Venezuela: proponen una ley para limitar la libertad de expresión

Busca castigar a quienes, según el gobierno, brindan información equivocada.
En un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el gobierno de Hugo Chávez y los medios de comunicación independientes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, propuso ayer a la Asamblea Nacional (Parlamento) que ponga un "límite" a la libertad de expresión, al presentar un proyecto de ley para castigar los "delitos mediáticos".

"Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión", afirmó la fiscal en una sesión especial del Congreso, dominado por partidarios de Chávez. "En el país se respeta la libertad de expresión", aclaró, pero señaló que "en el marco del derecho de los venezolanos tiene un límite, reclamo que se le ponga límite a ese derecho". Sus palabras fueron recibidas con aplausos.

Según el proyecto, quien divulgue una información considerada "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental" podrá ser castigada hasta con cuatro años de cárcel.

"Tenemos la necesidad de abordar las nuevas formas de criminalidad que surgieron ante el uso abusivo de la libertad de expresión y de información", señaló la fiscal. Y agregó que el Estado debe aplicar "sanciones penales para afrontar las nuevas formas de delito, por lo tanto, regular su actividad para dar protección a los ciudadanos, que lucen indefensos ante el poder de los medios de comunicación".

La funcionaria remarcó que "los medios no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles. No pueden generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de impunidad. Deben cumplir una función educativa". Entre los delitos tipificados se incluye "la negativa a revelar información" y la "omisión voluntaria de suministrar información", un comportamiento que puede merecer penas de entre seis meses y cuatro años de prisión. Pero esto chocaría con el derecho de protección de las fuentes periodísticas.

El borrador también propone una norma de protección a los periodistas frente a los dueños de los medios para evitar que sean obligados a "decir hechos que nos les constan o que no ocurren". Y prevé que se castigue a propietarios de medios que manipulen o tergiversen noticias y den información que incentive el odio hacia personas e instituciones por su "ideología o militancia política".

"No podemos permitir ni avalar ni hacernos cómplices de que los medios no tengan límites a la información porque eso atenta contra la seguridad nacional", insistió Ortega. "Está en juego la seguridad de la nación frente a la libertad de expresión", concluyó.

Poco después, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela lanzó un "llamado de alerta" contra el proyecto y advirtió que coloca a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por sus opiniones.

El proyecto se presenta en medio de una ofensiva legal del gobierno contra los medios independientes, que incluye la amenaza de suspensión de licencias a cientos de emisoras de radio y un proyecto de reforma de la Ley del Periodismo.

El gobierno acusa a medios privados de desarrollar el "terrorismo mediático". En los últimos meses, la artillería estuvo dirigida hacia el canal de noticias Globovisión.

Comentá la nota