Años de lucha llevó tanto para la fundación La Alameda como para diferentes organizaciones y movimientos sociales, que se tomara dimensión de la criminalidad de los actos que significaba la trata de personas con fines de explotación sexual. 

En 2014, Mar del Plata está viviendo algo “histórico”, el primer juicio oral y público por hechos ocurridos en la ciudad. El tribunal está integrado por los jueces Nestor Ruben Parra, Eduardo Pablo Jiménez y Roberto Atilio Falcone. El fiscal es Juan Manuel Pettigiani. La causa “Dulcinea” n° 17.032 inició en marzo del 2010 cuando la víctima logró fugarse del prostíbulo y denunció engaño, servidumbre y amenazas. Tiempo después, la declaración de otra víctima de identidad reservada acompañada a la justicia federal por la Fundación Alameda logró impulsar la causa y una serie de allanamientos derivaron en 9 procesamientos. 

En diálogo con Tres Líneas, una de las integrantes de La Alameda regional Mar del Plata, Silvina Elias detalló aspectos del juicio y del proceso en general. “Ayer declararon Jorge Sanchez (dueño del lugar) y Eugenio Reinaldo Iacobone (facilitaba papeleo de migraciones)”. 

También, la integrante de la fundación, aclaró: “Vemos peligroso la posibilidad de que el tribunal le pueda dar crédito a los testimonios de las victimas que defienden a los imputados. Espero que entiendan que son víctimas y están amenzadas, ya que no tienen  otra alternativa. Acá hay una falta de asistencia del Estado”. 

Consultada sobre esa “ausencia” que señala Elias, por parte de los estamentos gubernamentales, explicó: “Faltan garantías, hay un problema de presupuesto. Esto pasa porque no está reglamentada la Ley de Trata, para que haya presupuesto y contemplar estas situaciones”. 

• Los involucrados

De acuerdo a lo que informa la fundación los autores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual que serán juzgados son: Jorge Daniel Sánchez, su mujer Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sánchez, encargados del manejo del negocio, tanto en la captación de las víctimas como en el traslado, la recepción y su ulterior reducción a servidumbre.

También, como autor primario el policía Claudio Marcelo Campo, de la Dirección de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, quien se encuentra con prisión preventiva.

Como partícipes secundarios del delito de trata y violación a la Ley de Migraciones, a Eugenio Iacovone, Roberto Montecchia y Rubén Mormando se les imputa haber ocupado diversos roles en la red de trata, como requiriente, apoderado y gestor de las víctimas, respectivamente, para realizar trámites migratorios irregulares, extrayéndoles dinero y abusando de su situación de vulnerabilidad. Cabe mencionar, que durante la investigación fue removido de su cargo el titular de la Delegación Regional de Migraciones, el fallecido Fernando Scarpatti e intervenida la dependencia luego de haber sido allanada por la justicia para secuestrar documentación pertinente. Por otra parte, el abogado Roberto Montechia ya había sido señalado por la Fundación Alameda en un escrache público en su domicilio particular por desempeñar el mismo rol en la red de trata del prostíbulo “La Posada”. Además, como participes secundarios se les imputa a Carmela Concepción Colas y Angel Hernandez Cabral de encargarse en el prostíbulo de la barra y la seguridad respectivamente.