Más vale tarde que nunca: se aprobó la tarifaria

El Parlamento aprobó por mayoría la modificación a la ley tarifaria que incrementa la presión impositiva sobre la pesca de altura, la actividad petrolera, la industria electrónica y plástica.
La demorada norma, según las estimaciones gubernamentales, mejorará la recaudación fiscal en unos 120 millones de pesos al año. Para el radicalismo, único bloque que se opuso, esos recursos rondarán los 60 millones. La norma tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2011. También se aprobaron las leyes para gestionar asistencia financiera ante Nación y para contraer un empréstito de 50 millones ante el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.

El Parlamento aprobó finalmente ayer por mayoría una modificación a la ley tarifaria vigente, que, según las estimaciones oficiales, permitirá incrementar en unos 12 millones de pesos al mes los ingresos por recaudación tributaria. También resultó aprobado un nuevo nomenclador de actividades comerciales, industriales y productivas, compatible con el que rige en Nación, lo que facilitará el manejo de información a la Dirección de Rentas.

En tanto, por unanimidad, se dio el visto bueno al proyecto de ley que autorizó al Ejecutivo a gestionar ante el Gobierno Nacional convenios de asistencia financiera o refinanciación de deudas por hasta 100 millones de pesos. Otro tanto ocurrió con aquel por el cual se aprobó el acuerdo con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional para contraer un empréstito de hasta 50 millones de pesos para financiar obras municipales, a modo de pago de deudas por coparticipación.

El único parlamentario que no participó de la sesión fue Luís Velásquez, del Movimiento Obrero, quien debió abandonar el recinto legislativo para trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires, ya que junto al titular de la CGT –Hugo Moyano– tiene previsto mantener un encuentro en Presidencia de la Nación.

La PPI

La denominada "tarifaria PPI" (Pesca, Petróleo e Industria) viene a reestablecer, de alguna manera, la "tarifaria corta" que estuvo vigente hasta abril pasado, ya que incrementa la tasas por verificación de procesos productivos para la pesca de altura y para la industria electrónica y del plástico.

Otro tanto ocurre con las certificaciones de origen para la producción de hidrocarburos, sobre la que además se dispuso una alícuota adicional por el plazo improrrogable de 6 meses.

En materia de tasa cero, se mantuvo vigente este beneficio a las empresas dedicadas a la fabricación de hilados y tejidos, productos textiles y prendas de vestir (incluidas las confeccionadas con cuero) y calzado, marroquinería y talabartería, pero atado a que mantengan o incrementen la nómina de personal con la que contaban al 1 de marzo de 2009". Este beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2010, pudiendo ser prorrogado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial previo análisis de la situación económica del sector beneficiario.

También se verán alcanzadas por el beneficio de Tasa Cero las actividades de construcción desarrolladas por empresas constructoras, inscriptas como tales en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción o en los organismos provinciales y municipales que correspondan, que den "estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral". Están excluidas de esta posibilidad "las locaciones de obras o de servicios vinculados a la actividad hidrocarburífera y sus servicios complementarios, las que tributarán con la alícuota del 3,5%.

En tanto, por impulso de los bloques de la oposición se excluyó del proyecto original al Impuesto Inmobiliario Rural, para que la redefinición de la base imponible de esos inmuebles sea abordado de manera específica por la Legislatura en lugar de delegar esa facultad en el Ejecutivo.

La norma contó con la solitaria oposición del radical Gabriel Pluis, quien fundó su negativa en no haber participado en el acuerdo oficialismo y oposición que habilitó la sanción del proyecto. Pluis consideró también inadecuado que la gestión Ríos pretenda aumentar la presión tributaria interna, pero nada haga para reclamarle a Nación los cerca de 500 millones que le adeuda a la Provincia por la incorrecta aplicación de la ley de coparticipación federal y la del "cheque". Además sostuvo que con esta ley no se resolverá el problema de fondo; el déficit mensual que acumulan las cuentas públicas, ya que la mejora de recaudación que permitirá, según sus estimaciones, rondará los 63 millones de pesos al año. Es decir. Un 50% menos que la proyección oficial. Apuntó también que el proyecto atenta contra la seguridad jurídica, lo que podría poner en riesgo futuras inversiones en la provincia.

El titular de la bancada del ARI, Fabio Marinello, reconoció que únicamente con esta ley "no se van a resolver los temas de fondo" pero, con lógica cartesiana, apuntó que "va a ayudar a encauzar" la actual situación financiera. Defendió que con este aumento en la recaudación se evita que el Ejecutivo deba adoptar medidas de ajuste ortodoxas que pasen por la reducción de salarios o despido de personal.

Lamentó que la sanción de esta ley se haya demorado, ya que apuntó que a lo lardo de estos meses de indefinición "se han perdido muchos millones de pesos". Su par de bancada, Verónica de María, le puso números concretos a los dichos de Marinello. Aseguró que desde la caída de la "tarifaria corta" se perdieron de recaudar unos 60 millones de pesos. La legisladora oficialista cuestionó, además, la postura del radical Pluis. Negó que la nueva tarifaria afecte la seguridad jurídica, y planteó la necesidad de avanzar en la construcción de lo que denominó "ciudadanía fiscal", para lograr un régimen basado en la real capacidad contributiva de cada sector, tomando en cuanta la naturaleza de cada actividad y su impacto social.

Ricardo Wilder, presidente de la bancada del Frente para la Victoria, tras adelantar el acompañamiento a la ley, criticó al Ejecutivo por no haber aplicado medidas de contención del gasto que acompañaran a la "tarifaria corta" en el esfuerzo de equilibrar las cuentas públicas, y que en lugar de ello haya elegido el camino de seguir aumentando el déficit que, dijo, actualmente ronda los 55 millones de pesos mensuales.

Wilder abogó para que el Gobierno adopte una "acción concreta en la contención del gasto", aclarando que "cuando hablamos de ello no nos referimos ni a bajar salarios, ni a producir despidos".

Asistencia financiera y empréstito del Fondo Fiduciaro: todos a favor

Mucho más rápido resultó el trámite de aprobación de los proyectos de ley que habilitaron al Ejecutivo a acodar con el Estado Nacional convenios de asistencia financiera o de refinanciación de deudas hasta la suma de 100 millones de pesos, lo que le evitará a la Provincia tener que cancelar antes de fin de año los anticipos de coparticipación por 105 millones de pesos recibidos durante 2009.

A pedido de la bancada del MPF se agregó un artículo que exige que cada uno de los convenios sellados con el Gobierno Nacional deba contar con ratificación legislativa.

Desde el Frente para la Victoria, Ricardo Wilder aprovechó para facturarle al ARI que cuando era oposición se negaba a que la Provincia gestionara este tipo auxilios financieros. Destacó además que la posibilidad de acceder a estas asistencias constituían una ayuda política del Gobierno nacional a la gestión Ríos, ya que la Provincia no cumple con las exigencias planteadas en la ley de responsabilidad fiscal.

Como último asunto, la Cámara dio el visto bueno para que el Ejecutivo pueda concretar la obtención de un empréstito de 50 millones de pesos ante el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional.

Estos recursos serán destinados mayoritariamente a financiar obras de infraestructura municipal, lo que permitirá al Gobierno regularizar la deuda histórica por coparticipación a las municipalidades. En tanto, se fijó que se destinarán hasta 12 millones de pesos para obras que desarrolle Vialidad Provincial.

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