Venezuela retira a su embajador de Perú

El gobierno venezolano decidió este lunes el retorno de su embajador y evaluar sus relaciones con ese país en señal de protesta al asilo que Lima le otorgó al líder opositor Manuel Rosales
El Gobierno de Hugo Chávez decidió el "retorno inmediato" de su embajador en Perú, como señal de protesta por el asilo que Lima otorgó al líder opositor Manuel Rosales. A su vez, según informó la Cancillería, se evaluarán las relaciones con ese país.

Rosales, alcalde de Maracaibo y uno de los principales opositores al presidente Chávez, solicitó asilo a Perú, alegando ser un perseguido político, algo que fue otorgado.

La cancillería de Venezuela dijo que "a pesar del cúmulo de pruebas, el gobierno del Perú decidió otorgarle el asilo político a Manuel Rosales, una decisión que constituye una burla contra el Derecho Internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el Pueblo de Venezuela". "En vista de lo anterior, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido, en señal de protesta, el retorno inmediato a Caracas de su Embajador en Lima", señala la nota de la cancillería.

El comunicado agrega que también se suspendieron los trámites conducentes al traslado del embajador recientemente designado ante el gobierno de Perú y "el inicio de una fase de evaluación integral de sus relaciones con el gobierno de ese país".

El martes de la semana pasada, Rosales emitió un mensaje televisivo desde Lima dirigido a los venezolanos en el que calificó al mandatario bolivariano de "dictadorzuelo" y "violador de la Constitución". Al día siguiente, la Justicia venezolana solicitó su detención y la Interpol emitió un "alerta internacional" para su captura. No obstante, el abogado del opositor afirmó que la Interpol no podría intervenir luego de que presentara la solicitud de asilo político a Perú.

El alcalde, líder del partido opositor Un Nuevo Tiempo, afronta un proceso por presunto enriquecimiento ilícito durante su gobierno del estado de Zulia (2000-2004); sin embargo, considera que no existen garantías para un juicio justo en Venezuela.

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