Varias tareas pendientes en la gestión de la Anses

Publicar información y disponer sobre los aportes voluntarios, entre las asignaturas
El nuevo ministro de Economía, Amado Boudou, dejó varias asignaturas pendientes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en la que ejerció la dirección ejecutiva -ahora a cargo del economista Diego Bossio- hasta el miércoles. Están entre las tareas por hacer:

*Convocar y poner en funcionamiento al Consejo del Fondo de Garantía del sistema jubilatorio, que deben integrar representantes de entidades empresariales, sociales y sindicales. Ese fondo está invertido en activos que valían unos $ 102.000 millones al 30 de abril, según el único informe que difundió la Anses en casi dos años. La creación de ese órgano de control surge del decreto 897 de agosto de 2007, cuando la caja ya contaba con recursos derivados del superávit mensual del organismo y del traspaso de los ahorros de algunas cuentas del régimen de capitalización. La regulación sobre el funcionamiento del Consejo se modificó a fines del año pasado, junto con el traspaso de todo lo acumulado en las AFJP.

La norma incluyó aspectos controvertidos, como el hecho de que los integrantes debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo. También se dispuso que el Consejo brindara "a la sociedad información" sobre el fondo, que debería ser recabada semestralmente. Pero a siete meses de vigor de la norma, el Consejo no se integró y la información es escasa.

*Publicar el Informe General de Gestión del Fondo. Según lo dispuesto por el Gobierno, esa obligación de la Anses es anual. La frecuencia resulta insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que, para poder controlar en su momento al sistema de capitalización, el Estado había puesto en marcha un mecanismo de monitoreo diario de las operaciones financieras, y de difusión de informes quincenales con el detalle de la composición del fondo previsional. Pese a la existencia de los instrumentos y a las promesas de transparencia y de control, la publicación de datos se eliminó al estatizarse los recursos.

*Definir una estrategia frente al fuerte incremento de la litigiosidad contra el organismo. Para los próximos días, estaba previsto un nuevo acuerdo con la Corte Suprema para avanzar en la informatización de los trámites, que tardan entre cinco y seis años en la Justicia (sin contar la espera del pago de la sentencia por parte de la Anses). Pero el problema de fondo no se resolvería con esa medida: es que la cantidad de nuevas demandas no deja de crecer, y la principal causa es que la Corte ya declaró que desde 2002 debió aplicarse una movilidad a todas las jubilaciones y pensiones, y no aumentarse sólo el haber mínimo como ocurrió durante los primeros años de inflación. La política oficial provocó una gran pérdida de poder adquisitivo para muchos; en lo que va de este año ingresaron 50.000 litigios.

Publicidad de los cálculos

*Respecto de la ley de movilidad en vigor desde este año, resta la publicación de las variables usadas para el cálculo de los aumentos, para transparentar cómo se asignan las alzas.

*El envío del Informe Previsional de Aportes (IPA) a los trabajadores. Una resolución dictada por la Anses en enero último fijó que cuatrimestralmente se mandaría una carta a todos los afiliados para informar el ingreso de los aportes de los meses previos. El primer envío, con datos de todo 2008 y del primer trimestre de 2009, iba a ser enviado en mayo último, pero eso no ocurrió.

*Definir qué pasará con los aportes voluntarios hechos por varios ex afiliados a las AFJP, un régimen que habilitaba ese mecanismo de contribuciones en exceso de la obligación legal. La ley 26.425 indica que esos recursos serán gestionados por la Anses o por una administradora para mejorar el ingreso jubilatorio del aportante. Aún no se reglamentó el derecho a esa opción -en la práctica inexistente, porque no hay más AFJP- ni se dispuso cómo la Anses aplicará esos fondos a los haberes cuando los interesados se jubilen (algo que podría estar ocurriendo ahora).

Tampoco está claro cuántos son los recursos que se reconocerán como aportes voluntarios: esos pagos estaban exentos de comisiones y las administradoras ponían bajo ese ítem montos provenientes de aportes que, por algún motivo, tampoco estaban alcanzados por el cargo, pero que eran obligatorios.

La Anses pidió informes a quienes gestionaban las AFJP; varias clarificaron la situación, aunque algunas, aún no.

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