Se veía venir: nadie pagará las deudas al ex BPRN

El STJ entendió que ya no se puede exigir el pago. Hay 1.200 casos que podrían seguir el mismo camino.
La Justicia invalidó a la provincia de Río Negro en el cobro de un crédito del ex Banco Provincia de Río Negro por el paso del tiempo. Después de un plazo de 10 años, el criterio de prescripción fue aplicado por el Superior Tribunal de Justicia en un préstamo del ex BPRN, ahora reclamado por el Estado provincial.

Esta demanda prescribió y abre la posibilidad de caducidad de los otros reclamos de créditos del ex BPRN. En ámbitos tribunalicios, los juicios por préstamos superan los 1.200 casos y, además, otros miles permanecen en trámite en la Comisión de Transacciones.

El análisis judicial es que los créditos fueron otorgados en 1993, la primera cuota operó en 1994 y la demanda se formalizó en el 2004. La operatoria y los plazos fueron trámites generales en los préstamos del ex BPRN.

Hace tres años, el STJ resolvió favorablemente que el Estado provincial tenía legitimidad para reclamar por las deudas no abonadas al ex BPRN.

Ese conflicto jurídico se originó cuando los deudores cuestionaron las cesiones de los derechos de los créditos. En el nuevo fallo, el tribunal ratificó esta legitimidad pero incorporó el principio de prescripción porque los plazos superaron los 10 años.

La demanda original fue de 230.549 pesos, aunque en la tramitación después se recalculó en 81.897 pesos. El juez en primera instancia condenó al deudor a ese pago en favor de la provincia pero, después, la Cámara en lo Civil revocó esa sentencia por "falta de legitimación activa y prescripción". Rechazó que el Estado cobre esa deuda.

El voto inicial del STJ correspondió a Alberto Balladini, que reafirmó la "legitimación activa" de la provincia en el reclamo crediticio, recordando el expediente "Lupiano" de mayo de 2006. Se entiende que la provincia tiene "la legitimación activa para promover la presente demanda por cobro", aunque "la documental no ha sido todo lo completa y prolija". Enumera los trámites y afirma que "resulta claro y obvio que todos los activos y pasivos remanentes de la liquidación quedaron en cabeza del Estado Provincial". Así, el STJ revoca la falta de legitimidad dispuesta por la Cámara y luego se detiene en que el "crédito reclamado se encontraría prescripto". La provincia argumentó que una carta documento habría suspendido los plazos de prescripción.

Se entiende que el Estado no aporta "argumento ni crítica puntual válida" para refutar el fundamento central, que "la intimación fue efectuada en un domicilio que no es ni el constituido en la documental crediticia, ni el consignado por la propia actora en la demanda". El argumento y voto de Balladini fue respaldado por Víctor Sodero Nievas, mientras que Luis Lutz se abstuvo.

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