Una ley vernista termina favoreciendo a marinistas procesados

Políticos, diputados y jueces y otros funcionarios de diversa índole se acogieron al régimen sancionado en 2007. Entre otros, están Agüero, Labegorra, Alvarez, Durango, Iturrioz y la plana mayor del Tribunal de Cuentas.
El número de inscriptos en el régimen de retiros voluntarios que instauró el Instituto de Seguridad Social -ISS- a partir de 2007 supera el centenar. El plazo para los aspirantes se extiende hasta el 31 de diciembre del presente año. El costo financiero se aproxima a los 5 millones de pesos anuales. La nómina incluye a ex funcionarios de toda índole, algunos de ellos procesados por la Justicia provincial, como Elsa Labegorra, Cristina Hidalgo y "Patucho" Alvarez. También aparece Hugo Nelson Agüero, quien fue condenado en los tribunales pampeanos.

El régimen especial de retiros voluntarios fue sancionado por la Cámara de Diputados hace dos años. Se trata de la Ley 2341. Los argumentos de los legisladores para su aprobación descansaban en el necesario recambio generacional de aquellos empleados de categorías altas con muchos años de trabajo, pero sin la edad jubilatoria requerida. Lo cierto es que la mayoría de los 117 ex empleados que adhirieron hasta hoy (otros están en trámite, aunque pocos) son políticos y altos funcionarios de anteriores gestiones gubernamentales que estuvieron años al mando de sus dependencias y algunos de ellos hasta lograron pasar a ser de planta posterior a su función política.

Las encarnizadas internas dentro del PJ llevaron a muchos de ellos, pertenecientes a una línea política, a anotarse, aunque también hay reconocidos profesionales y dirigentes del medio. El primero fue el ex juez Carlos Omar Jorge, en el mes de noviembre de 2007, aunque la mayoría obtuvo el beneficio el año anterior.

¿Salvoconducto?

La ley sancionada en la legislatura provincial el 7 de junio de 2007 da la posibilidad de acogerse a todos los agentes públicos, lo cual incluye a funcionarios conocidos, jueces y profesionales. La realidad indica que a la fecha resultó un salvoconducto que llevó al retiro a varios políticos en problemas con la ley. Otro punto a considerar es que, en su mayoría, aquellos nombres famosos dentro de la política vernácula fueron desde 1983 a la fecha funcionarios de alto rango bajo los gobiernos de Rubén Hugo Marín, Néstor Rufino Ahuad y Carlos Alberto Verna.

La norma alcanza a todos los agentes del Estado provincial, sus reparticiones u organismos descentralizados o autárquicos, municipalidades o comisiones de fomento, excepto el personal policial. El último trámite puede hacerse hasta el último día de 2009. Las exigencias principales son las de tener una edad mínima de 50 años para las mujeres y 55 años para los varones, además de tener un piso de 20 años de aportes a la caja provisional de los agentes públicos, acreditando haber prestado mayor cantidad de años de servicios con aportes con respecto a otros sistemas de reciprocidad.

Sistema de puntaje.

Los puntos requeridos para acogerse son 85 (sumatoria entre edad y años de servicio con aportes), además de haberse encontrado en actividad al momento de publicada la Ley y a la fecha de su solicitud. Para ello deben cesar en toda actividad en relación de dependencia pública en las comunas, en la provincia y en la Nación, salvo en el ejercicio de la docencia universitaria. Para el cómputo del tiempo de servicios con aportes exigidos los años se cuentan sin distinción alguna, es decir, no se toman en consideración las bonificaciones.

Para cumplir el requisito de los 85 puntos pueden computarse también servicios reconocidos por otros regímenes jubilatorios. El haber a percibir es el setenta y cinco por ciento (75%) del ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de las remuneraciones actualizadas sujetas a aportes. El porcentaje del 75% se incrementa en uno por cada año que exceda los 20 de aportes al ISS, hasta un máximo de 95%, conforme a una tabla de porcentajes que se publica con cierta periodicidad en el Boletín Oficial, partiendo del supuesto que el haber del retiro no podrá ser inferior al 75% de haber mínimo jubilatorio.

Es importante aclarar que los retirados por esta Ley continúan aportando al ISS hasta reunir las condiciones para obtener la jubilación ordinaria. Como se explicó, el último plazo de acogimiento es a fines de este año. Los retirados no podrán ingresar o reingresar, ni ser contratados bajo ningún régimen legal por el Estado Provincial, sus reparticiones u organismos descentralizados o autárquicos, municipalidades o comisiones de fomento, con excepción de los cargos electivos o políticos.

A quienes sean designados en estos cargos o continuaren o reingresaren en la actividad privada, se les aplicará el régimen de compatibilidad limitada contenido en el artículo 82 de la NJF 1170 de la Caja Previsional de los empleados. El día que se envió el proyecto de ley a la Legislatura, el gobernador Carlos Verna dijo que "estas condiciones tienen que estar cumplidas al 31 de diciembre del año 2007. La opción, los empleados la podrán hacer hasta el 31 de diciembre del año 2008 y el último plazo para obtenerlo es a fines de éste año".

Hay 1.819 agentes públicos en condiciones de acogerse a aquel retiro voluntario o jubilación anticipada. Muy pocos han accedido, pero una buena parte de los que si accedieron tienen un estándar económico más holgado, por haber sido funcionarios políticos, que los empleados de planta que deben pensarlo dos veces para acogerse a una muy "discutida" ley.

Comentá la nota