Los hermanos Luis Matías, Jorge Sebastián y Claudio Enzo Monsalve percibieron como afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en connivencia con su padre José y recetados por el médico Pablo Andrés Raña, el medicamento Factor VIII antihemofílico humano BERIATE y/o IMMUNATE y/o FANDHI por un total de mil unidades, un promedio de más de 50 envases por mes.

En el caso de Raña la acusación es porque la prescripción de esa cantidad de fármacos no estaría justificada.

"Los medicamentos fueron otorgados por el PAMI en forma gratuita a los hermanos Monsalve por tratarse de pacientes hemofílicos. Sin embargo, esas entregas superaron las dosis necesarias para sus tratamientos y además no contaron con la debida justificación médica, tal como era exigido por el Nivel Central del Instituto radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sostuvo el fiscal Federico Delgado.

El representante del Ministerio Público subrayó que, a través de la maniobra, se ocasionó un perjuicio al Estado por 4.983.3801 de pesos, por lo que ahora reclama que la causa vaya a juicio oral y público.

Además de recibir en demasía y sin justificación aparente la medicación, los hermanos Monsalve comercializaban los productos para hemofílicios percibiendo dinero por los mismos.

La denuncia que originó la investigación fue la que realizó el 21 de octubre de 2009 la expareja de Jorge Monsalve, Beatriz Álvarez, quien aseguró que el acusado y sus hermanos recibían en promedio unas 50 cajas mensuales: cada una de ellas tenían un valor aproximado de 1.500 pesos.

Según la denunciante, una vez que los acusados recibían la medicación la enviaban por encomienda a Neuquén, de donde son oriundos, cobraban por su venta la suma aproximada de 12.000 pesos.

No sólo recibían mediación gratuita y la vendían sino que la sospecha, y es algo que fue mencionado por la Fiscalía, es que los hermanos recurrían al Hospital Rendón de la ciudad de Neuquén para también reclamar medicación.

"Incluso, en el marco de la sustanciación de ese sumario administrativo se conocieron los amparos presentados por los hermanos Monsalve para que la obra social no burocratizara la entrega de aquellos medicamentos", remarcó Delgado.

En la investigación declaró el médico Miguel Candela, uno de los que atendió a Monsalve, y sostuvo que no había una rendición del paciente sobre las aplicaciones que se daba diariamente.

Incluso, dijo el médico que en ninguno de los tres casos se puede justificar la aplicación de 60 cajas de Factor VIII por mes.

"En cuanto a la defraudación contra la administración pública, creemos acertado su encuadre en las conductas verificadas en la causa, en tanto se corroboró el perjuicio concreto y efectivo sufrido por el Estado a partir de la entrega sobredimensionada de medicamentos para tratar la hemofilia a pacientes de la obras social del PAMI que dependen del Estado Nacional, los cuales no fueron aplicados según los fines para los que se entregaron", remarcó la Fiscalía.

Y agregó que "la actividad jurisdiccional de este expediente pudo demostrar que los imputados obtenían esos productos y luego los revendían de forma ilegal, consiguiendo un beneficio patrimonial ilícito".

En su requerimiento presentado ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, Delgado no sólo requirió el juzgamiento de los tres pacientes, el padre de ellos, y el médico que recetaba los fármacos, sino también el recupero de activos.

En ese sentido, pidió que se informe al director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados sobre el estado de la causa, "con el objetivo de que pondere la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes para recuperar esos fondos"