Vence el plazo para contestar dos pedidos de destitución

Una fiscala penal de Concepción debe responder ante la comisión de Juicio Político. Frías de Ruiz afronta sendos requerimientos en su contra formulados por el alto tribunal y por un colegio de abogados
Hoy vence el término para que la fiscala III de Instrucción de Concepción, Eva Frías de Ruiz, conteste el traslado que se le corrió de los pedidos que efectuaron la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados del Sur con el fin de que sea sometida a un proceso de destitución.

Una vez que Frías de Ruiz responda, la comisión de Juicio Político de la Legislatura dispondrá de 20 días hábiles (hasta el 15 de febrero) para resolver si corresponde someterla a un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento (de magistrados).

Este caso, al que se sigue con mucha atención en Concepción, reviste ciertas particularidades por dos razones. En primer lugar, porque no suele ser común que sea el alto tribunal provincial el que denuncie a un magistrado o funcionario de la Constitución. De hecho, el único antecedente que se registra sobre un pedido similar -por parte de la Corte- data de 1992 y el proceso terminó con la destitución de Silvana Sánchez Tardán, entonces jueza en Documentos y Locaciones de la VIII Nominación de la capital (ver "La Corte...").

El requerimiento de la Corte estuvo presidido por un sumario administrativo, según el cual se habrían constatado anomalías en 13 causas en las que intervino Frías de Ruiz. Asimismo, las autoridades del Colegio de Abogados del Sur hicieron referencia a 32 expedientes en los que la fiscala habría incurrido en "ignorancia inexcusable y negligencia en el ejercicio de sus funciones, e incumplimiento en forma injustificada de los deberes inherentes a su cargo", entre otras causales.

La segunda particularidad que presenta este caso consiste en que, si la comisión de Juicio Político decidiera acusar a Frías de Ruiz ante el Jurado de Enjuiciamiento, se planteará un debate sobre la integración de este órgano previsto por la Constitución reformada en 2006.

El Jury fue concebido para que funcione con ocho miembros (cinco legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, un abogado y un vocal de la Corte), pero, eventualmente, ninguno de los integrantes del alto tribunal podrá conformarlo, porque los cinco vocales firmaron la acordada por la que decidieron solicitar la destitución de la fiscala.

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