El veto presidencial exige control

Por: Andrés Gil Domínguez

PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA, UNIV. DE SALAMANCA)

El control de constitucionalidad no puede dejar de operar frente a un veto que podría obviar toda clase de argumentación de la Carta Magna o desconocer la legitimidad de un Parlamento que convirtió en ley exigencias éticas y jurídicas.

Una de las características que presenta un sistema presidencialista es la facultad que posee el titular del Poder Ejecutivo -en el marco del proceso de formación de las leyes- de vetar un proyecto de ley que fue sancionado por el Congreso como producto de un proceso de deliberación. Una vez consumado el veto al texto legal, el Ejecutivo reenvía el proyecto al Congreso (a la Cámara de origen en un sistema bicameral o a la Legislatura respectiva en un sistema unicameral), para que éste -en un determinado plazo y reuniendo mayorías agravadas- insista con el mismo para que pueda convertirse en ley.

El veto puede ser total con reenvío, parcial con reenvío y parcial con reenvío y promulgación parcial de la parte no vetada en la medida que se cumplan determinados requisitos de habilitación constitucionalmente establecidos (por ejemplo: el artículo 80 de la Constitución argentina impone como pauta autorizante que las partes no vetadas que se promulgan tengan "autonomía normativa" y no alteren "el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso).

¿Es susceptible el veto de ser sometido al control de constitucionalidad? En el marco de un Estado constitucional de derecho la respuesta es afirmativa.

En primer lugar, por cuanto una de las principales características del mencionado paradigma es la obligación que posee el Poder de tener que argumentar constitucionalmente las decisiones que adopta. Es que el Estado constitucional de derecho supone el sometimiento completo del Poder al Derecho (a la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza) y esto implica un incremento cualitativo y cuantitativo de la exigencia de justificación de los órganos públicos (y mucho más cuando se trata de limitaciones a los derechos fundamentales y a los derechos humanos).

En segundo lugar, si las leyes con la fortaleza de su legitimidad deliberativa son pasibles de ser sometidas al control de constitucionalidad, el veto -que no emerge de ningún proceso de debate racional- no puede quedar al margen de dicho control. En este sentido, desde una óptica argumental formal, para que sea verdadera la conclusión que enuncia que el veto no es susceptible de revisión judicial, la premisa que opera como punto de partida del razonamiento deductivo debe sostener que en el marco del sistema de fuentes el veto tiene mayor jerarquía normativa que las leyes; lo cual en el sistema de fuentes de un Estado constitucional de derecho es falso.

En tercer lugar, en la opción control de constitucionalidad del veto o imposibilidad de control, garantiza con mayor fortaleza el sistema de derechos fundamentales y derechos humanos la alternativa que posibilita la revisión judicial de un acto unipersonal que puede impedir la concreción legislativa de dichos derechos.

En cuarto lugar, la actuación del control de constitucionalidad respecto del veto permite que un auditorio social -conformado por la sociedad en su conjunto- observe cómo dos poderes (el Ejecutivo y el Judicial) debaten sobre la adecuación constitucional de los argumentos vertidos oportunamente por el Legislativo al momento de sancionar la ley.

¿Es oponible como fundamento inhibidor del control de constitucionalidad del veto el argumento que sostiene que el Congreso puede insistir con una mayoría agravada, y de esta manera, superar el acto impugnador del Ejecutivo? La facultad que tiene el Congreso de insistir con una mayoría agravada se ubica en la esfera de lo político, mientras que el control de constitucionalidad del veto se encuadra en el campo jurisdiccional.

Que el Congreso tenga la posibilidad de insistencia se asemeja a la potestad que este órgano tiene de poder sancionar una ley que supere las objeciones constitucionales de otra ley que ha sido cuestionada en sede judicial y dicha atribución no impide que se ejerza el control de constitucionalidad de las leyes en el marco de un caso judicial.

En un Estado constitucional de derecho el discurso político del Ejecutivo tiende a someterse a exigencias de racionalidad jurídica y ética que implican exigencias de la razón práctica general. Y es allí donde el control de constitucionalidad no puede dejar de operar frente a un veto que podría obviar toda clase de argumentación constitucional o desconocer la legitimidad de un parlamento que convirtió en ley dichas exigencias éticas y jurídicas.

Andrés Gil Domínguez es autor de Escritos sobre neoconstitucionalismo, Ediar, 2009.

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