Venezuela: considerarán delito de rebelión las marchas opositoras

Lo advirtió la fiscal general. Dijo que a sus autores les pueden tocar penas de 12 a 24 años de cárcel. Denunció que la oposición busca marchar con cualquier motivo para desestabilizar. Y dijo que uno de los delitos es cortar las calles.
La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, quien hace pocas semanas propuso una legislación para penar "el terrorismo mediático" contra la prensa no oficialista, cuestionó ayer el derecho a las protestas callejeras antigubernamentales y advirtió que el Estado calificará esas demostraciones de "rebelión civil" con penas de 12 a 24 años de cárcel a quienes las impulsen.

Ortega Díaz afirmó, en un comunicado, que "a quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el gobierno... vamos a solicitar su enjuiciamiento, incluso, no solo de los autores materiales'' de los hechos violentos, "sino también de los intelectuales" de las protestas. "Buscan cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar'', al gobierno, reiteró.

El comunicado resumió luego que los adversarios del presidente Hugo Chávez se exponen a la cárcel al considerar que su conducta "encaja perfectamente en el delito de rebelión civil''. Uno de esos delitos "penales" es porque las marchas bloquean el tránsito. "Se están cerrando calles, avenidas, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos, alterando la paz y la tranquilidad pública", manifestó Ortega Diaz.

El coordinador nacional del partido Primero Justicia, Julio Borges repudió las amenazas de la fiscal, defendió "a los venezolanos que diariamente, por múltiples razones, protestan en contra de las ineficientes instituciones del Estado" y prometió que esas marchas continuarán.

La advertencia de la fiscal se produjo en momentos que 11 trabajadores de la alcaldía metropolitana de Caracas, detenidos el miércoles, fueron enviados a la cárcel por un tribunal local, acusados de alterar el orden público, resistencia a la autoridad y de provocar lesiones a un agente de la policía que fue sorprendido vestido de civil, tomando fotos a los manifestantes.

Los trabajadores de la alcaldía marchaban rumbo al Tribunal Supremo en protesta por la reciente aprobación de una ley que despojó de la mayoría de sus atribuciones, dependencias y presupuesto a la alcaldía de la capital venezolana después que la ganó el opositor Antonio Ledezma.

Un tribunal local ordenó la reclusión de los trabajadores en una super poblada prisión capitalina, escenario frecuente de protestas y choques entre los reclusos.

"Son muy lamentables las amenazas de la fiscal, lo que este gobierno tiene planteado es un toque de queda no declarado", dijo Ledezma a la prensa. "Frente a esto tenemos que actuar bajo mucha determinación. Están planeando el funeral de la democracia'', acotó.

En la capital y otras ciudades del país también se han registrado protestas en rechazo a la nueva ley de educación, que sus críticos temen podría conducir al adoctrinamiento en las escuelas, y que erosiona la autonomía de las universidades. Una de esas protestas fue dispersada el pasado 22 con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma.

El ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dijo entonces que iban a solicitar una investigación en contra del opositor Oscar Pérez, uno de los organizadores de la protesta. Ayer, la policía llegó hasta la residencia del dirigente con una orden para detenerlo pero no lo hallaron en su domicilio.

El prefecto de Caracas, el opositor, Richard Blanco, y mano derecha de Ledezma, también está detenido por orden del gobierno por organizar protestas contra la ofensiva chavista en la alcaldía.

El dirigente William Ojeda, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, denunció que "se está criminalizando el ejercicio de un derecho como lo es el protestar" y que se utiliza "el sistema de justicia como un instrumento de persecución política e ideológica".

Las protestas callejeras crecieron en Venezuela en 2007 cuando la gente, incluyendo universitarios, se manifestó contra la reforma de la Constitución que le iba a otorgar la reelección permanente a Chávez. El mandatario perdió el referendo en diciembre de ese año pero luego, aunque legalmente no podía, insistió con la reforma y la consiguió. Las protestas callejeras también fueron muy encendidas a fines de 2008 cuando el gobierno no renovó la licencia del canal privado RCTV.

Comentá la nota