Vergüenza judicial: aplazan otro juicio a ex funcionarios

La denuncia por el envío de materiales que nunca llegaron a comisiones vecinales data de 2001, pero el juicio fue postergado ayer por segunda vez. Otra caso vergonzoso para la justicia pampeana.
Si los presuntos sobreprecios en las cloacas de Intendente Alvear -cuyo juicio ¿comenzará? la próxima semana-es la madre de todas las causas penales relacionadas con hechos de corrupción, el caso de las donaciones municipales truchas -cuando el gobernador Oscar Mario Jorge era intendente de Santa Rosa- le pelea el primer lugar en materia de atraso judicial.

Ayer, por segunda vez, fue postergado el juicio oral y público donde están involucrados un ex director municipal y tres empleados de menor jerarquía. Pero lo más alarmante -como si ya ello no lo fuera- es que los jueces de la Cámara en lo Criminal 1, adonde la causa ingresó en 2004, aceptaron una recusación y se apartaron de ella, según confirmaron fuentes tribunalicias.

¿Qué pasó en éstos cinco años para que no hubiera juicio? ¿Por qué tuvieron que esperar tanto tiempo para dar un paso al costado y literalmente "tirarle" la causa a otro tribunal? ¿Se debió a recursos defensivos bien fundados o a meras argucias rayanas con las habituales "chicanas"?

Las donaciones truchas fueron denunciadas públicamente el 17 de mayo de 2001 por los concejales radicales Carlos Koller y Delia Braun. ¿Qué había ocurrido? En épocas de Jorge intendente, desde la Dirección de Asuntos Vecinales, a cargo de Sergio Espinosa, se habrían hecho figurar envíos de materiales a comisiones vecinales que nunca fueron recibidos (puertas, ventanas, alambres, baldosas, etc.).

Espinosa, su ex secretaria Patricia Noemí Polanco, el chofer Daniel Félix Pérez y un empleado del área de Acción Social, Néstor Fabián Marro, son los cuatro imputados que deben ser juzgados por distintos delitos. Los tres primeros por apropiación indebida de caudales públicos y peculado (o sustracción de fondos públicos) en forma continuada y Marro por defraudación a la administración pública. La investigación del entonces juez instructor, Carlos Flores, llegó a la conclusión, prima, facie de que se habrían desviado alrededor de 90.000 pesos-dólares de las arcas comunales. Por el escándalo, Espinosa debió renunciar y a Polanco le quitaron su condición de beneficiaria de un plan laboral provincial que había recibido durante ocho años.

Durante la instrucción, Flores tomó un centenar de testimonios a dirigentes de 40 comisiones vecinales (la gran mayoría testificó que no habían recibido los materiales), empleados municipales y proveedores, dispuso allanamientos y recolectó infinidad de pruebas. Un dirigente se preguntó en la justicia: "¿A usted le parece que podemos necesitar vidrios ingleses?". Esos vidrios figuraban como entregados. Otro agregó: "Aparecían ruedas de carretilla para comisiones que no tenían carretillas..."

Recusaciones.

Los imputados consiguieron zafar nuevamente del juicio por las recusaciones que plantearon los defensores oficiales María Mónica Rivero (Espinosa) y Daniel Sáez Zamora (Marro) y la abogada privada María Blanco (Pérez). Ellos dijeron que los tres jueces, Hugo Díaz, Arturo Tito Fresco y el subrogante Carlos González, no podían realizar el juicio porque ya habían rechazado una nulidad sobre el requerimiento fiscal que había presentado la defensora oficial Laura Armagno, hoy jueza de instrucción.

El tribunal aceptó el pedido y se excusó, señalaron fuentes judiciales. No fue la primera excusión en el expediente. El tercer juez titular de la Cámara, Carlos Novaretto, ya había dado un paso al costado mucho antes, ya que en 2004 fue uno de los que confirmó los procesamientos que Flores le había dictado a los imputados. A él lo reemplazó González. Díaz y Fresco recibieron la causa en febrero de 2005, cuando asumieron como camaristas; o sea que se apartaron recién después de cuatro años y tres meses. Curiosamente, en 2001, Díaz era jueza de instrucción y la denuncia llegó a su despacho, pero se declaró incompetente y por eso recayó en Flores.

Ahora la causa pasará a la Cámara en lo Criminal 2, que está compuesta Abel Depetris, Eduardo Olmos y González (está a punto de ser reemplazado por Carlos Mattei), aunque la fecha del juicio puede ser fijada dentro de meses... o años.

Espinosa, en la indagatoria, defendió a Polanco y perjudicó a Marro y a Pérez. Sostuvo que al asumir en la dirección no había secretaria y que el secretario de Gobierno, Marcelo Díaz, le dijo que "tenía una persona que tenía manejos (sic) y que venía desarrollando tareas en otra área. Me la propuso y yo acepté. Nunca detecté que cometiera irregularidades en el ejercicio de su función", aseveró. Además declaró que nunca autorizó a Marro a "retirar o recibir en su domicilio mercadería adquirida por la dirección" (el imputado se habría construido una parrilla en su casa con materiales de la comuna), ni a Pérez a receptar mercaderías de los proveedores municipales en su domicilio particular.

Este caso obligó a Jorge, no sólo a realizar un enroque de funcionarios, sino a cambiar el sistema de compras, que desde octubre de 2000 pasó a depender de la Dirección de Compras y no de cada director que, hasta ese momento, adquiría bienes y mercaderías discrecionalmente hasta un monto de 250 pesos. Incluso, en ese momento, en la municipalidad se contrataban servicios sin requerir presupuestos.

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