Así se vendió la estancia El Quebracho

Esta nota, perteneciente al sitio de temas económicos Valor Local, aporta datos sobre un tema abordado en otras oportunidades. El periodista Juan Bracco muestra cómo dos firmas debieron desembolsar una suma ínfima para quedarse con campos del Estado.

“Así se vendió la estancia El Quebracho” es el título escogido por el periodista del sitio colega. Lo que sigue es la nota de su autoría, de gran significado para entender algo más sobre este proceso, al que Cronista Digital aludió en varias oportunidades. Una historia de buenos negocios entre poder económico, poder político y medios de comunicación de Entre Ríos. Sobre la historia de buena amistad entre Busti-Etchevehere, aporta algo más el licenciado Bracco.

El campo que se paga solo

La historia de la venta de las tierras de la estancia El Quebracho, que pertenecía al frigorífico Santa Elena desde que era propiedad de capital ingleses, tiene muchos capítulos y el último aún no se ha escrito, ni puede hacerse, ya que se precisaría para eso contar con los datos finales, algo que sólo podrá obtenerse cuando termine el proceso judicial que quitará a de las tierras a quienes las intrusaron, cuando la empresa Tres Arroyos cumpla (o no) su programa de inversión y una vez que se concrete en forma definitiva el pago que los actuales propietarios deben realizar al ente público en liquidación por la transferencia de las tierras. Este es un aporte al relato general, que combina confusiones geográficas, intereses cruzados y precios bajos.

Precisamente sobre la génesis de este último punto pondremos la lupa en los párrafos que siguen. En concreto, analizaremos dos casos recientes que, en su momento, generaron algo de revuelo (sobre todo en algunos sectores de la localidad), pero que luego pasaron al olvido. Dos factores seguramente contribuyeron a que esto ocurriera: el primero tiene que ver con el hastío de información sobre determinadas cuestiones que suele atiborrar el poco espacio y tiempo que el ciudadano de a pie tiene disponible jornada tras jornada y, en segundo lugar aunque no menos relevante, el peso específico de quienes resultaron beneficiarios de las ventas: una gran compañía nacional y una empresa perteneciente a una de las familias tradicionales de Entre Ríos.

En el relato confluyen precios de transferencia de la tierra relativamente más bajos que los de mercado, condiciones ampliamente favorables para los adquirentes y particularidades como que una abogada que, a la vez, defiende al Estado y a los particulares, al tiempo que desconoce la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires que se sancionó en 1880.

Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos, sociedad anónima, comercial, agropecuaria, financiera e inmobiliaria, adquirió el 6 de abril de 2006 un total de 1.685 hectáreas de “El Quebracho”, correspondientes a dos terrenos de 1.281 y 404 hectáreas respectivamente. El acuerdo se rubricó en el acta notarial 12.197 del escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, e intervinieron en la operación los representantes de la firma comercial y los integrantes de la comisión liquidadora del Frigorífico Regional Santa Elena SA.

En la compra-venta se acordó que el valor de los inmuebles en conjunto sea de $ 3.034.395,50. Sin embargo, Tres Arroyos no se hizo con la propiedad de las tierras, que están intrusadas según denunciaron el Gobierno y la firma en la Justicia, como ya veremos, pagando este monto. La empresa pagó al momento de rubricarse el acta solamente el 10 por ciento ($ 303.439,55) y se estableció que el saldo de $ 2.730.956 se abonaría en 20 cuotas trimestrales de $ 136.547,8, con más un interés del 8 por ciento anual sobre el capital. Para el pago de la primera, se le otorgó a la compañía un año de gracia, por lo que su vencimiento obró el 10 de abril del 2007.

Entremos en detalles: el valor total de la hectárea establecido por el Gobierno, por entonces en manos del justicialista Jorge Busti, fue de $ 1.800,83 cuando ya por ese entonces el precio que se pagaba en el mercado por tierras de este tipo (merced al boom de la soja) superaba los dos mil dólares. Pero eso no es todo. Granja Tres Arroyos ni siquiera tuvo que desembolsar los mil ochocientos para quedarse con la propiedad de las tierras. Como sólo tuvo que entregar el 10 por ciento, el monto que pagó en ese momento fue de 180 pesos por hectárea. Para después, se le otorgó un plazo extendido de pago, como ya se describió.

El compromiso de la firma era que esos terrenos, sobre los cuales se tuvo que realizar un juicio de desalojo para que lo abandonen las personas que lo estaban ocupando, se iban a destinar a la cría de cerdos y a su procesamiento frigorífico, según un entendimiento que se hizo con la Secretaría de la Producción, como resultado de las tratativas iniciadas en 2005.

