Dan luz verde a un fallo contra la Argentina por US$ 172 millones

La Argentina recibió un nuevo revés en la Justicia internacional. El CIADI, el tribunal del Banco Mundial en el que se acumulan varias causas contra el país, resolvió dar luz verde a la ejecución de un laudo, que estaba suspendido a pedido de la Argentina desde enero de 2008. Son US$ 172 millones de un juicio que el Estado perdió hace dos años contra la estadounidense Sempra Energy, accionista de las distribuidoras gasíferas Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur. La demanda era por la pérdida de valor de las filiales tras la devaluación.
El laudo estaba suspendido porque Argentina había presentado una solicitud de anulación del juicio y, con ella, el pedido de frenar la ejecución. En principio, el CIADI accedió pero puso como condición que el país -por sus antecedentes- depositara US$ 75 millones en una cuenta en custodia, como garantía o "muestra tangible de buena fe de pago futuro".

El Estado nunca entregó ese dinero. Alegó que, si lograba dar vuelta el resultado del CIADI y conseguía la anulación, esa plata iba a dejar de estar en custodia y volvería a ser suya y, muy probablemente, se convirtiera en presa fácil para los bonistas que aún tienen deuda en default y andan por el mundo a la caza de activos de Argentina que embargar.

Este argumento había servido en el caso Enron, pero no convenció al Comité, que "no ve por qué su decisión deba estar influenciada por un deseo de proteger activos de que sean embargados", dice la resolución.

Tras la decisión del tribunal, concretada hace unas semanas, Sempra comenzó a cruzarse notas con la Procuración del Tesoro de la Nación para intentar cobrar. Ya antes había puesto en marcha "medidas ejecutorias" en España y en Francia (hasta quiso embargar la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer).

De todos modos, el Estado tiene varias cartas más para jugar. Por un lado, la semana que viene viajará a Washington el subprocurador, Gustavo Scrinzi, para asistir a la audiencia de anulación del fallo, un proceso que llevará varios meses, dicen en el Gobierno.

Si, finalmente, la Argentina pierde, el Estado tiene un reaseguro que -por el momento- está en stand-by. Es que hace más de un año, el Gobierno firmó con las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Gas del Sur un acta acuerdo. El documento, además de una readecuación de las tarifas, incluía el compromiso de las empresas de dejar indemne al Estado ante eventuales juicios. Así, será la compañía argentina la que le pague al país por la demanda de uno de sus accionistas (el otro es la italiana Camuzzi, que tiene una fuerte interna con Sempra).

El problema es que esa acta acuerdo -que deben rubricar desde Amado Boudou hasta la Presidenta- está frenada. Además, en las distribuidoras dicen que primero el Estado debe pagarle a Sempra para que, después, Camuzzi compense al Estado.

El caso Sempra no es el único que tiene la Procuración entre manos. En octubre se realizará la primera audiencia donde se discutirá el fondo de la cuestión en el juicio que la francesa EdF, ex dueña de Edenor, le hizo a la Argentina.

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