Venado Tuerto deberá cancelar una deuda millonaria con el ex BID

La deuda del municipio con el ex Banco Integrado Departamental de Venado data de hace más de 15 años.
Venado Tuerto.— El intendente de esta ciudad, José Freyre, dispuso a su equipo técnico para tratar con carácter prioritario la deuda de más de diez millones de pesos que mantiene el Ejecutivo con el ex Banco Integrado Departamental (BID). Dicha deuda fue contraída hace más de quince años y siempre fue materia de conflicto entre las autoridades comunales y las autoridades del BID, en su momento, y de la Sindicatura, desde la quiebra de la entidad cooperativa.

"Es un saneamiento de las finanzas municipales que le debemos a la generación actual y las futuras", dijo Freyre, y agregó: "Si se adoptara una conducta indiferente o pasatista sólo se agravaría el problema y se atentaría contra el rol protagónico que tiene que desempeñar la Municipalidad para el desarrollo".

Es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Rosario dictó sentencias en dos importantes juicios que la Sindicatura de la Quiebra del ex BID entabló contra la Municipalidad. Uno de ellos por la financiación de obras de pavimento y otro por un préstamo hipotecario que grava el inmueble donde actualmente funciona la Secretaría de Hacienda (Belgrano y 25 de Mayo) y que "fueron contraídos durante la gestión del ex intendente radical Ernesto De Mattía y que en conjunto comprometerían una cifra de entre 10 y 11 millones de pesos", aclaró Freyre.

Respeto a la ley.Agregó que "se respetarán los pronunciamientos judiciales y además mantendremos un diálogo abierto con el síndico de la quiebra, Juan Arnaldo Venturini. Vamos a utilizar al máximo la autorización del Concejo para pagar pasivos con bienes de dominio privado municipal. Esperamos encontrar justa comprensión en las autoridades judiciales, en la Sindicatura y en la representación de los acreedores de la ex entidad bancaria".

El mandatario detalló que se instruyó al apoderado municipal para que "propicie audiencias públicas a fin de solucionar con total transparencia los temas en cuestión, de manera tal de cerrar sin que pese sobre los contribuyentes y en las finanzas de la Municipalidad".

El fallo judicial que ordena los pagos por parte del municipio a la quiebra del banco destaca que en abril de 1992, y a partir de que el municipio declaró unilateralmente un crédito a su favor de 850 mil dólares, se sucedieron una serie de deudas que no fueron pagadas por el municipio.

A lo largo de los años se generaron instancias de deudas y recursos administrativos que el fallo anula. Este pago es parte del juicio millonario y la intrincada trama judicial que dejó la quiebra del popular banco regional.

Los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo número 2, Marcelo López Marull, Clara Rescia de De la Horra y el presidente Alejandro Andrada, resolvieron la erogación a partir de considerandos éticos y morales en cuanto a la deuda contraída y el crédito que sostuvo tener a su favor la intendencia por medio de una hipoteca y distintas acciones económicas .

Actos administrativos anteriores que disponían pagos o reconocimientos de deuda de acuerdos mutuos se consideraron viciados según el fallo, porque encubrían por parte del municipio una "finalidad ajena —no pagar lo comprometido— e inmoral".

La Cámara resolvió "anular los decretos municipales 253/98 y 204/99" y condenar a la Municipalidad a abonar el importe que corresponde a las cuotas impagas por el crédito tomado en su momento.

El importe que debe pagar la Municipalidad, convertido a dólares, se toma en razón de un peso por dólar, y agrega un 50 por ciento debido a la brecha existente entre un peso y la cotización en el mercado libre. A esto se suman intereses y costas.

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