Dos veces juez

La Cámara de Casación hizo lugar a una recusación contra los integrantes de Tribunal Oral Federal, sospechado de parcialidad en un juicio. Es bastante posible que permanezca, detrás de la discusión, una de las eternas rencillas del Poder Judicial: una verdadera injusticia para los que aún esperan justicia.
El defensor oficial Diego Lucas Fernández en verdad no estaba conforme con que su cliente, Pedro Pablo Mansilla, dependiera de un fallo del TOF, integrado por Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela. Y no lo estaba porque tenía sus fundadas sospechas de parcialidad, debido a que el mismo tribunal ya había entrevistado al padre de la víctima en el marco del Juicio por la Verdad. Se trata de Carlos Orlando Labolita, padre de Carlos Labolita, quien resulta ser la víctima en este juicio penal.

Resulta que en el marco de la causa número 890, “Colegio de Abogados de Mar del Plata y otros sobre denuncia de desaparición de personas”, conocido como Juicios por la Verdad, los mismos jueces habían recibido declaración testimonial del citado en la ciudad de Las Flores, el 25 de septiembre de 2006. La decisión de trasladarse hacia ese lugar y realizar tales acciones había sorprendido en ese momento, pero muchos consideraron que sería una más de las curiosidades que rodeaban a un procedimiento ya minado de irregularidades varias que se rigen por el capricho de un manojo de funcionarios.

Pero la cuestión es que ahora, al mismo tribunal le toca dirimir en una causa por crímenes de lesa humanidad contra el mencionado Mansilla, y es su defensor el que no cree que estos magistrados, contaminados ya por los centenares de declaraciones que han recogido sobre el tema, sean exactamente los más indicados para dictar sentencia.

Dos de los integrantes de la Cámara, Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo, estuvieron de acuerdo en que, si bien la actividad del TOF en tales juicios no tuvo una finalidad punitiva, y por lo tanto ellos no emitieron opinión, “ejercieron actividades y funciones judiciales de dirección y control de la investigación e instrucción – delineadas por las reglas del CPPN- tendientes a reconstruir los hechos y alcanzar la verdad”. Estas acciones se materializaron en la testimonial de Labolita, lo cual razonablemente -para ellos- puede generar un temor a la parcialidad. Las llamadas Reglas de Mallorca dicen: “no podrá formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa”.

El juez debe ser en todos los casos imparcial, con independencia de lo que él piense en su fuero interno. Dicen los camaristas: “si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento para preservar la confianza de los ciudadanos – y sobre todo del imputado- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático”.

Por lo tanto para ellos correspondía hacer lugar al recurso de casación de la defensa y separar a los miembros titulares del Tribunal Oral Federal, Parra Falcone y Portela, para intervenir en el juicio oral respecto de la presente causa.

Por alguna razón el juez Gustavo Hornos no coincidió con ellos, y argumentó por su parte que no alcanzaba con que los jueces en cuestión hubieran actuado antes en el caso, sino que había que ver cómo habían actuado. Y que en este caso había que considerar que los Juicios por la Verdad no eran en rigor siquiera procesos judiciales, menos aun causas penales en un sentido estricto, pues no tienen por objeto un conflicto o caso controvertido entre partes que deba ser resuelto por el Poder Judicial, según los hechos probados y la ley aplicable. No se juzga a nada ni a nadie. Se trata más bien de una labor historiográfica de obtención y recopilación de información, que fuera atribuida a las Cámaras Federales de Apelación por el sistema interamericano de contralor del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En tal sentido, y en franca minoría, el juez Hornos opinó que por la particularidad de los Juicios por la Verdad, orientados hacia una función de franco humanitarismo, no alcanzaría para sostener esas sospechas de imparcialidad.

Nido de buitres

Pero, ¿adónde van los jueces del TOF? Por supuesto que los comentarios del ámbito tribunalicio van más allá de las formalidades citadas.

Se dice por allí que los jueces se fueron hacia la zona de Azul y Olavarría, donde el caso Labolita es paradigmático, porque no hay demasiados detenidos desaparecidos en Las Flores, siguiendo en realidad el rastro de la antigua gestión judicial que tuviera en aquellas ciudades el hoy magistrado Jorge Ferro, enfrentado por rencillas internas con el juez Falcone.

A nadie sorprendería si comprobáramos que, en efecto, más que esclarecer las condiciones en que Carlos Labolita fue detenido y desaparecido, y quién fue el responsable de los hechos, los funcionarios encuentran excusa en cualquier parte de la provincia para enfrentarse en cuestiones que siempre tienen el mismo principio y final del ovillo: el reparto del poder.

Se dice que el problema entre ambos jueces es en realidad la guerra de pasillos entre el Tribunal Oral Federal y la Cámara Federal, y que data de la época en que reinaba detrás de la barra el fiscal Marcelo García Berro, aquel que debió ser trasladado de urgencia donde le soplaran mejor vientos después de que un identikit lo pusiera en boca de los testigos de las muertes de prostitutas, y encima su coche fuera reconocido como habitué del lugar. Desde entonces viene la bronca.

Pero la parte más interesante es que justamente el juez Hornos, que votó en disidencia, es -según se dice- dueño de una relación personal con Falcone. Y como si fuera poco, el juez González Palazzo es amigo de Jorge Ferro. ¿Qué más? Hay más.

Asegura una confiable fuente de nivel nacional que el juez Jorge Ferro, harto ya de la persecución que dice encabeza en su contra el juez Falcone, que no hace más que ponerle palos en la rueda, se entrevistó con la diputada Diana Conti. Y que se ofreció para destruir el terceto integrado por el juez Alejandro Tazza, el abogado Gustavo Demarchi y el periodista José Luis Jacobo, director de este medio, como prenda de canje para lograr ser dejado en paz. Lo cual no puede ser cierto.

Bajo fuego

Sí es verdad, en cambio, es que éste no parece ser el año de Falcone, sobre todo cuando no sólo es apartado de la causa Labolita, sino que además enfrenta la denuncia formal que elevara Adrián Freijo ante al Consejo de la Magistratura, acusándolo de mal desempeño por haberse desbocado en una nota del diario El Atlántico del 28 de mayo de 2008 (las precisiones constan en la entrevista al denunciante, que publica este medio en su página 20 en la presente edición).

No parece que vaya a ser un año fácil, ni para él ni para Ferro. Porque según dicen las paredes, lejos de funcionarle el sistema de canje, los miembros del Poder Legislativo no hicieron más que escandalizarse por la malicia de la propuesta, y salieron a repartir el chisme a quien quisiera oír.

Y los diarios hablando del decoro de los jueces. Y las páginas en blanco con membrete del Poder Judicial hablando de la necesidad de imparcialidad efectiva de los magistrados. Y una institucionalidad que se cae a pedazos, si son los mismos jueces los que bajaron los ojos cuando se estuvo a punto de quemar toda la cocaína de una caja de seguridad judicial para tapar un faltante millonario.

Cómo harán ahora para recuperar el respeto público que se viene quebrando desde los noventa, y ya es una crisis total de representatividad que hace pivote en los tribunales para extenderse a todo puesto público. Cómo van a hacer, si la acción que cometen es tan vergonzante como la anterior. Dios nos salve de nuestros propios jueces.

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