vivienda para empleados.

Además, LA GACETA publicó un informe (previo a la auditoría) realizado por la DGRU que señalaba que en 2013 la UNT había perdido $ 375.000 por alquileres no cobrados y más de $ 600.000 por eventos gratuitos. Ese informe dejó por escrito que las autorizaciones que habilitaban esto eran realizadas por las autoridades (rectores) de la gestión anterior.

Sin embargo, la situación prácticamente no se modificó en estos dos años. Se enviaron intimaciones a algunos “inquilinos” que no pagaban y tres cartas documento a Adriana Marín (docente), Luis Antolini (presidente del Colegio de Ingenieros Civiles) y Mauricio Argiró (ex secretario de Bienestar Universitario). Pero ninguno devolvió la vivienda.

“Cuando empezamos (esta gestión) no había forma de desalojarlos porque muchas casas se habían adjudicado de manera irregular”, explicó el vicerrector, quien reconoció que rectores anteriores se tomaron la atribución de prestarlas. Esta fue una de las razones por las que se decidió en marzo de este año aprobar un reglamento de uso, el primero en 60 años. Durante décadas las viviendas fueron entregadas sin que mediara un acta acuerdo, pese a que esa herramienta existía. “No pueden existir nichos en la UNT donde un rector decida sobre el patrimonio de la comunidad”, reflexionó.

García aseguró que acatarán todo lo que indique Asuntos Jurídicos y que se revisará caso por caso. “Hay que cobrar toda la deuda. Aquel que vivió sin pagar, que pague”, señaló el vicerrector y aseguró que incluso se revisará qué secretarías o dependencias tienen adjudicadas viviendas y para qué las usan.

El listado que publicó LA GACETA hace unos días de quienes figuran, según las planillas de la UNT, como ocupantes que adeudan las cuotas de mantenimiento generó gran revuelo interno. Las últimas planillas de 2016 contenían nombres que venían repitiéndose en las de años anteriores que incluían al dirigente de los no docentes, Hugo Morales, al camarista federal, Ernesto Wayar, al ex funcionario universitario, Argiró, al actual secretario de Bienestar Estudiantil, Sergio Aragón, entre otros. “En la UNT no puede existir ningún intocable. Incluso si vino pagando también se va revisar bajo qué esquema está adjudicada la vivienda”, añadió García.

El dictamen de Asuntos Jurídicos será crucial, incluso García adelantó que hasta podría derivar en planteos judiciales. No solo por posibles desalojos, sino también en caso de que se compruebe que el inmueble sufrió daños o que faltan bienes.

 

SAN JAVIERLa auditoría alcanza a 33 inmuebles másEl resultado del sumario también abarcará la situación de las viviendas de San Javier, adelantó el vicerrector. Dijo que las irregularidades no son tantas, pero que también se revisará a quienes se les han adjudicado las viviendas. En especial qué áreas de la UNT tienen casas bajo el concepto de uso institucional. En San Javier hay 33 inmuebles, pero en condiciones sólo hay 26. De esas, alrededor de 20 están disponibles para sorteo y seis están adjudicadas de manera permanente a algunas secretarías o a los rectores. También confirmó que se llamará a licitación para el bar y la casa 8, una vivienda más grande que el resto y que puede alojar 20 personas.REACCIÓNSe rompió un lapso de extenso silencioEl vicerrector, José García, rompió con varios días de silencio por parte de las autoridades de la UNT respecto del escándalo que generó el informe sobre la utilización irregular de las residencias de Horco Molle. Agrupaciones de estudiantes, docentes y representantes diversos de los estamentos universitarios habían repudiado la actitud de los ocupantes y de las autoridades de la UNT, que habían permitido que se utilizaran sin control los inmuebles universitarios. Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad se había pronunciado oficialmente para dar a conocer su visión sobre lo sucedido y para explicar qué medidas se iban a tomar.

 

SAN JAVIER

La auditoría alcanza a 33 inmuebles más

El resultado del sumario también abarcará la situación de las viviendas de San Javier, adelantó el vicerrector. Dijo que las irregularidades no son tantas, pero que también se revisará a quienes se les han adjudicado las viviendas. En especial qué áreas de la UNT tienen casas bajo el concepto de uso institucional. En San Javier hay 33 inmuebles, pero en condiciones sólo hay 26. De esas, alrededor de 20 están disponibles para sorteo y seis están adjudicadas de manera permanente a algunas secretarías o a los rectores. También confirmó que se llamará a licitación para el bar y la casa 8, una vivienda más grande que el resto y que puede alojar 20 personas.

REACCIÓN

Se rompió un lapso de extenso silencio

El vicerrector, José García, rompió con varios días de silencio por parte de las autoridades de la UNT respecto del escándalo que generó el informe sobre la utilización irregular de las residencias de Horco Molle. Agrupaciones de estudiantes, docentes y representantes diversos de los estamentos universitarios habían repudiado la actitud de los ocupantes y de las autoridades de la UNT, que habían permitido que se utilizaran sin control los inmuebles universitarios. Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad se había pronunciado oficialmente para dar a conocer su visión sobre lo sucedido y para explicar qué medidas se iban a tomar.