Veto, con un costo fiscal mínimo y un impacto político gigantesco

Es difícil aceptar, sin más, que la eliminación y/o reducción de las retenciones en los distritos bonaerenses declarados en desastre o emergencia agropecuaria, es fruto de un error legislativo. La ley sancionada la semana pasada fue votada por unanimidad en ambas Cámaras. Es cierto que la mayor parte de los legisladores debe haber apretado el botón sin haberse tomado el trabajo de leer lo que estaba votando, según usos y costumbres de nuestra azarosa vida democrática. Pero lo que no se digiere es la unanimidad en el desliz. Semejante caballo de Troya no pasa sin la complicidad de alguien del oficialismo. ¿Nadie avisó?.
Cuesta creerlo. En círculos hasta hace poco cercanos al poder kirchnerista, se sospecha que algún legislador K se dio cuenta del brulote, pero igual lo dejó pasar. Señalan, a modo de justificación, que "hay mucha gente muy enojada por el manejo del Gobierno después del 28 de junio". Tendría que ser, obviamente, algun(os) diputado(s) o senador(es) de la provincia de Buenos Aires, que logró la exclusividad en el tratamiento. No quedaron bien parados sus colegas de Santa Fe, por ejemplo, donde la sequía mató miles de vacas y arruinó la cosecha.

Es difícil que haya una causalidad entre dos hechos que impactan en la cuestión agropecuaria: el de la "borocotización" de la senadora Latorre, y este episodio. Pero la coincidencia cronológica es reveladora de una grave crisis institucional, con secuelas de traiciones que involucran al Poder Legislativo. Y al campo. Toma y daca.

En los dos hechos el objeto jurídico a defender, u ofender, es el mismo: la facultad para aplicar derechos de exportación. El artículo 75 de la Constitución establece taxativamente que "Corresponde al Congreso legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación".

La Ley de emergencia reivindica, objetivamente, este precepto constitucional. Con o sin error, con o sin la anuencia de algún diputado o senador oficialista, con o sin picardía por parte de los legisladores del PRO, legisla sobre una cuestión que es claramente del Congreso. No hay impuesto sin ley. Y las retenciones no tienen ley, salvo esta que las reduce o elimina aunque sea temporal y regionalmente. Es un buen principio. Cristina Kirchner ya pagó un altísimo costo político por vetar la ley de Glaciares. Pero si se decidiera a hacer lo mismo ahora, se toparía con un problema jurídico de otra envergadura. Hay quienes interpretan que la paralela delegación de facultades tiene por límite lo que simultáneamente sancionó el Congreso. Es decir, podrá seguir fijando las alícuotas de las retenciones, pero respetando la exención dispuesta por la ley. De lo contrario, el Ejecutivo se arrogaría poderes que van más allá de los conferidos.

Pero esto no parece ser el límite de los Kirchner. Sobre todo, cuando todo indica que prevalece la idea de mantener la tensión con el campo. El costo fiscal de eliminar o reducir las retenciones en el sud bonaerense es mínimo, pero el impacto político es enorme.

Comentá la nota