Vender, no volar y que el Estado pague

La acusación, formulada por el fiscal Federico Delgado ante el juez Rafecas, señala a los directivos de la principal accionista de Aerolíneas Argentinas por haber vendido pasajes a sabiendas de que no tenía flota para poder cumplir. Por Cledis Candelaresi

El fiscal Federico Delgado pidió al juez federal Daniel Rafecas que cite a prestar declaración indagatoria a los directores locales de Marsans, principal accionista de Aerolíneas Argentinas y Austral, por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La presunción está fundada en la sobreventa de pasajes que habría tenido lugar durante el primer semestre del año, cuya expresión más cabal fue julio, cuando la escasez de aeronaves no permitió cumplir con los servicios ofrecidos y facturados para las vacaciones invernales. Según argumenta la fiscalía, el deterioro de la flota es resultado de una deliberada política de desinversión en búsqueda de maximizar la renta, que obligó a la intervención del Estado para garantizar la prestación del servicio: aquí el perjuicio al erario. Si el juzgado formalizara la convocatoria y ésta deviniera en una sentencia adversa a los accionistas ibéricos, los máximos responsables de las líneas en proceso de reestatización podrían ser condenados a prisión de uno a seis años. El informe judicial se conoce oportunamente, a pocas horas de una estratégica asamblea de accionistas en la que se tendrá que resolver la capitalización de las compañías para evitar su disolución y cuando la negociación entre el Gobierno y los accionistas privados parece irremediablemente estancada. Finalmente, la presentación del fiscal roza un terreno vidrioso al dejar en evidencia la virtual responsabilidad oficial en aquellas maniobras.

El pedido de indagatoria supone que hay elementos suficientes para interpretar que hubo comisión del delito tipificado en el artículo 174 del Código Penal. El pedido de indagatoria involucra al directorio de Interinvest, la creación jurídica de los españoles (en rigor de Iberia) para poder ser socios mayoritarios de una compañía aérea, a pesar de que el Código Aeronáutico local bloqueaba esta alternativa.

Ese cuerpo directivo no se corresponde exactamente con el de Aerolíneas, pero está integrado por algunos nombres comunes como los propietarios de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, y el titular de AA, Horacio Fargosi. Una imputación dirigida a estos responsables, y ajena a los manejos objetables que tuvieron lugar con el concurso de la empresa, circunscriben la embestida a los accionistas extranjeros con los que el Gobierno intenta llegar a un acuerdo para rescatar las líneas aéreas, pero evita la quiebra formal de éstas.

“Todas estas pruebas confirman, con el grado de certeza que requiere esta etapa preliminar, que el Grupo Marsans, representado en la República Argentina por la sociedad anónima Interinvest, vendió numerosos pasajes a sabiendas de que no iba a poder cumplirlos, recaudó anticipadamente las ganancias respectivas y obligó al Estado a inyectar forzosamente fondos para paliar tales irregularidades y normalizar el tráfico aéreo”, sentencia Delgado, después de pasar revista a todas las fuentes de las que se valió para investigar de oficio la sobreventa de pasajes.

Los datos fueron aportados por periodistas abocados al seguimiento del tema y sindicalistas ligados a la actividad, quienes aportaron datos acerca de cómo las empresas comercializaron pasajes “contando con una flota operativa que no podría cumplir con las expectativas reales de venta. Así de sencillo –añade la presentación–, sencillez que en el lenguaje del Código Penal se debe traducir como defraudación”. Aquellas fuentes habrían ilustrado cómo la cantidad de aeronaves fuera de servicio superaba la mitad de la flota y cuán vital fue la inyección de fondos estatales para garantizar la operatividad.

En sentido similar declararon los propios gerentes de la compañía, quienes dieron fe de la “falta de presupuesto en mantenimiento y repuestos” por responsabilidad del concesionario. El gerente de Mantenimiento, Federico Barrientos, habría precisado ante la fiscalía cuánto menguaron los recursos para materiales o componentes aeronáuticos en el trimestre mayo-julio, lo que habría estimulado la operación de “canibalismo”: aquella por la cual partes de un avión son utilizados para arreglar otro. Su par de Sistemas completó la ilustración con el mapa de las cancelaciones.

Finalmente, el funcionario judicial se valió de la audiencia realizada el 15 de julio en el Juzgado Comercial número 15 que atiende al concurso, hasta hace días a cargo de Jorge Sícori. En esa ocasión, el gremio que nuclea a los pilotos de Aerolíneas (Apla) –con buena llegada a Transporte– dejó en claro que a esa fecha había 21 aviones en servicio, de los 56 totales, y “que la empresa ofrecía pasajes por el 100 por ciento de las aeronaves”.

No es todo. “Esto significa que los concesionarios del transporte aéreo en general han actuado conforme a un fin de lucro que es su guía y que, a la par, hubo un Estado que permitió ese comportamiento de diferentes maneras pero que, sustancialmente, ha sido cómplice de estos acontecimientos”, concluye la fiscalía. Delgado recuerda que las presuntas deficiencias en el control estatal son motivo de otras causas en trámite, entre las que menciona a la caratulada “Jaime, Ricardo y otros s/defraudación”.

“¿Qué puede saber el directorio de Interinvest sobre un tema operativo que les corresponde a los gerentes?”, protestaban ayer los ejecutivos de Marsans, irritados por la sospecha de que esta embestida judicial podría estar alentada por el Gobierno, con quien no pueden cerrar un trato para irse de Aerolíneas y Austral cobrando algo.

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