La puesta en marcha de esta inversión es condición obligatoria para la venta, de lo contrario la operación queda sin efecto y Granja Tres Arroyos deberá devolver las tierras, si es que no realizó al menos un 70 por ciento de lo prometido. Pero el plazo comienza a correr una vez que se desocupen los predios.

El trámite lo inició la abogada Erica Ivón Krämer, integrante de la comisión liquidadora del Santa Elena. En el expediente, la abogada Krämer representa tanto los intereses del Gobierno como de la empresa privada. Para justificar esto, la letrada citó en la presentación que hizo en octubre del 2006 una carta poder que le extendió la firma privada que, según Krämer posee “domicilio real en calle Tres Arroyos Nº 378 de Capital Federal, prov. de Buenos Aires (sic)”. Habrá que recordarle a la abogada que el Congreso nacional sancionó el 20 de septiembre de 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, la ley 1.029 que federalizó la ciudad de Buenos Aires y la declaró “capital de la República”. Durante el tratamiento de la norma, y ante la negativa del gobernador de la provincia de Buenos Aires (Carlos Tejedor) de que se declare territorio federal a la ciudad, se produjeron duros enfrentamientos entre tropas nacionales y porteñas, dejando un luctuoso saldo de tres mil muertos. El 12 de octubre de ese mismo año, Julio Argentino Roca asumía la presidencia y las autoridades nacionales se instalaron de manera definitiva en Buenos Aires. Sigamos con este otro asunto de las tierras.

Las Margaritas

En otra oportunidad, dimos cuenta del procesamiento que dictó la Justicia a dos empresarios paranaenses (Luis Félix Etchevehere y su hijo Juan Diego) por la presunta comisión del delito de usurpación de parte de la estancia “El Quebracho”, que habían adquirido a través de la firma Las Margaritas SA, y que se hallaba ocupada por un arrendatario, el productor José María Morcillo.

Dando un giro más a la cuestión, veamos cómo se realizó la operación entre Las Margaritas y el Frigorífico Santa Elena.

La historia arranca en septiembre del 2004, se extiende a lo largo de dos expedientes administrativos del Gobierno provincial (el 611.127 de la Secretaría de la Producción y el 531.991 del Ministerio de Economía) y tiene su punto más alto el 8 de junio del año pasado, cuando finalmente se firma el acta (Nº 12.199) de compra venta de los inmuebles.

Allí, la empresa de los Etchevehere adquirió tres lotes: uno de 55 hectáreas, otro de 246 y el restante de 68, lo que hace un global de 370 hectáreas, si se contabilizan también las centiáreas redondeadas para el cálculo. El monto total de la operación se estableció en $ 945.179,94. La entrega fue, al igual que en la operación de Tres Arroyos, del 10 por ciento, por lo cual Las Margaritas desembolsaron sólo $ 94.517 al contado. El saldo ($ 850.662,94) se pactó que iba a ser cancelado en 10 cuotas semestrales con un año de gracia para la primera (que debió abonarse en junio de este año) y un interés del 12 por ciento.

Así, la empresa de la familia Etchevehere compró, nominalmente, a $ 2.500 la hectárea de la estancia “El Quebracho”, aunque para hacerse con la propiedad solo tuvo que poner sobre la mesa $ 250 por hectárea. Ahora está en litigio para hacerse del control de las 117 hectáreas que tiene arrendadas Morcillo.

En el tintero

- En ambas operaciones se dispuso una garantía hipotecaria sobre las tierras transferidas por el valor del saldo de la venta y los intereses.

- Ambas actas citan que intervino el Consejo de Tasaciones en las operaciones de venta.

- Los terrenos de “El Quebracho” pertenecieron originalmente a "Establecimientos Argentinos de Bovril Limitada”, sociedad de capitales ingleses que explotó el Santa Elena desde 1903 hasta 1973. Ese año transfirió la planta y sus propiedades a la Bovril Argentina Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agrícola y Ganadera que a su vez vendió el complejo en 1977 a la firma Frigorífico Regional Santa Elena, empresa que fue estatizada en 1984 durante el primer gobierno de Sergio Montiel (1983 – 1987) y fallidamente privatizada en las postrimerías del primer mandato de Jorge Busti (1987 – 1991) en una operación en la que intervino el City Bank y el grupo Huancayo (Frigorífico Rioplatense) bajo la denominación Euromarche.

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