Verdad y conveniencia III

El Colegio de Abogados sentó su posición frente al proceso que llevó a la detención del abogado Eduardo Cincotta.
Indica como inconstitucional que la acusación se base en la actuación profesional del detenido. En tanto, se pide la nulidad de lo actuado en un procedimiento viciado e inconsistente.

Revisar la historia de la humanidad demuestra que la conspiración en todas sus formas ha sido la responsable directa de cada una de las tragedias colectivas que la han enlutado. La conspiración, junto con la actitud mesiánica de aquellos que han actuado considerando efectivamente que eran capaces de revelar verdades absolutas escondidas al resto de los mortales. Uno y otro vicio de asociación y pensamiento parecen no querer alejarse de una sociedad que dice marchar hacia el progreso.

En cualquier acción judicial, la cuestión no consiste en saber quién es el ciudadano X, sino en determinar qué responsabilidad le cabe efectivamente en los hechos investigados. Y tal responsabilidad es perfectamente invisible detrás de un vidrio esmerilado, atravesado por redes de intereses, asociaciones, venganzas y negocios. La verdad suele no ser amiga leal de la conveniencia.

El 16 de septiembre pasado fue detenido preventivamente el abogado Eduardo Cincotta, por una orden emitida por el juez federal Alejandro Castellanos, que se hacía eco de las denuncias presentadas en los llamados Juicios por la Verdad, que dependen del Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. Se lo acusaba allí de presunta participación en la llamada Noche de las Corbatas, que terminó con la vida de varios abogados de la ciudad, durante julio de 1977.

En una presentación realizada por miembros del Colegio de Abogados, y luego refrendada por el presidente de la entidad, Fernando Román González, se indica que el juez Castellanos ha creado el “delito de pensamiento”, y que sus fundamentos van en contra no sólo de los derechos constitucionales del ciudadano, sino además de las leyes que rigen el ejercicio de la abogacía: “crean la terrible hipótesis de que a todo abogado que actúa como asesor letrado de otra persona debe considerársele delincuente o copartícipe de los delitos que esa persona pueda haber cometido”.

En entrevista concedida a la emisora 99.9, Román González se refirió a la presentación con mucha precaución. Dijo que existían argumentos de Perogrullo, ya que, por ejemplo, se había mencionado la afiliación de Cincotta al MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), como factor de peso acusatorio. “Garantizar el debido proceso es nuestra estrella polar” dijo, a la vez que aclaró que el ejercicio profesional de Cincotta no tenía ni debía tener absolutamente nada que ver con las acusaciones que hubiera sobre el accionar del abogado.

Portación de perfil

El juez Castellanos había afirmado: “Cabe señalar que el informe antes aludido muestra claramente la afinidad ideológica de ultra derecha que se predicaba respecto del imputado Cincotta por parte de los Servicios de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires en el marco de las comunicaciones internas, lo que sumado al estrecho vínculo que el propio imputado reconoció haber mantenido con el jefe máximo de la subzona militar correspondiente a esa jurisdicción –coronel Barda-, así como el rol o actuación de asesor letrado de varios integrantes de la fuerza, lo que determina la conjunción de elementos susceptibles de ser considerados con virtualidad suficiente para identificar al imputado como una persona poseedora de todas aquellas cualidades que las instrucciones requerían para el reclutamiento de informantes”.

Más allá de la redacción deficiente en tanto indescifrable del dictamen, es dable aseverar que el juez está –hablando en buen romance- acusando a Cincotta porque le da el perfil. Dice que reúne las cualidades, en virtud de que había actuado como letrado en cierta causa, de que lo señalaban las fuerzas de inteligencia -vaya dato- y que tenía además un amigo militar. Esta inconsistencia es la señalada por el Colegio de Abogados en un documento expreso.

La respuesta Cincotta ha sido solicitar la nulidad absoluta de lo actuado, en virtud de que las denuncias originales provienen de los dichos de testigos del proceso en que Mario Portela es magistrado. Sucede que, según se documenta extensamente, Portela debió haberse excusado inmediatamente ante tales testimonios, en virtud de que él mismo y Cincotta han sido no sólo socios sino además amigos personales en cierto momento de la vida, vinculados familiarmente y hasta compañeros de trabajo en ámbitos institucionales.

Antes del ingreso de Portela a la magistratura, él y el detenido fueron socios en la actuación profesional en el ámbito privado, y compartieron estudio durante años. En el pedido de nulidad se presentan más de cuarenta documentos a nombre de ambos que prueban esta trayectoria, a la vez que se solicita custodia para el material probatorio.

Se señala además que, luego de que Portela fuera premiado con el cargo de juez, no se retiró formalmente del estudio, sino que su parte pasó a manos de su hija Florencia y su yerno, Néstor Lazcano, quienes actuaban a nombre de Portela que ya era juez, y que existen documentos de sus reclamos de honorarios sobre aquel desempeño profesional conjunto.

La relación histórica no solamente había incluido lo profesional, sino que se detalla una franca y prolongada relación familiar que termina de reforzar aquella incompatibilidad mencionada: en un extenso relato, el acusado menciona las jornadas compartidas por ambas familias en el campo de Labardén de los Portela.

Fueron socios, a la vista del público y bajo cuerda, cuando Portela se escudaba detrás del nombre desconocido de su yerno. Discutieron por la división de honorarios y de bienes posteriores a la separación, cuando Cincotta prueba que Portela obviamente se llevó la mejor parte, a través de un inmueble valuado en unos 90.000 dólares. La única vez que discreparon fue en la ocasión en que Cincotta se negara a patrocinarlo en una desaveniencia económica con Marcelo Abálsamo, su nuevo socio.

Sin embargo Cincotta mantuvo la amistad, y lo apoyó en la campaña política que llevaba a Portela como candidato a concejal por el partido peronista, a punto tal que en dicha campaña se utilizó la camioneta Ford propiedad del hoy detenido, y hay fotos publicadas en la prensa del momento que se sacaron en el estudio del mismo.

Después de tan fluida comunicación y tantos años de amistad con sus idas y vueltas y negocios florecientes para los Portela, que el juez no se haya corrido en el momento oportuno no cierra. Que siga adelante con un proceso inaceptable que llega al juez Castellanos, que termina de ponerle la frutilla a la torta diciendo que lo detiene porque le da el perfil.

La conspiración tiene la curiosa marca de olerse de lejos. Y su principal contra es que obstaculiza con todo el cuerpo el auténtico conocimiento de la verdad. Nadie puede ser detenido porque haya o no defendido alguna vez a Fulano o a Mengano; si así fuera, los que hayan defendido a Videla y a Massera deberían purgar años de cárcel interminables. Defendido y defensor no son entidades asociables en la responsabilidad ante los hechos.

Nadie puede ser acusado por ser amigo de alguien, si no estaríamos volviendo al mismo régimen totalitario que alguna vez detuvo a personas simplemente por aparecer en la agenda de alguien. ¿Cual es la diferencia entre ir preso por ser amigo de un militar, o purgar tormentos por ser amigo de un montonero?

Nadie puede ser detenido, finalmente, porque sospeche de él la agencia de datos más sospechosa de parcialidad de toda la historia argentina: la Dirección de Inteligencia del Estado Provincial. Si sucede, el muerto se asusta del degollado.

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