Vialidad Nacional informó ayer a la Justicia que el presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez , obtuvo contratos de obra pública por al menos $ 21.600 millones durante la última década. El monto equivaldría a unos US$ 2300 millones al tipo de cambio vigente al momento de cada transferencia, de los que el empresario se habría quedado con US$ 1000 millones que no se tradujeron en obras concretas, según reconstruyó LA NACION.

El informe de Vialidad fue enviado a la fiscalía de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes impulsan la investigación sobre si parte de esos fondos que recibió Báez por la obra pública terminaron en los bolsillos de los Kirchner a través de la operatoria hotelera y los alquileres de sus inmuebles.

Vialidad detalló además las presuntas irregularidades que detectó en las obras otorgadas a las empresas de Báez en al menos tres rutas nacionales: la 3, la 40 y la 288. Entre otros, por presuntos sobreprecios, facturaciones apócrifas, cobros por adelantado de tramos no construidos y movimientos de suelos inexistentes y otras supuestas maniobras.