La verdad no puede ser víctima de la política

Por Adrián Ventura

A partir de los setenta, la Argentina con frecuencia mantuvo una relación ambigua y hasta traumática con los derechos humanos: por eso, la aplicación que se haga de las tres nuevas leyes debe ser muy seria, para evitar bastardear nuestra historia y nuestro futuro con mezquindades políticas del presente.

Las normas pretenden darle un contexto a un grupo de causas dolorosas en las que el familiar de un desaparecido busca identificar a un descendiente: establecen cómo puede el juez obtener las pruebas; otorga a las Abuelas, Madres y otras asociaciones la posibilidad de actuar como parte querellante en las causas, y también crea un Banco Nacional de Datos Genéticos. Es esta última ley, la que menos atención mereció, la que desnuda cierta intencionalidad política.

En estos casos, con frecuencia entran en juego un victimario y dos víctimas con intereses enfrentados: la familia apropiadora; el familiar de sangre que busca a su descendiente y aquel niño sustraído, ahora mayor de edad, que no siempre está dispuesto a conocer su verdadera identidad ni a renunciar a la identidad de la familia que lo crió. También está el más vidrioso interés del Estado por establecer la verdadera identidad de aquellas personas, aun a costa de victimizarlas por segunda vez, cambiándoles nuevamente sus nombres e historias personales en aras de una verdad absoluta.

l La primera de las leyes tiene una redacción confusa. Dice que el juez, con prevenciones y garantías, podrá ordenar la obtención de ADN directamente del cuerpo del imputado, mediante una mínima extracción de saliva o sangre, sin poner en peligro la integridad física de la persona. Y si bien el magistrado puede también ordenar que se obtenga el ADN mediante un procedimiento alternativo menos invasivo (como un allanamiento para secuestrar prendas), la ley no descarta el uso de cierta mínima fuerza sobre la persona.

Este tema ya había sido tratado por la Corte en los fallos Gualtieri-Prieto, de agosto último, en el que los jueces, si bien avalaron esos procedimientos de investigación, expusieron los muchos matices que surgen en estas causas. La ley no despejó ninguna duda.

Hace varias semanas, la diputada electa Elisa Carrió calificó la ley de fascista y aseguró que el objetivo era el de perseguir a los hijos de la directora de Clarín , Ernestina Herrera de Noble. Por cierto, ellos nunca se negaron a someterse a un examen de sangre para compararlo con la familia querellante y la Justicia ya decidió cómo se debe hacer ese estudio.

l Pero es la ley que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos la que sí revela cierto trasfondo político: establece que ese organismo actuará como perito oficial exclusivo en las causas judiciales, algo insólito y peligroso: mientras los cuerpos periciales que auxilian a los jueces siempre están en la órbita de la Corte o de las cámaras de apelaciones, la nueva ley, sin vergüenza alguna, establece que el organismo funcionará en el Ministerio de Ciencia y Técnica y sus directores serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

En los denostados noventa, la ley 24.675 dispuso que los peritos judiciales ya no dependieran de la Justicia, sino del Ministerio de Justicia. La Corte, mediante la acordada 60/96, invalidó ese desatino.

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